Con una reserva de 13 mil millones para el proceso judicial, el presupuesto está sujeto a ajustes, pues aún se espera la resolución de la SCJN sobre la reforma al Poder Judicial
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó, por unanimidad, una solicitud de presupuesto por más de 33 mil millones de pesos para 2025, destinados a cubrir sus actividades ordinarias, así como la organización de la elección judicial y una posible consulta popular. Esta asignación se divide en tres partes: 15 mil 295 millones de pesos para actividades generales, 13 mil 205 millones de pesos como fondo precautorio para las elecciones judiciales y 4 mil 620 millones de pesos para la consulta popular.
Durante la sesión extraordinaria, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, justificó el monto de las elecciones judiciales, enfatizando la necesidad de prever la instalación de más de 170 mil casillas y la producción de materiales como urnas y boletas. Sin embargo, explicó que este presupuesto está sujeto a ajustes, dependiendo de las resoluciones judiciales sobre la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), que plantea una elección inédita de jueces y magistrados en 2025. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá la constitucionalidad de esta reforma el próximo 5 de noviembre, por lo que las consejerías recalcaron la incertidumbre jurídica que rodea el proceso.
Tensión por el costo de la elección judicial
La aprobación del presupuesto precautorio ocurre en medio de críticas al costo que implica la elección judicial. En respuesta a las preocupaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre el elevado presupuesto, consejeros como Carla Humphrey y Jaime Rivera argumentaron que, aunque existe incertidumbre sobre la implementación de la reforma, el INE debe cumplir con las disposiciones de la SCJN y prever los recursos necesarios para asegurar los derechos electorales de la ciudadanía. Rivera recordó que la SCJN ordenó desde 2020 al INE prever presupuestos para procesos de realización incierta, como en este caso.
Por su parte, la consejera Dania Ravel señaló que las suspensiones judiciales actuales han pausado las actividades preliminares para la elección de jueces, incluido el marco geográfico electoral, crucial para la organización y capacitación del personal electoral.
El impacto de la reforma judicial en el presupuesto
El presupuesto solicitado para las elecciones judiciales es significativamente mayor al de elecciones pasadas. Según cifras del INE, la elección federal de 2024, destinada a renovar el Ejecutivo y Legislativo federal, contó con alrededor de 8 mil millones de pesos; en cambio, el proyecto judicial requerirá más de 13 mil millones de pesos. Este incremento obedece a la complejidad logística que implica la elección de cargos judiciales, especialmente al requerir nuevos materiales y una distribución logística que abarca toda la república.
A nombre de Morena, el diputado Sergio Gutiérrez Luna pidió a las consejerías del INE explorar alternativas que permitan optimizar los recursos, sin comprometer la calidad del proceso. Mientras tanto, el representante del PAN, Víctor Hugo Sondón, insistió en la importancia de proteger la autonomía del INE frente a presiones políticas. En contraste, el diputado del PRI, Emilio Suárez Licona, señaló el alto costo del proceso judicial, indicando que los 13 mil millones destinados a esta elección equivaldrían a otros proyectos de infraestructura y salud pública.