La magistrada Juzgado Tercero de Distrito en materia Administrativa, Yadira Elizabeth Medina Alcántara, ordenó a la SEP y Conaliteg consultar con maestros y padres de familia
La impresión de los libros de texto gratuitos para primaria y secundaria para el ciclo escolar 2023-2024 deberán entrar en una pausa hasta que no se verifique con maestros y con padres de familia sobre la validez de que se aplicó el plan de estudios aprobado y que estarán contenidos en los textos, según el fallo emitido este viernes por Yadira Elizabeth Medina Alcántara, magistrada federal del Juzgado Tercero de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México,
La decisión va dirigida a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito (Conaliteg), que antes de continuar con la impresión de los nuevos libros de texto para primaria y secundaria se verifique el cumplimiento de la consulta con los maestros y la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) que se aplicó el plan de estudio.
En la resolución, que deriva del amparo 784/2023 presentado por la Unión Nacional de Padres de Familia, la juez subraya que la suspensión definitiva concedida contra la impresión de los textos de primaria y secundaria, no cancela el proceso, sino que lo condiciona para que las autoridades educativas aprueben los planes y programas de estudio y que se cumplan con lo establecido en la Ley General de Educación.
“La suspensión se concede para que las autoridades responsables (SEP y Conaliteg), dentro de su esfera competencial, antes de continuar con la edición, impresión y entrega de los libros de texto gratuito para el ciclo escolar 2023-2024, verifiquen que se hayan observado los procedimientos legales respectivos para la determinación de los programas y planes de estudio, y para la publicitación de los libros de texto gratuitos, que garanticen la intervención de los gobiernos estatales y de los especialistas en la materia educativa; así como de la puesta a disposición de aquellos libros en términos de lo previsto en la ley”, apuntó.
De acuerdo con la UNPF, la Secretaría de Educación Público actuó de forma unilateral, ya que no se apegó al procedimiento ni reglas ya establecidas en la Ley General de Educación, que estipula que en la elaboración de los materiales educativos deben participar diversos sectores especialistas en educación y también debe haber intervención de los docentes y de los padres de familia, lo que no se llevó a cabo en este proceso.