«Tender a la democratización de la justicia no puede ir en contra de otro principio básico del sistema interamericano que es el de la independencia judicial», advirtió Andrea Pochak, relatora del organismo para México
Frente a una polémica ley Judicial que no tiene ni pies ni cabeza, donde el objetivo es imponer un régimen autoritario, donde no existan equilibrios de poderes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su profunda preocupación por esta reforma judicial impuesta por orden del populista Andrés Manuel López Obrador, quien en un afán vengativo, busca que por elección popular jueces, ministro y magistrados sean electos sin que la ciudadanía sepa con claridad de que se trata todo este show, por lo que la comisión vigilará y «monitoreará» que se respete la independencia del Poder Judicial y que el régimen de la 4T no se entrometa e imponga a jueces que beneficien sus propósitos.
«Tender a la democratización de la justicia no puede ir en contra de otro principio básico del sistema interamericano que es el de la independencia judicial», advirtió durante la audiencia Andrea Pochak, relatora del organismo para México.
La audiencia se celebró en Washington tras la queja interpuesta ante la CIDH por parte de jueces y trabajadores del Poder Judicial en contra de la reforma promulgada el 15 de septiembre por López Obrador y que cuenta con el respaldo de la mandataria, Claudia Sheinbaum, quien sólo recibe órdenes y debe acatarlas por orden del patrón de los guindas.
El Gobierno mexicano sostiene que los ciudadanos deben poder elegir a los jueces y defiende la constitucionalidad de la reforma, dado que fue aprobada por una amplia mayoría del Congreso.
Pero el personal judicial denuncia la intromisión del Ejecutivo en la Justicia, pues el oficialismo impulsará a sus candidatos para las elecciones de jueces que comenzarán en 2025.
«La Comisión está evidentemente muy preocupada por esta situación, por esta reforma judicial», expresó Pochak tras escuchar las versiones tanto de los demandantes como del Gobierno.
La relatora señaló que cualquier reforma destinada a democratizar el sistema judicial debe respetar «principios básicos» como la meritocracia de los jueces y evitar la injerencia de otros poderes.
Advirtió además que reformas similares en otros países han demostrado que hay «riesgos» de una «mayor deslegitimidad del sistema judicial» debido a las elecciones de jueces.
Pochak dijo que la CIDH seguirá «monitoreando» la implementación de la reforma, a la vez que se comprometió a mantener un «diálogo permanente con el Estado» porque México siempre ha sido «muy respetuoso» con el sistema interamericano de derechos humanos.
Mucho más crítico, el comisionado Carlos Bernal opinó que la reforma judicial mexicana es «un ejemplo de manual de abuso del constitucionalismo» porque el Gobierno está «intentando desmontar los contrapesos y controles al Ejecutivo».
«Un Gobierno que arrasa en las urnas a la presidencia de la República y arrasa en las urnas para todos los cargo de elección popular ¿no es sospechoso de que quiera también la elección popular de los jueces?», preguntó.
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, cuestionó en su rueda de prensa matutina de este jueves a la CIDH por acoger esta audiencia y defendió que «México es un país libre, soberano e independiente y el pueblo de México decide, de acuerdo a la Constitución, cuáles son las reformas constitucionales”.
«Llama la atención, desde mi punto de vista, la rapidez. Hay casos que van a la Comisión Interamericana que tardan años para poderse atender y ahora esta reforma al Poder Judicial no tardó ni semanas. ¡Cuánto interés!», expresó.