Metidos hasta la médula en el empeño de arrasar el pasado y sus herencias, los fiscales del caso Iguala (SG; FGR) decretaron la muerte de la “verdad histórica” con el peor de los argumentos: la verdad es que no hay verdad, pero en Cocula sí hay restos de los estudiantes asesinados.
Y digo asesinados porque no se encuentra uno en el monte trozos humanos si previamente no hubo un crimen.
–¿Dónde está el resto de los despojos de Christian, el muchacho ahí desbaratado? La fiscalía (sucedánea de la Comisión de la Verdad) no lo sabe. Alejandro Encinas tampoco.
Pero por encima de lo accidental (el sitio exacto del hallazgo o el lugar a donde quedaron los residuos), no se desvanece lo esencial: la muerte y la dispersión de restos humanos.
Este anuncio confirma la síntesis de las investigaciones de la PGR y las observaciones de la CNDH: los jóvenes fueron secuestrados (si hubo intervención de autoridades, como la hubo; desaparecidos forzadamente); asesinados en grupo y sus cadáveres despedazados, quemados, pulverizados, “pozoleados” o cual haya sido, para borrar huellas y pruebas. Eso es secundario.
Hay 43 muertos en la emboscada contra los autobuses secuestrados y otros seis difuntos en violencias convergentes, también en Iguala. Dos “Avispones”, una viandante y tres normalistas. Esa es la verdad. Lo otro es un regateo “ideológico” y político.
Pero si el gobierno anterior probó la autenticidad de restos hallados en el basurero de Cocula y en la bolsa del río (Giosivani y Alexander), de la misma manera y en los mismos laboratorios austriacos, como ahora se demuestra la muerte de Christian Alfonso Rodríguez, no es posible negar la validez anterior con un argumento pueril: el nuevo hallazgo no fue en el tiradero sino a 800 metros de distancia. Es lo mismo.
Pero así haya sido dentro o fuera, el hecho no varía: la identificación de los restos refuta la narrativa incesante de los quejosos: encontrarlos vivos.
Para hallarlos llegaron hasta el extremo de exigir la apertura de los cuarteles militares donde supuestamente el perverso Ejército los había escondido en pavorosas mazmorras. Cuando fueron autorizados para entrar, se desistieron. Sabían del inútil empeño.
La verdad nunca declarada es simple y por ahí se debería comenzar si en verdad se quiere limpiar la historia: todos están muertos. Pero como dijo la comisionada de los Derechos Humanos del gobierno, Rosario Piedra; nunca admitiré la muerte de un desaparecido.
Por lo pronto la mentira de seguir buscándolos vivos, cobijada bajo el ala magnífica de la esperanza (fomentada por los profesionales Widulfo y Felipe), también se ha derrumbado con todo y la intervención de los forenses argentinos.
Pero por encima de todo esto hay algo sorprendente.
Los seguidores del caso caen en cualquier trampa para condescender con quien suelta, así como si nada la paradoja: la única verdad es que no hay verdad.
¿Entonces este hallazgo nada más sirve para demostrar la distancia entre el basurero y el paraje “La carnicería”?
Esta evidencia no destruye la “verdad histórica” en cuanto al destino macabro de los estudiantes. Cambia, relativamente, la ubicación de sus despojos, con lo cual favorece los dichos previos de la PGR: el basurero de Cocula no fue el único destino final de todos los muchachos; hubo otros sitios. Y ahora lo comprueban.
Lo demás son ganas de prevalecer a través del discurso disruptivo.
La “mal llamada” como le dice Alejandro Encinas “verdad histórica” no se ha desvanecido a pesar de afianzarse el empeño de negarla. Su punto medular, la muerte y la indigna disposición de los cadáveres despedazados, con pruebas en el basurero y ahora otro a menos de un kilómetro de ese lugar, ha quedado firme.
Hoy, si se quisiera borrar la hilarante frase de una verdad consistente en la ausencia de la verdad, con la cual Encinas pasará a la historia, se deberían analizar los otros 114 restos hallados por la CNDH, susceptibles de aportar luces en este complicadísimo caso cuya mayor complicación es el manoseo a través de los años.
Hoy tragan gordo los profesionales del Pro, los forenses argentinos, los empleados de la OEA en el GIEI; Widulfo, Felipe y demás, y todos quienes no tuvieron otro remedio sino derribar la mentira histórica de buscar personas vivas a sabiendas y con evidencias, del asesinato colectivo.
D.C.
–¿De veras Trump ha sido casi el benefactor nacional, el mejor amigo, el hombre respetuoso o se nos fueron las cabras en el empeño de alabar a quien poco se merece?
Es evidente que al Presidente no le informaron que la CNDH “neoliberal” hizo mucho, mucho más que simplemente DECIR que ”las investigaciones oficiales eran una farsa; que fabricaron lo de Ayotzinapa; y que eso no es lo que sucedió” (como lo hizo el GIEI).
No, esa CNDH no hizo cómodamente solo esos señalamientos. Fue mucho más allá, realizó sus propias investigaciones, obtuvo infinidad de pruebas que, incluso, aún no se conocen públicamente y planteó con base en ellas, una narrativa de los hechos diferente a la Oficial.
De esta manera, la extinta Oficina Especial Para el Caso Iguala de la CNDH, entre una infinidad de cuestiones:
1.- Como no lo ha hecho ninguna instancia ni nacional ni internacional, demostró y determinó una SEGUNDA RUTA DE DESAPARICIÓN de los normalistas (del Puente del Chipote);
2.- Como tampoco nadie lo había hecho, descubrió y demostró la PARTICIPACIÓN EN LOS HECHOS de Autoridades Federales (de la PF, PFM y de la PGR);
3.- Estableció la participación de las Policías
Estatal y Ministerial del Estado de Gro., en los hechos;
4.- Demostró la intervención en los hechos, además de la de Iguala y Cocula, de las Policías de Huitzuco, Tepecoacuilco, Taxco y otras que ahora se ve reflejada en la reciente petición de 46 Órdenes de Aprehensión por parte de la FGR;
5.- Descubrió la participación en los hechos de otros miembros de la Organización Criminal de Guerreros Unidos. Proporcionó información y documentación sobre su identidad, fotografías y datos como nombres completos e, incluso, su ubicación;
6.- Esclareció la identidad y participación de “El Caminante” en los hechos;
7.- Estableció las Acciones y Omisiones Graves de altas autoridades del Estado de Gro.;
8.- Determinó la Autoría Intelectual de los hechos y descubrió la participación de “El Patrón”;
9.- Determinó el Móvil de las agresiones a los normalistas;
10.- Denunció la participación de la Policía Comunitaria en hechos convergentes a los de los normalistas en Mezcala y Sábana Grande;
11.- Determinó las Acciones y Omisiones de Autoridades Municipales, Estatales, Federales y Militares a partir de su intervención en el C4;
12.- Puso al descubierto las imprecisiones, falsas percepciones, yerros y malas interpretaciones del GIEI, EAAF y Peritos Extranjeros;
13.- Hizo un profundo análisis georreferencial de la Telefonía Celular que le permitió establecer, entre otras cosas, la ubicación de normalistas, policías y miembros del grupo delictivo de Guerreros Unidos en los escenarios criminales en los momentos críticos de los hechos;
14.- Determinó los Actos y Omisiones de miembros del Ejército consecuentes a los hechos;
15.- Hizo una profunda investigación contra quienes tuvieron a su cargo las investigaciones tanto a nivel local como Federal. Se determinaron irregularidades, insuficiencias, deficiencias y errores en ellas, situación que se tradujo en la Presentación de 6 Denuncias Penales y 12 Administrativas en contra de 375 servidores públicos del orden Estatal y Federal;
Investigó la incursión del Jefe de la AIC , Tomás Zerón en el Río San Juan y colaboradores, base de la denuncia que presentó la CNDH en su contra y que culminó con la Orden de Aprehensión girada en su contra.
Determinó casos de Tortura Y OTRAS VIOLACIONES que se tradujeron en la presentación de Denuncias Penales en contra de servidores públicos Estatales y Federales .
Definió la sucesión de hechos contra Los Avispones de Chilpancingo y su vinculación con las agresiones a los normalistas;
Determinó las Violaciones a los Derechos Humanos de los Periodistas que esa noche trágica cubrían los sucesos;
se identificaron 114 restos susceptibles de análisis genético. Hasta hoy no se ha informado nada respecto de estos restos;
Adicionalmente, hizo un análisis de la Situación Criminal y de la Situación Político Electoral en el Estado en la que se destacó la intervención cupular del PRD previo a los sucesos.
Por obvias razones, hubo únicamente dos aspectos con los que los representantes de los Padres y Familiares de los normalistas no estuvieron de acuerdo:
-La remisión de los 114 restos óseos por su evidente implicación (supone el fallecimiento de los normalistas y que sus restos fueron incinerados en el vertedero) que cortarían las esperanzas de los Padres.
-En el Móvil de las investigaciones a los normalistas por la vinculación de algunos de sus lideres con la Organización Criminal de los Rojos (ahí se destaca la importancia del 6º Autobús secuestrado esa noche por los normalistas, Unidad a la que nadie había hecho referencia).
