Quizás no podía ser de otra manera. César Duarte, al tomar posesión de uno de los cargos más comprometedores de la política contemporánea, el gobierno de Chihuahua (de la elección a esta fecha dos parientes cercanos suyos han sido asesinados), hizo algo más allá de una promesa de entrega y eficacia: hizo una pregunta.
—¿Como vamos a recuperar la paz en Chihuahua?
“Propongo que juntos construyamos un gran pacto social. Un pacto que fortalezca la seguridad y la prosperidad de todos. Un pacto que se materialice en el programa ‘Chihuahua Vive’”
Sin embargo este pacto vendría a ser el segundo de esta naturaleza en la tierra norteña tan castigada por la violencia y el crimen organizado hasta el punto de hacerlas aparecer como circunstancias endémicas. Ya hubo antes un aparente acuerdo de esta naturaleza para Ciudad Juárez.
Lo propuso el presidente Felipe Calderón, quien anunció aquello de “Todos somos Juárez” con un resultado francamente desalentador. Lo único generalizado y totalizador en Juárez es el crimen cotidiano.
Sin embargo, Duarte llega con la flor del optimismo en la solapa.
“Un programa para vencer a los verdaderos enemigos de Chihuahua: el crimen, la impunidad, la pobreza, la desigualdad, marginación indígena, la corrupción.
“Para ello le pido señor secretario de Gobernación —escribió Duarte—, en su calidad de representante personal del Presidente de la República, le pido que sea el conducto para llevarle un mensaje y una petición.
“El mensaje es que Chihuahua en la lucha contra el narcotráfico lo respalda para ganar juntos esta batalla. Exprésele que mi gobierno le ofrece tres compromisos fundamentales”.
Orden institucional con la nueva fiscalía y la policía única; voluntad política para la coordinación entre los poderes públicos y el compromiso de una agenda común para evaluar resultados en los primeros cien días.
Y si el mensaje resulta impecable, el mensajero no será Francisco Blake por una sencilla razón: no fue a la toma de posesión. En su lugar Luis Felipe Bravo Mena le comunicó a Abelardo Escobar, ignoto secretario de la Reforma Agraria y oriundo —eso sí—de Ciudad Juárez, donde su familia fundo una escuela de agricultura.
Pero casualmente este no es un problema agrícola ni agrario. El problema de Chihuahua, al menos si se analiza bajo la óptica del nuevo gobernador, es de seguridad y de política. Y de eso no sabe el secretario de la Reforma Agraria (y si sabe no le compete).
Quizá quien podría saber de estos arreglos federales sería el secretario de Gobernación, pero no llegó a la cita, como sí en cambio ha ido a las de otros gobernadores entrantes. Zacatecas, por ejemplo.
Por eso, las palabras de Duarte sonaron huecas en el ámbito de la representación presidencial. Su asistencia fue para muchos, un desdén. Y de serlo así sería tan grave como el diagnóstico mismo del problema mayor.
“Tenemos (para el trabajo coordinado con la Federación) una tarea compartida en el propósito de lograr cero impunidad, cero corrupción, cero contrabando, cero tráfico ilegal de armas y cero circulación ilegal de vehículos en Chihuahua.
“La falta de coordinación favorece a quienes hoy nos amenazan”.
En este sentido ya resulta ahora, a estas alturas, decir algo nuevo de la situación de gravedad extrema de la inseguridad en Chihuahua. Pero estas pocas líneas no descubren nada, sino ayudan a fijar buna postura política:
“El crimen y la violencia en México —dice Duarte—, y Chihuahua han convertido la esperanza en incertidumbre y la tranquilidad en miedo. La gente se siente indefensa. Vive en el desamparo ante una autoridad que ha sido incapaz de protegerla. A pesar de la gravedad de los acontecimientos, no podemos permitir que la gente tome la justicia en sus propias manos. Es un síntoma de desesperación y de las evidentes fallas del sistema de justicia”.
Pero más allá del diagnóstico global de los problemas, Duarte mencionó algo sumamente importante. Quizá eso explique la distancia con el gobierno federal:
“La suerte de la patria se juega en Ciudad Juárez”.
Eso significa el reconocimiento (o la denuncia, según se quiera ver) del fracaso del programa federal de la totalidad nacional en torno de Juárez.
Por lo pronto, Duarte dijo: “instruyo al secretario de Hacienda de mi gobierno (Christian Rodallegas Hinojos) para que constituya el fondo de cien millones de pesos para la atención de los niños hijos de las víctimas del narcotráfico en Ciudad Juárez con la indicación precisa de que antes de 30 días deben quedar establecidas las reglas para su aplicación.”
DURANGO
Furioso por la aprobación del Congreso del estado, cuya legislación prohíbe ahora la reelección del rector de la Universidad Juárez del Estado de Durango, el ex candidato del PAN-PRD al gobierno estatal , José Rosas Aispuro mandó al “diablo las instituciones” y desconoció los cambios constitucionales, a los artículos 25 y 28 de la Ley Orgánica de la Universidad Juárez del Estado de Durango.
Pero la molestia de Rosas Aispuro proviene del cierre de su fuente de suministros, ya no podrá obtener recursos como lo venía haciendo. Patricia Herrera Gutiérrez, como rectora interina de la UJED, le ha cerrado el oroducto.
El trasfondo político, dicen los que saben, es que la nueva rectora anunció una auditoría a las arcas de la UJED, la cual sacaría a flote el desvío de recursos que estaban destinados a fines educativos y que de manera irresponsable se desviaron a la campaña del ex priista y ahora panista-perredista, José Rosas Aispuro. El Universidad-Gate como ya empieza a ser conocido, podría llevar a la cárcel a ex funcionarios de la rectoría y a quienes hubiesen recibido esos recursos públicos estatales y federales.