La ALDF inició la defensa de la Norma 29, que en semanas atrás aprobará el pleno para proteger de la competencia desleal ante las cadenas privadas de supermercados, tiendas de conveniencia y súper a los mercados públicos de la colonia y de suyo el Centro de Barrio.

Al anunciar que buscarán se respete la decisión de la ALDF, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que diera entrada a un juicio de Inconstitucionalidad que presentó la PGR contra la Norma 29, la Secretaria de la Comisión de Gobierno, Diputada Aleida Alavez Ruiz, informó que sostuvieron un acuerdo con el Ministro Presidente de la Corte Juan Silva Meza, para explicar que esta reforma no afecta al capital privado, pues no se pide prohibir instalación de tiendas, sólo restringir ubicarlas cerca de los mercados.

En el argumento de los empresarios se dice, que hay igualdad comercial entre los establecimientos públicos y sus tiendas, pero la realidad no es así, porque por el volumen de existencias que almacenan realizan ofertas, descuentos, pago a crédito, etc. lo que representa deslealtad, pues un locatario vende al día lo que trae de los centros de abasto y deben cubrir los costos de inmediato.

Alavez Ruiz insistió, que además de la protección al comercio minoritario, del que viven miles de familias, se busca hacer respetar y conservar el Ordenamiento Territorial para impedir que con la instalación de nuevas tiendas de autoservicio se destruya o transforme la arquitectura o el entorno popular.

Nos asiste la razón, completo la idea el Diputado Guillermo Orozco Loreto, quien adelantó que después del encuentro en la Corte, esta semana harán lo mismo con la Procuradora General de la República, Marisela Morales Ibañez, para argumentar los objetivos y motivos de la iniciativa que no tiene dedicatoria a los empresarios, sino proteger los tradicionales mercados públicos.

Propone el GPPAN castigar con cárcel a quienes busquen sexoservicio en vía pública

El GPPAN en la ALDF presentará este miércoles en la Diputación Permanente iniciativas de reforma a la Ley de Cultura Cívica, a la Orgánica de la Administración Pública y al Código Penal para sancionar con cárcel de 1 a 3 años y multa económica (no se definió) a quien adquiera, solicite u obtenga relaciones sexuales en sitios no autorizados para el sexoservicio.

Al adelantar algunos artículos que se modificarían en caso del que el Pleno lo aprobara, el Diputado Sergio Eguren Cornejo integrante de la Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social, explicó que la propuesta contempla la fijación en cada delegación política de una zona de tolerancia, en donde sólo ahí podría practicarse esta actividad, sin ser sancionados los interesados.

Además de la franja, se exigiría la distribución por polígonos o cuadrantes, de los sitios para el servicio, lejos de zonas habitacionales, escuelas, iglesias, etc. con la idea de concentrar todo la actividad y aplicar las medidas sanitarias correspondientes. Toda acción fuera de estos polígonos, insistió sería motivo de detención y punición.

Eguren Cornejo mencionó que cifras de la CDHDF registran en la Ciudad a más de 300 mil sexoservidores entre mujeres, homosexuales, transvestis y las delegaciones con mayor comercio Cuauhtémoc, Gustavo A Madero, Benito Juárez y Venustiano Carranza.

La iniciativa panista es clara ahora se castigará al cliente, a quien busque placer fuera de los polígonos de las zonas de tolerancia que se proponen, porque en los suburbios del DF, aseguran, ya no existen espacios para ubicar estoas sitios.

En lo Penal, los panistas establecen que la compra de sexoservicio en lugares no autorizados, entrará en el Artículo 18 Quinter del Código respectivo, que señala: “a quien obtenga una relación sexual con una o varias personas a cambio de dinero o de la promesa de recibirlo, en una zona o establecimiento no autorizado, será sentenciada por la compra de sexo-servicio a una pena hasta de un año a tres años de prisión”

La Norma 29 mantendrá su carácter de inconstitucional aseguran diputados priístas

En su papel de oposición en la ALDF el GPPRI aseguró que la defensa de la Norma 29 que harán diputados del PRD ante la SCJN y de la PGR para tratar de eliminar el resolutivo de Inconstitucional no tendrá éxito porque “no protege a los mercados públicos y tiene vicios de inconstitucionalidad, por lo que los locatarios de los 318 centros detallistas de abasto fueron engañados” por las autoridades capitalinas.

Así lo consideró la Vicecoordinadora de la bancada tricolor en Donceles y Allende, Diputada Alicia Téllez Sánchez, quien al mantener su rechazo a la aprobación de la Norma 29, aseguró que esto favoreció a las grandes cadenas departamentales, que al no dañarlas fortaleció su presencia y ahora en muchas colonias del DF están construyendo o abriendo nuevas tiendas.

Acusó a sus colegas del PRD por no consultar –antes de discutirla y aprobarla- con los directamente “beneficiados”, los locatarios y sin más hoy se tienen las consecuencias, respaldadas por la Corte.

Durante la discusión en el Pleno, desde tribuna señalé –insistió la diputada priísta- que la Norma caía en la inconstitucionalidad, toda vez que restringía la libre competencia, situación que ante la promoción de un Juicio de Amparo se ganaría. “Hoy la Constitución confirmó mi dicho y existen 2 amparos de grandes cadenas transnacionales departamentales”.

Finalmente aseguró que la solución está en crear una nueva Ley de Mercados, consensuada con los locatarios quienes viven día a día los problemas de la competencia con su contraparte privada.

Cabe señalar que precisamente este martes 5 de julio, diputados del PRD se reunieron con el Ministro Presidente de la SCJN, Juan Silva Meza para iniciar la defensa de la Norma 29, ante la acción de inconstitucionalidad promovida por la PGR.

Se utilizó oportunamente el Presupuesto Participativo en 13 de las 16 Delegaciones Políticas, tres no cumplieron y tendrán consecuencia en la Contraloría del DF

Los Jefes Delegacionales de 13 demarcaciones del DF cumplieron en tiempo y forma al entregar el informe sobre los avances o compromisos de los recursos económicos etiquetados del Presupuesto Participativo que de manera conjunta diseñaron Comités Ciudadanos y la autoridad local, para mejoramiento, mantenimiento u obras nuevas en las colonias, barrios y pueblos originarios.

Con sus propias características, los documentos fueron de entre 3 y hasta 500 fojas en donde detallaron costos, obras, detalles en que vecinos y autoridad invirtieron los recursos en beneficio propio: más patrullas, nuevos elementos de seguridad, pinta de fachadas públicas, remodelación de banquetas, calles, arbolado, etc. lo que justificó, explicó la Presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana de la ALDF, Diputada Lizbeth Rosas Montero, que el ejercicio cívico/ciudadano del domingo 24 de octubre de 2010 fue exitoso.

Reconoció el trabajo de los jefes delegacionales de Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A Madero, Magdalena Contreras, Tláhuac, Venustiano Carranza, Iztapalapa, Iztacalco, Miguel Hidalgo y Xochimilco quienes a tiempo remitieron a la ALDF el reporte.

Quienes tendrán que enfrentar un proceso administrativo ante la Contraloría General del Distrito Federal, por incumplimiento al Artículo 13 transitorio del Decreto de Egresos para el ejercicio 2011, por omisión o lo que resulte al no informar a tiempo los gastos del Presupuesto Participativo, serán los titulares de Álvaro Obregón, Benito Juárez y Milpa Alta.

Rosa Montero indicó que ahora con los informes en la mano, la Comisión que preside notificará a la Contaduría Mayor de la Asamblea Legislativa, para que al auditar los gastos, notifique de manera específica el rubro de presupuesto participativo erogado y los beneficios que trajo a los ciudadanos.