La demanda, presentada en una corte de Florida, se centra en acusaciones de corrupción y desfalco, y es independiente del proceso penal por narcotráfico que enfrenta García Luna en EU
El gobierno de México ha emprendido una acción legal en Estados Unidos contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante la administración de Felipe Calderón, y su esposa, Linda Cristina Pereyra. El juicio civil, que comenzará en enero de 2025 en una corte de Florida, tiene como objetivo recuperar 634 millones de dólares presuntamente desviados por García Luna y su red de colaboradores.
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), destacó en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, que el caso, presentado en septiembre de 2021, se encuentra actualmente en la etapa de descubrimiento probatorio. Durante esta fase, ambas partes están recabando y aportando evidencias para sustentar sus argumentos.
Hasta el momento, alrededor de 2 millones de dólares han sido reintegrados a la Tesorería de la Federación como parte de este proceso. Gómez subrayó la importancia de este juicio civil, no solo por la cuantiosa suma reclamada, sino también por su simbolismo en la lucha contra la corrupción y la impunidad en México.
Este juicio civil es independiente del proceso penal en curso en Estados Unidos, donde García Luna ha sido declarado culpable de narcotráfico y espera su sentencia. En México, el exfuncionario enfrenta dos denuncias penales, que han derivado en la emisión de 61 órdenes de aprehensión. Entre los detenidos recientemente se encuentran Gloria García Luna, hermana del exsecretario, y Edgar Rodríguez García, ambos con prisión preventiva justificada. Además, en España fue detenido Jonathan Alexis Weinberg, presunto integrante de la red de desfalco, cuya extradición ha sido solicitada por el gobierno mexicano.
Gómez también reveló que la UIF ha identificado 16 empresas vinculadas a la red de García Luna que recibieron dinero defraudado en México y lo enviaron a paraísos fiscales, para luego retornarlo al país. Ocho de estas empresas están listadas por el SAT como factureras dedicadas a crear contabilidades falsas.