La Coordinadora del GPPRD, en la ALDF, Alejandra Bárrales Magdaleno señaló que se equivocan los mandatarios de Jalisco y Morelos al tratar de combatir en la Corte la reforma al Código Civil del DF. Su concepto sobre la familia mexicana actual es obsoleto y desfasado de la realidad
Optan por descalificar las reformas en el DF para ignorar la violencia que aqueja a sus entidades, sentenció
La moral personal de los gobernadores panistas de Jalisco y Morelos no puede imponerse en el ejercicio del gobierno, sobre todo cuando se trata de la defensa de derechos fundamentales que consagra la Constitución, afirmó la presidenta de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del DF, Alejandra Bárrales Magdaleno.
Así lo señaló al referirse a las descalificaciones de ambos mandatarios a las reformas al Código Civil que legalizan el matrimonio entre personas del mismo sexo.
No extraña que los representantes de la derecha reaccionen en contra de una legislación que sólo pretende garantizar las condiciones de igualdad de todos los ciudadanos, pero es inaceptable que pretendan disponer de las estructuras legales de sus respectivas entidades para combatir una reforma que sólo compete a la representación legal y legítima del Distrito Federal llevar a cabo.
Al igual que la Procuraduría General de la República hizo en su momento, los gobernadores de Jalisco y Morelos se precipitan y equivocan respecto a las reformas al Código Civil aprobado por el pleno de la ALDF, porque su concepto de familia está desfasado de la realidad que compone a la actual sociedad mexicana.
Al gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, y al de Morelos, Marco Antonio Adame, les recomendamos serenarse y leer con cuidado las reformas que quieren descalificar porque, insistimos, nunca se modificó una sola coma al régimen de adopción de menores de edad, y los exhortamos a compararlo con el que está vigente en las entidades que gobiernan para darse cuenta que el del Distrito Federal es uno de los más acuciosos y garantes de los derechos y bienestar de los niños.
Es necesario destacar que una vez más se quiera centrar la atención en esas acciones de inconstitucionalidad, cuando son precisamente Jalisco y Morelos las entidades que enfrentan graves problemas de violencia y crimen organizado, pero cuyos mandatarios prefieren ignorar.
