Moreno Valle promovió con frialdad zarista la llamada Ley Bala y por eso, ahora, finge el arrepentimiento. Muerto el niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, ahora propone abrogar un texto promovido por él mismo hace apenas un par de meses, cuando tantas voces de advertencia —jamás atendidas— pudieron evitar la desgracia.
Rafael Moreno Valle es un notable comerciante. Un hombre de dinero con escasa capacidad para algo más allá.
Simbólicamente compró una rueda de la fortuna y sobre ella se montó para lograr una candidatura. Desde ahora ha tendido los lazos de la complicidad con la parte más corrupta del Partido Acción Nacional, para hacerse de la preciada oportunidad de contender bajo el cobijo de esas siglas por la Presidencia de la República para el próximo periodo federal.
No lo va a lograr, es claro, pero en el camino derramará los costales de billetes, como aquellos famosos 80 millones de pesos de cuya historia nos podría contar Melquiades Morales, quien todo lo supo en su tiempo.
Sin embargo, junto con la ambición de este caballero galopa su otra característica: la vanidad. La insufrible vanidad. El acicalado, maquillado y afectado maniquí (muñequito de pastel, le diría alguien) tiene otra característica: el desprecio hacia la gente común. O sea, toda la gente.
Por eso promovió con frialdad zarista la llamada Ley Bala y por eso, ahora, finge el arrepentimiento. Muerto el niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, ahora propone abrogar un texto promovido por él mismo hace apenas un par de meses, cuando tantas voces de advertencia —jamás atendidas— pudieron evitar la desgracia. Un niño muerto y más de 100 heridos en menos de dos meses.
Abrogar significa revocar, abolir. Y sólo se abate, de esa manera, lo nocivo. Lo probadamente dañino, como es el caso actual. ¿No lo sabía su promotor desde el principio? Obviamente, pero la soberbia lo aconsejó. Y la madre tierra recibió a Tehuatlie Tamayo.
Pero tan grave como la actitud de Moreno Valle es la de sus colaboradores. Han urdido toda una serie de patrañas para culpar a las víctimas (como Facundo Rosas) cuya argumentación se derrumba nada más con la solicitud de abrogación.
El draconiano ordenamiento (Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiacas del Estado) fue aprobado por el dócil y sumiso Congreso estatal, el 19 de mayo, pese a las reservas expresadas por cinco diputados. Nadie les hizo caso. “…Los (otros) diputados prohibieron el uso de armas letales y eliminaron la clasificación de movilizaciones, pero permitieron el uso de bastones, agentes químicos irritantes y pistolas incapacitantes, entre ellas las que disparan balas de goma (La Jornada)”.
“La primera protesta (dispersada al amparo de esta ley) fue de habitantes de la Sierra Negra que bloquearon los accesos a las oficinas del gobierno en Tehuacán y la carretera federal Puebla-Veracruz el primero de julio. Treinta pobladores resultaron heridos y seis fueron detenidos.
“Ocho días después, la policía estatal enfrentó a habitantes de San Bernardino Chalchihuapan, 100 de los cuales resultaron heridos, cuatro de gravedad, con balas recubiertas de goma. Entre ellos estaba José Luis Alberto Tehuatlie, quien murió 10 días después…
