El presidente electo, Enrique Peña, ha anunciado algo ya sabido: su gobierno buscará modificar la maltrecha estructura de la secretaría de Gobernación para devolverle los instrumentos jurídicos y políticos perdidos durante el panismo.
Como todos sabemos las limitaciones intelectuales de Vicente Fox, principalmente, y también la llaneza de Felipe Calderón en cuanto a las responsabilidades del Estado (el primero las confundió con una kermese y el segundo con una pelea sin rumbo ni sentido), convirtieron al a secretaría de Gobernación en una especie de oficina de segunda categoría ajena del todo al control nacional.
La palabra control, tanto como la palabra represión (en su acepción legitima), les producen urticaria a quienes quieren ejercer el poder con pudor.
Obviamente el ejercicio del poder no es posible sin una adecuada información. Saber es poder.
Ya se lo decía el cardenal Mazarino a Luis XIV: “para combatir el mal hay que conocerlo a fondo”. Y eso no se hace sin una adecuada red de informantes, algunos de ellos necesariamente al filo de la legalidad (como se hace en Estados Unidos con los soplones protegidos) y otros infilttrados en todas las organizaciones posibles; legales e ilegítimas.
Un gobierno eficaz necesita oídos y orejas en todas las paredes, en las calles, en los mercados; las iglesias y los burdeles, los hospitales, las refacciones de los diarios, los sindicatos, las embajadas extranjeras, las ONG,s; en fin, en cualquier lugar donde se reúnen más de dos, debe haber un oído para informar al poder.
El Estado debe ser, en el sentido de Orwell, un “Big Brother”.
Cuando eso se hace mal entonces se cae en el extremo del Estado tardío. ¿Cómo creen posible controlar a las policías mediante exámenes de “control de confianza” cuando ya se les ha dado la plaza. Sucede como en Acapulco: no es posible echar a la calle (otro error) a los malos policías porque no hay forma de pagarles una indemnización laboral.
Si hubieran sabido desde antes, no los habrían contratado Y si están infiltrados por el crimen organizado, no se les debería indemnizar sino encarcelar. Pero el poder es temeroso. No ha terminado de asimilar la necesidad de la decencia acompasada con la inclemencia.
El anuncio, pues, de Peña, en torno de una nueva dependencia en la cual se fusionen los servicios de acopio de información, cruzamiento de datos, establecimiento de sistemas efectivos de control y coordinación y en general permita presentar un bloque sólido en defensa de la seguridad nacional y por consecuencia de la seguridad pública, es una tarea urgente y, obviamente, necesaria.
Esta labor no es una invención del equipo peñista ni una ocurrencia del presidente ekecto. Ya está comntyenida en la ley de seguridad nacional cuyos objetivos bien haríamos en conocer, divulgar y exigir. Son la base de la seguridad colectiva.
Veamos:
“…Para los efectos de la presente Ley, son amenazas a la Seguridad Nacional:
“I. Actos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria, genocidio, en contra de los Estados Unidos Mexicanos dentro del territorio nacional;
“II. Actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado Mexicano;
“III. Actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada;
“IV. Actos tendentes a quebrantar la unidad de las partes integrantes de la Federación, señaladas en
el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
“V. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada;
“VI. Actos en contra de la seguridad de la aviación;
“VII. Actos que atenten en contra del personal diplomático;
“VIII. Todo acto tendente a consumar el tráfico ilegal de materiales nucleares, de armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva;
“IX. Actos ilícitos en contra de la navegación marítima;
“X. Todo acto de financiamiento de acciones y organizaciones terroristas;
“XI. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia, y
“XII. Actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos”.
Como se ve en los incisos III, V, VII y X, la lucha contra el crimen organizado es un asunto (incumplido) de seguridad nacional.
Esos fines no se logran tampoco si se suelta el control de las aduanas como lo hicieron los gobiernos panistas mediante la privatización a extranjeros (suizos principalmente) de las segundas revisiones aduaneras.
Por eso resulta estimulante el anuncio de Peña: recuperar las funciones de Gobernación (no se llama Secretaría de Negociación, ni mucho menos de Claudicación ¿eh?) y devolverle al Estado la responsabilidad aduanera.
¿Lo podrá hacer? Veremos.
