Todos los capitalinos y los visitantes del DF aspiramos y queremos que la Ciudad cuente con un sistema de drenaje perfecto y que no hubiera inundaciones o encharcamiento, pero también sabemos que es eso es prácticamente imposible porque representa una inversión presupuestal que rebasaría cualquier proyecto normal, dinero que compañeros del Partido Acción Nacional a niveles federal y local han quitado a la Ciudad, reviró al Grupo Parlamentario panista, el Secretario de la Comisión de Hacienda de la ALDF, Diputado Maximiliano Reyes Zúñiga, al responder a críticas vertidas por su homologo Sergio Eguren Cornejo
Recordemos, dijo el perredista, en diciembre de 2011 los panistas presionaron para que se eliminara la tenencia vehicular afectando las finanzas de la Ciudad de México en 5 mil millones de pesos y creando un incentivo para los dueños de autos particulares que la capital ya no necesita.
En días pasados en voz del legislador Eguren, los azules dijeron que la administración de Marcelo Ebrard es responsable de los daños urbanos y particulares por impactos naturales como aguaceros, granizadas, vendavales, etc. por lo que el perredista calificó como irresponsable culpar al gobierno local de la caída de una barda o de que los vientos derribaran 54 -de los 10 millones de árboles que se estima existen en la Ciudad-, cuando las autoridades de protección civil y bomberos explicaron que la precipitación del jueves 26 de julio, rebasó por mucho los parámetros normales de la temporada, cuando en una hora llovió el doble de agua que normalmente cae en 7 horas.
Reyes Zúñiga pidió objetividad en la evaluación de las acciones del gobierno y no caer en críticas huecas. Fue enfático en señalar que las afectaciones que padece la Ciudad de México son provocadas, en gran medida, por la falta de inversión en los municipios de la Zona Conurbada del Valle de México, que incrementan la vulnerabilidad del DF por el cambio climático y las lluvias inusualmente intensas.
El GDF impide la creación de sindicatos independientes que iniciarían un régimen laboral auténticamente democrático, acusa el GPPT
La política laboral que se ejerce en la Ciudad de México pone en duda el carácter democrático o de izquierda del GDF, pues en la práctica no existen diferencia entre la política laboral del DF y la del gobierno panista federal, aseguró el Presidente de la Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social de la ALDF, Diputado José Arturo López Cándido.
El legislador del GPPT se solidarizó con las luchas gremiales que denuncian injusticias laborales, ínfimas percepciones salariales, falta de seguridad social, contratación por outsorcings, inseguridad en la fuente de trabajo y la carga de una política social en la ciudad que crece a costa de los derechos de los trabajadores.
López Cándido, se refirió al conflicto laboral que atraviesa la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y en particular los problemas que enfrentan los agremiados al sindicato de la institución.
Exhortó a la rectora de la UACM, Esther Orozco Orozco, rendir un informe de las acciones realizadas y los acuerdos alcanzados entre la comunidad universitaria para normalizar las relaciones laborales en la institución, pero sistemáticamente, acusó, la ha rechazado.
El legislador petista y titular de la Comisión de Asuntos Laborales lamentó que desde hace 26 meses, las autoridades de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, mantienen conflicto con su representación laboral a raíz de una serie de despidos injustificados y en represalia por oponerse a la reforma educativa de la Rectora, violando su contrato colectivo de trabajo.
López Cándido aseguró que persisten injusticias como las que padecen todos los sindicatos independientes del GDF, que no dejan florecer a cientos o miles de sindicatos que podrían desarrollar un régimen laboral auténticamente democrático.
Barrios de San Ángel, en Álvaro Obregón, se están convirtiendo en talleres mecánicos, estacionamiento de camiones de mudanza y chatarra vehicular
Habitantes y comerciantes del San Ángel entregaron a la Diputación Permanente de la ALDF un escrito en donde solicitan su intervención para “limpiar” las tradicionales calles, callejuelas, callejones y rincones culturales de vehículos y camiones de carga, que han convertido este barrio tradicional en enorme taller mecánico, un insalubre estacionamiento y en una zona insegura por tantos autos chatarra abandonados o malamente estacionados.
En respuesta los representantes populares presentaron un Punto de Acuerdo en el que piden a las Secretarías de Cultura, de Desarrollo Urbano, de Seguridad Pública y al Instituto de Verificación Administrativa del GDF retirar los vehículos de carga que ocupan como estacionamiento diversas calles de San Ángel, y a la Delegación Álvaro Obregón, poner mayor atención y “hacer mejor su trabajo” ya que no es la primera ocasión que los habitantes de la zona se inconforman y protestan por la desatención a sus demandas.
Apenas 45 días atrás, los mismos vecinos habían entregado a la Asamblea Legislativa la solución a este atentado ecológico, turístico, al reglamento de tránsito, a la seguridad de los habitantes, sin embargo las autoridades delegacionales y las de seguridad pública desestimaron los hechos y la situación no sólo se mantuvo, sino empeoró, en detrimento de su calidad de vida y habitabilidad.
En el argumento del Punto de Acuerdo, se explica que la zona sur de San Ángel tiene un legado histórico, cultural y patrimonial, que cuenta con barrios inmersos en la dinámica urbana que se han conservado a través de un equilibrio ecológico, arquitectónico y artístico, asociado a sus expresiones culturales, tradiciones y costumbres.
Detalla que alrededor de 50 mil visitantes son atraídos por la actividad cultural, a lo que se agrega que en 1986 el INAH lo declaró Monumento Histórico y recientemente recibió la Declaratoria de Patrimonio Cultural Tangible de la Ciudad de México, emitida por el Jefe de Gobierno, el 5 de agosto de 2010.
Sin embargo, los operadores de vehículos de mudanzas realizan reparaciones mecánicas en plena vía pública, los utilizan como dormitorios y en ocasiones hasta como hoteles de paso, lo cual genera inseguridad, por lo que los integrantes de la Diputación Permanente lo aprobaron de urgente y obvia resolución, por lo que fue remitido de inmediato a la Jefatura Delegacional en Álvaro Obregón y a la Secretaría de Seguridad Pública, para su inmediata atención y solución
Pide GPPVEM cortar de raíz la reventa de boletos para espectáculos, investigando a Ticket master
El GPPVEM en la ALDF celebró y aplaudió el operativo realizado por autoridades del INVEA y de la SSP en contra de los revendedores de boletos por ser una actividad ilegal, evasora de impuestos locales, de extorsión e impunidad entre boleteros y revendedores, su Coordinador, Diputado Raúl Nava Vega, lo consideró insuficiente.
Explicó que el operativo realizado en el Palacio de los Deportes, durante el concierto del grupo Metallica, era necesario, sin embargo estas acciones deben realizarse de manera permanente para desterrar esta actividad ilegal, que sólo beneficia de los líderes de las mafias del ambulantaje callejero.
El GDF tiene la obligación de implementar una campaña de información en radio, televisión, impresos, en la Red para enterar a la ciudadanía que la compra de boletos en reventa también será sancionada.
Nava Vega acusó y pidió a la PGJDF investigar la probable participación de la empresa ticket master con las bandas de revendedores, ya que es el único grupo que controla la venta de boletos y legalmente sólo debe entregar tres boletos por persona.
“Resulta sospechoso, cuestionó, que las bandas puedan obtener la mayoría de los boletos en unos segundos para cualquier evento, y después encontrarlos en subastas en páginas de Internet o en reventa fuera de los espectáculos”
El diputado verde ecologista explicó que la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el DF establece, en el artículo 33, que las personas con carácter de dependiente, encargado, gerente, administrador, representante u otro similar, serán los responsables de evitar que se vendan boletos en vía pública.
Su obligación es notificar de inmediato a la Delegación correspondiente cuando se presenten estas conductas ilegales para actuar de inmediato, detener a los responsables a quienes se les aplicarán sanciones económicas de entre 12 mil 466 y 24 mil 930 pesos.
Lo importante, concluyó Raúl Nava Vega, es erradicar de raíz el problema, actuando en contra de la empresa controladora de entradas a espectáculos, además de los operativos que implementen las autoridades contra los revendedores.