Por: Guillermina Gómora
La convocatoria lanzada por el presidente Enrique Peña Nieto a los partidos y organizaciones sociales para establecer un pacto a favor del estado de derecho y combatir la corrupción e impunidad. Confirma la existencia de los vacíos institucionales a los que se refirió hace unos días.
Huecos que han sido tomados por delincuentes y gobiernos ineficaces de cualquier filiación política, provocando una pérdida de control en diversos estados, donde la ausencia de la aplicación de la ley ha costado vidas, inequidad social e inseguridad.
La corrupción y la impunidad han suplantado al estado de derecho, que debiera sustentarse en tres grandes pilares, el primero: Imperio de la ley, que brinde certidumbre jurídica, vigencia y respeto a los derechos humanos, con tribunales expeditos para actuar en la procuración e impartición de justicia vía la policía y los ministerios públicos. Lo sucedido en Guerrero y otras entidades evidencia los rezagos en este renglón.
El segundo pilar: el Congreso, un cuerpo legislativo comprometido con sus representados. Diputados y senadores que diseñen y aprueben leyes en beneficio de la población. Ahí están las recientes reformas estructurales aprobadas. Sin embargo, dicen los expertos, convendría verificar y supervisar la calidad de las leyes que se aprueban.
Y la tercera columna es un Gobierno eficaz, que cumpla su mandato con apego estricto a la norma, si no lo hace como fue el caso de Ángel Aguirre, se viola la ley y trastoca el estado de derecho con funestas consecuencias como lo hemos visto y padecido.
Aunque la definición del estado de derecho es flexible, pues se trata de un concepto sociológico-jurídico-político y se ajusta con el diario acontecer su vigencia debe prevalecer a fin de garantizar la validez de las instituciones y la eficacia de los gobiernos. De lo contrario enfrentaremos un déficit de estatalidad donde la autoridad no tiene con que hacer cumplir la ley.
Hoy se convoca a un Pacto por México, ojalá esta alianza además de combatir a los dos grandes lastres de nuestro país: impunidad y corrupción, contemple un pacto por la igualdad que incluya la justicia distributiva (repartición de la riqueza) la justicia penal y la justicia social.
México demanda una democratización de los grupos de poder, la lucha contra la corrupción debe ser como el combate al narcotráfico, sistemático y permanente en todos los ámbitos y niveles. Una estrategia gubernamental apoyada por la población para dejarle claro que si no se involucran para erradicarla se convertirá en una de las armas más efectivas que debilitará al país.
Vericuentos
Palabra de mujer
La cosecha inició en Sonora, la clase política priista del estado dio una muestra de la fortaleza del partido en la entidad que tendrá elecciones el próximo año. Cobijaron a la senadora Claudia Pavlovich, durante un evento que congregó a casi 30 mil personas. Ahí, la legisladora advirtió que los sonorenses están cansados de la corrupción e incapacidad del gobierno panista de Guillermo Padrés. Pavlovich, aprovecho el evento para hacer un reconocimiento al presidente Enrique Peña, a su paisano Manlio Fabio y a su coordinador Emilio Gamboa por los apoyos que le han dado al estado. Dijo que la dinámica transformadora encabezada por Peña Nieto, debe impulsar a Sonora, y eso se logrará con «unidad, honestidad y transparencia». ¡Bien por las mujeres que tienen visión de futuro!
Apretón legislativo al IFT
En la cuenta regresiva para que entre en vigor la portabilidad numérica de manera gratuita, y en un plazo de 24 horas, en beneficio de los consumidores de telefonía, el senador Javier Lozano, exigió al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que cumpla con la ley a más tardar el próximo 6 de noviembre y haga efectivo el derecho de los usuarios. Resulta que el IFT quiere otorgar un plazo de 90 días adicionales, es decir hasta el 4 de febrero de 2015, acción que disgusto a los integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, y en voz de su presidente, llamó a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que “vigile el cumplimiento estricto de estas obligaciones, porque así como es un derecho de los consumidores es una obligación de los prestadores de servicios, sean concesionarios o comercializadores”. ¡Órale!
@guillegomora