Critican la propuesta de elegir jueces por voto popular y defienden la independencia judicial y la formación profesional del cuerpo judicial
En una carta abierta dirigida a la virtual Presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, un grupo de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF) expresó su profunda preocupación respecto a la posible reforma al sistema judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este documento, firmado por 42 jueces y magistrados de circuito, enfatiza la importancia de mantener la independencia judicial y preservar el sistema de carrera judicial que ha sido cuidadosamente desarrollado durante las últimas tres décadas.
Los signatarios comienzan su misiva destacando el logro histórico de Sheinbaum como la primera mujer electa para encabezar el Poder Ejecutivo, al tiempo que subrayan su propio compromiso con la vocación social y científica que implica impartir justicia conforme a las leyes y proteger los derechos humanos. Argumentan que la función judicial debe estar libre de influencias políticas directas, ya que su labor se fundamenta en la aplicación objetiva de la ley y no en consideraciones partidistas o populares.
Uno de los puntos centrales de la carta es la crítica hacia la propuesta de elegir a los jueces y magistrados por voto popular. Los firmantes argumentan que esta medida podría desestabilizar el sistema judicial al desvincular la selección de los impartidores de justicia de los criterios técnicos y profesionales que actualmente guían su carrera. Además, advierten que tal cambio ignoraría la inversión significativa realizada en formación académica, desarrollo profesional y sensibilización hacia la problemática nacional que el PJF ha llevado a cabo a lo largo de los años.
Otro punto de preocupación expresado en la carta es la percepción generalizada de corrupción dentro del Poder Judicial. Los jueces y magistrados rechazan esta visión, argumentando que el sistema judicial está sujeto a un riguroso escrutinio y mecanismos de rendición de cuentas que garantizan la transparencia y la responsabilidad. Enfatizan que, si bien es necesario sancionar a aquellos individuos que no cumplen con los estándares éticos y profesionales requeridos, no se puede generalizar ni estigmatizar a todo el cuerpo judicial por las acciones de unos pocos.
Además, los firmantes señalan que el acto de juzgar no implica emitir juicios sobre la gestión gubernamental ni participar en la arena política. Su compromiso radica en aplicar la ley de manera justa y equitativa, basándose en evidencias y argumentos legales, no en opiniones o percepciones subjetivas.