Reiteran que la refomar amenza los derechos laborales y la independencia judicial
Este lunes 19 de agosto, cientos de trabajadores del Poder Judicial de la Federación de México iniciaron una huelga indefinida en respuesta a la controvertida reforma constitucional propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La reforma, que plantea que jueces y magistrados sean elegidos por voto popular, ha generado un fuerte rechazo entre los empleados del sector, quienes acusan al gobierno de atentar contra sus derechos laborales.
En un comunicado conjunto, varias organizaciones que representan a los trabajadores del Poder Judicial anunciaron la suspensión indefinida de labores en todos los juzgados y tribunales del país. «Se suspenden indefinidamente las labores en el Poder Judicial de la Federación en toda la República mexicana hasta que nuestras peticiones sean escuchadas», expresaron.
Los empleados del Poder Judicial argumentan que la reforma, que se discute actualmente en el Congreso, elimina la carrera judicial, un sistema que ha garantizado el ascenso basado en el mérito. Según los manifestantes, la propuesta de elegir a jueces y magistrados mediante voto popular no solo pondría en riesgo la imparcialidad de la justicia, sino que también implicaría la desaparición de beneficios laborales esenciales.
El presidente López Obrador ha defendido la reforma como una medida necesaria para erradicar la corrupción y los privilegios en las altas esferas del Poder Judicial. Durante su conferencia matutina, el mandatario afirmó que «lo que queremos es que desaparezca la corrupción en el Poder Judicial, sobre todo arriba», en referencia a las instancias superiores del sistema judicial. Sin embargo, la oposición y diversos sectores de la sociedad han expresado su preocupación de que estos cambios pongan en peligro la independencia del Poder Judicial y la imparcialidad en la impartición de justicia.
El paro laboral, que inició a la medianoche del lunes, ha afectado al menos 22 de los 32 circuitos judiciales en los que está dividido el país. Entre los estados más afectados se encuentran Baja California, Ciudad de México, Veracruz, y Nuevo León, donde los empleados han cerrado sus oficinas para unirse a la protesta. En la capital del país, alrededor de 3,500 empleados han dejado de trabajar en el edificio sede de San Lázaro, aledaño a la Cámara de Diputados.
A pesar del paro, los trabajadores han asegurado que se mantendrán guardias para atender casos urgentes, especialmente aquellos de naturaleza penal.
Mientras tanto, la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) ha iniciado una consulta entre sus 1,600 integrantes para decidir si se sumarán al paro a partir del próximo miércoles 21 de agosto. Los resultados de esta consulta se esperan para la noche de este lunes, lo que podría escalar aún más la situación.
La reforma aún debe ser discutida y aprobada por el Congreso, y podría enfrentarse a menos resistencia si el oficialismo logra la supermayoría necesaria para modificar la Constitución en la próxima legislatura, que inicia el 1 de septiembre. En cualquier caso, la huelga y la respuesta de los trabajadores subrayan las profundas divisiones y preocupaciones en torno a una reforma que podría redefinir el sistema de justicia en México.