A estas alturas ya nadie tiene dudas sobre cuál fue la principal de las razones por las cuales el electorado destruyó la posibilidad del Partido Acción Nacional como una opción política durable en este país: evidentemente la inseguridad, la violencia asociada con ella; la impunidad y los otros componentes del fenómeno de grave zozobra nacional.
Si lo anterior se acepta como una premisa básica, entonces también se debe aceptar esto otro: la sobrevivencia política del proyecto del presidente Peña Nieto y la perdurabilidad del Partido Revolucionario Institucional como una opción política durable (para usar las mismas palabras), dependerá de hasta dónde se capaz el gobierno de restablecer la armonía nacional.
Si acertamos en una afirmación adicional: a iguales factores iguales resultados o a idénticos comportamientos idénticas consecuencias, entenderemos la conveniencia del anuncio hecho hace muy poco tiempo sobre la nueva estrategia de combate al delito en pos de la seguridad social.
Quizá todo quede inscrito y descrito en una frase del Presidente Peña: las armas no son suficientes. Y eso es verdad hasta para los delincuentes. Las armas no son todo. Necesitan de algo más importante: la complicidad y la impunidad.
El problema de cualquier estrategia en México radica en la visión de telescopio; es decir, mirar un sólo problema muy de cerca (la delincuencia organizada, por ejemplo) pero no ver el entorno de ese problema.
Si bien las fuerzas organizadas de la delincuencia son la peor amenaza para el Estado, hasta convertir los problemas de seguridad pública en cuestiones de seguridad nacional, no son menos graves los delitos “de abajo”, por así llamarlos. No importa si se disfrazan de “movimientos sociales” o de protestas legítimas.
Tanto daño le hace al aparato nacional de seguridad y justicia entablar negociaciones con pirómanos impunes y asaltantes embozados como los del CCH o Ayutla de los Libres, como –por otra parte–, esperar cruzados de brazos el siguiente golpe de grupos en disputa por plazas y “derechos de piso y de paso”.
Ningún cambio de estrategia servirá (excepto como oratoria) si no hay un cambio de resultados (en un principio modificación completa de la percepción general). Y no es por el camino de la tolerancia y la selección de delitos “buenos” y delitos “malos” como se van a lograr las cosas. Para acabar con el delito primero se debe acabar con la impunidad.
A fin de cuentas los delitos son comportamientos antisociales previstos en papeles llamados leyes. Y a la comisión de cada uno de ellos le corresponde una pena. Si esta desaparece (o no se aplica por conveniencias políticas) , entonces lo demás se convierte en un papel mojado, a veces con sangre. Y eso hemos venido haciendo hace mucho tiempo en este país.
Por otra parte en el anuncio presidencial de una integralidad de las acciones en favor de la seguridad destaca la concurrencia de instituciones mezcladas en el nuevo proceso. Así lo dijo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong:
“…hoy presentamos el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y de la Delincuencia. Se trata de la primera política de Estado, que pone al ciudadano y a nuestros jóvenes en el centro de la seguridad y el desarrollo social, colocando a la prevención y a la participación ciudadana como pilares para alcanzar el objetivo final de tener un México en paz.
“A diferencia de lo que hemos venido experimentando en nuestro país, esta estrategia trabajará en la seguridad y convivencia ciudadana. Identificará causas y factores de riesgo que generan violencia y delito, ya comentadas, colonia por colonia, impactando negativamente en nuestras comunidades”.
Por lo pronto no se advierte un camino en la oscuridad. La presencia y metodología de Suhayla Bazbaz, fundadora y Directora General de Educación Comunitaria e Innovación Social, ofrece una buena dosis de certeza y experiencia.
“De conformidad con lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación –explicó–, se seleccionó a las demarcaciones del primer ámbito de intervención conforme a criterios de elegibilidad relacionados con la población, la criminalidad y la cobertura territorial.
“Las 57 demarcaciones están conformadas por 48 municipios, dos delegaciones y siete zonas metropolitanas. Ahí, habitan 39 millones de personas cuya vida y patrimonio han sido amenazados con más de siete mil 700 homicidios dolosos, y más de 91 mil robos con violencia.
“Ahí, en este primer ámbito de intervención, se concentran cuatro de cada 10 homicidios dolosos y cuatro de cada 10 robos con violencia.
“Entre las demarcaciones que seleccionamos están los 20 municipios de más de 100 mil habitantes con mayor número de homicidios dolosos, 15 de los municipios con mayor número de robos con violencia, 16 municipios con la mayor tasa de homicidio doloso y 10 municipios con la mayor tasa de robo con violencia.
“Están, también, los 11 municipios con mayor población, con más de un millón de habitantes, entre uno y tres municipios por cada entidad federativa, y entre 12 y 17 municipios por cada una de las cinco regiones que se establecieron para la política de Estado de justicia y seguridad”.
Esa es parte del diagnóstico y esa la forma sistematizada de abordar el problema. Es, obviamente, un cambio de estrategia ante el cual no debemos esperara nada excepto un cambio de resultados.
–¿En cuanto tiempo?
Menos, si se empieza ahora mismo.
