No se puede buscar la justicia —mucho menos encontrarla—, mediante la violencia, parece ser el nuevo credo del gobierno federal. Y también del gobierno local, al menos en el DF.
Quizá por razones de congestionamiento informativo la noticia pasó hasta cierto punto inadvertida. Decían los diarios del domingo:
“La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) ejercitó acción penal contra 11 personas –en su mayoría estudiantes– detenidas en inmediaciones del Zócalo el pasado 20 de noviembre, tras hechos de violencia que cometió un grupo de hombres con el rostro cubierto en la Plaza de la Constitución”.
“El Ministerio Público Federal los acusa de ser presuntos responsables de los delitos de asociación delictuosa, motín y homicidio en grado de tentativa, delito este último que no permite derecho a libertad bajo fianza”.
“Ocho hombres fueron enviados al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 5, que se localiza en Perote, Veracruz, y las tres mujeres se encuentran en el Cefereso número 4, en Tepic, Nayarit”.
Independientemente de cómo evolucionen los procesos hay en estas detenciones y traslados una notable actitud del gobierno: cumplir con la oferta presidencial de no tolerar violencia bajo el supuesto de una legítima protesta social o ciudadana.
No se puede buscar la justicia –mucho menos encontrarla—, mediante la violencia, parece ser el nuevo credo del gobierno federal y también del gobierno local, al menos en el DF.
De 16 detenidos cuatro ya habían sido puestos en libertad. Y 105 organizaciones no gubernamentales ya calientan el agua para hervir el perol de la inconformidad por las “arbitrariedades” cometidas. Como siempre sucede en estos casos, los detenidos son inocentes de toda inocencia; simplemente pasaban por ahí, eran curiosos transeúntes, paseantes, viandantes cuya mala fortuna los puso en el camino de la protesta y ahí tuvieron la mala suerte de caer presos.
Siempre son los inocentes y jamás los culpables. ¿Y por qué? Pues por la inexistencia de los culpables. Todos aquellos a quienes vemos en grabaciones del motín, los pirómanos, los lapidarios, los rompe-cristales y demás, son visiones. No existen.
Así ha sido desde el gran ensayo general del 1 de diciembre cuando Enrique Peña Nieto tomó posesión del cargo.
Por eso, aunado al reblandecimiento de las penas al estilo de la Asamblea Legislativa del DF y su laxitud frente a los excesos de la protesta callejera, las puertas de los juzgados se vuelven cómodos torniquetes para dejar entrar y salir, casi simultáneamente, a los detenidos en disturbios de orden social.
En el caso reciente los delitos fincados son homicidio en grado de tentativa, asociación delictuosa y motín. Se había hablado de terrorismo, pero esa figura fue retirada oportunamente.
Destaca en este asunto el caso de un joven chileno llamado Lawrence Maxwell en torno de quien ya se ha armado una comisión binacional, al menos, para insistir en su inocencia y persistir en su defensa.
Y en estos casos –como en el de otro detenido ya célebre, Atzín Andrade, de la escuela de artes plásticas de La Esmeralda—, uno puede preguntarse cómo es posible detener a quienes no son responsables y dejar libres a quienes sí lo son. ¿O estamos frente a un caso de limpieza automática?
Todo detenido, por el hecho de serlo, es inocente. Todo culpable desaparece.
—¿Entonces? Entonces se detiene a diez y se pone en libertad a doce. Y así hasta la eternidad… o la próxima manifestación, protesta o intento de asonada.
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