Pena de muerte a secuestradores y castración química a violadores encontrados culpables por la autoridad judicial, pide desde la ALDF el Grupo Parlamentario del PRI. En voz de su Coordinador, Diputado Israel Betanzos, afirma que es unánime la repulsa social contra estos delincuentes y un escarmiento a las autoridades tolerantes, omisas y cómplices.
Para aplicar estas acciones será preciso reformar el Artículo 22 Constitucional, (quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado), para que de nueva cuenta, sostiene Betanzos Cortés, se implemente como opción en los Estados y para el DF, la pena de muerte para delitos como homicidio calificado con alevosía, y cadena perpetua para secuestro con o sin mutilación.
La fracción priísta en Donceles y Allende asegura que México debe integrarse al grupo de 90 países que aplican la pena, porque es un proceso moderno en la materia. Las naciones que contemplan en su legislación el castigo son Estados Unidos, China, Egipto, Cuba, entre otros.
En el próximo periodo de sesiones de la V Legislatura local, el PRI propondrá una iniciativa de reformas al Código Penal y a la Ley de Salud del DF para implementar la castración química a delincuentes sexuales mediante el Tratamiento de Inhibición Sexual.
Para argumentar su postura, Israel Betanzos expuso datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que señalan, más de 120 mil mujeres son violadas en México cada año, 30% de ellas son atacadas en la vía pública, el resto las realizan personas cercanas a la víctima. En tanto la Procuraduría General de Justicia del DF reporta el ataque a 11 mujeres al día.
No debe tomarse como una agresión inhumana a los delincuentes, concluyó el diputado priísta, pero la sociedad ya se cansó de denunciar, identificar y culpar a los victimarios, pero la corrupción y simulación legal de los funcionarios judiciales, permite la libertad de los delincuentes. De ahí la propuesta del GPPRI en apoyo a las víctimas y a la sociedad en general.
