Experto como es en la siembre del caos, la confusión y la polémica, el señor presidente ha puesto en marcha todos los mecanismos a su disposición, incluyendo las decisiones transexenales (cuyo ejercicio practicará a través de la dócil heredera, la doctora Claudia S.), la intención de seleccionar jueces y principalmente ministros (as) de la Suprema Corte, a través del voto universal directo y secreto, como si se tratara de altos burócratas, senadores o diputados.
Democracia, ha dicho.
Ese es un pretexto pueril para esconder la intención de controlar todos los poderes en una santísima Trinidad morena. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero, porque él es padre (Ejecutivo), hijo (Legislativo) y Espíritu Santo (Judicial).
La verdadera intención queda oculta (y muy mal disimulada): imponer en la SCJN personas afines (como él mismo ha hecho y confesado; aunque luego se le vuelvan rezongones (as), retobones (as) y traidores (as), para evitar la demolición de sus iniciativas, como ya ha sucedido cuando la Corte se convirtió en un valladar de los caprichos controladores del Ejecutivo.
La finalidad: suprimir casos de inconstitucionalidad o controversias por el espíritu constitucional, que contraríen la voluntad totalizadora. De preferencia no saber ni siquiera de la mentada constitución cuyo texto sufre violaciones consecutivas a mañana, tarde y noche.
Como ejemplo de estas actitudes despectivas en cuanto a la autonomía y soberanía judiciales, hay un caso muy cercano: un juez determina la devolución de una propiedad de Emilio Lozoya porque la ley de extinción de dominio fue publicada años después de cuando esos bienes fueron adquiridos. La Fiscalía jurídica (cuya autonomía es mentira) lo incumple con un pretexto. No estamos de con ese criterio. Ahora resulta.
“…Ana Lilia Osorno Arroyo, titular del juzgado segundo de distrito en materia de extinción de dominio, determinó que Lozoya Austin compró la propiedad en 2012 por 38 millones 175 mil pesos, cuando la extinción de dominio no se aplicaba en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que no se puede aplicar la ley de manera retroactiva…”
La respuesta morenista fue:
“#FGR Informa. El inmueble que Emilio “L”, adquirió ilegalmente con fondos provenientes de lavado de dinero, sigue asegurado y no será devuelto. El criterio de la Jueza Federal Ana Lilia Osorno Arroyo es inaceptable, al negar aplicación obligatoria de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y alegar retroactividad contraria a la misma”. Faltó decir, y háganle como quieran…
Si esa jueza hubiera llegado al cargo mediante una elección directa, posiblemente –extendamos la hipótesis— podría habría surgido de las filas de Morena, como sucede con cualquiera de las tres activistas propuestas por el señor presidente al senado y cuya idoneidad fue confirmada por una comisión senatorial presidida, casualmente por la ex secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
En el caso de los ministros de la Corte no hay elección directa pero sí democrática, porque los nombra el Senado (sus integrantes provienen del voto) a propuesta del Ejecutivo (también), lo cual inscribe esas designaciones en un sistema democrático general. Excepto si el presidente no pudiera considerar democráticos sus treinta millones de votos y sus siete oportunidades (dos ternas y una designación si aquellas no avanzaran), para enviar a la Corte a alguien por él seleccionado, aunque después lamentara con cierta amargura cómo por cumplir con la constitución se transformaron en “conservas” traicionando así las obligaciones de sumisión eterna como pago del “dedazo”.
Entonces, ¿cuándo él propuso a Loreta, Yasmín y compañía actuó en contra de la democracia y no se dio cuenta de ello sino hasta sentirse víctima de la traición por los votos en contra?
De ser así tardó mucho tiempo en darse cuenta de la maldad antidemocrática de un procedimiento cuya práctica le fue conveniente cuando le convino, como diría López Gatell.
“X”
La cuenta de Vicente Fox en “X” fue cerrada. Ahora sólo falta el zipper para este lenguaraz.
