Aceptar o no un resultado electoral es cosa simple, casi tanto como peinar el cuello a la jirafa, diría Renato Leduc. Asumir las consecuencias de no lograr la admisión universal en una inconformidad, es asunto de otra naturaleza y complejidad. Cuando digo admisión universal de una inconformidad me refiero al comportamiento de todos los actores políticos, en especial los contendientes en un proceso impugnado.
Hasta el momento del anuncio de Andrés Manuel en torno de su desconocimiento del proceso electoral por las trampas del PRI, los demás participantes no se habían sumado a su petición (exigencia) definitiva, anular las elecciones y convocar a unas nuevas, si bien el PAN ya incorpora en su lenguaje de resurrección los elementos del gasto excesivo y la inducción o abierto mercadeo del voto ciudadano, cosa harto difícil de probar.
Aun si un ciudadano dijera: yo voté por dinero, necesitaría exhibir el “cuerpo del delito”. Y en el tambache de millones de boletas, va a ser muy complicado hallar las huellas de su pecado.
La actitud de impugnarlo todo no conllevaría complejidad mayor si no fuera por una anticipación ya conocida: la decisión del tribunal tampoco será aceptada por los quejosos, excepto si se logra la nulidad y se logra la victoria en una novedosa forma de la “segunda vuelta”.
Quizá sin proponérselo de manera abierta, la izquierda habría logrado una fórmula mexicana para la segunda vuelta. Y para la tercera y la cuarta.
En estas condiciones la tuerca dará otra vuelta –diría Henry James–; la reposición del proceso completo y la organización del siguiente, también dependería del Instituto Federal Electoral cuyo funcionamiento actual y actuación previa, ya han sido descalificados por los quejosos, tanto como la sentencia, aun no emitida, del tribunal sobre los comicios.
Si se llegara a organizar una nueva elección y no resultara vencedor quien ha impugnado la primera, ¿se podría pedir la anulación de la segunda invocando el sedimento de los delitos cometidos la primera vez? ¿Se recorrería una vez más el camino empedrado por las impugnaciones?
Sin tomar en cuenta las 6 mil tarjetas de Soriana detectadas, ha dicho Jesús Zambrano, presidente del PTD, habría un gasto (priísta) de mil 817 millones de pesos, cuando el tope era de 336 millones de pesos, casi seis veces más de lo que constituye el gasto de esta campaña.»
El jueves próximo la coalición “pejista” presentará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la solicitud de anulación y las pruebas de cómo se vulneraron los principios constitucionales de equidad, certeza, objetividad y legalidad.
Pero el tribunal mismo ya ha sido descalificado con base en una declaración de su presidente, Alejandro Luna Ramos, quien comentó (hace un año) la ganancia en la urna y la redención en la mesa. Aquí valga la pena una explicación:
Las palabras de Luna Ramos, jamás tuvieron relación directa con este proceso. Cuando él habló, ni habían comenzado las elecciones ni se habían presentado las impugnaciones.
Esas ideas, comentadas después en una entrevista en el Canal del Congreso, constan en el informe de labores 2010-2011. Fueron dichas doce meses antes de las elecciones. Así dijo:
“Con esa convicción ya comprobada en los hechos, ratificaremos que frente a la incertidumbre que todo proceso electoral competitivo genera, el Tribunal garantiza, en última instancia, certeza y legalidad.
“Que ante la expectación e inseguridad que las circunstancias nacionales en ocasiones y en algunas regiones provocan entre el electorado, el Tribunal ofrece seguridad jurídica y garantía para la protección de los derechos político-electorales.
“Nuestras razones, inquebrantables, definitivas, son las que postulan la Constitución y la ley, y de ahí, nadie, jamás, nos moverá.
“El Tribunal no hace política, la política la hacen los actores políticos.
“El Tribunal resuelve jurídicamente. Que nadie venga a hacer política al Tribunal, ya que nadie ganará en la mesa lo que no ganó en las urnas.
“Así, con el informe en el que rendimos cuentas, le decimos a la ciudadanía mexicana que puede ir a las urnas y participar en las contiendas electorales, con la seguridad y confianza de contar con la máxima autoridad electoral jurisdiccional que garantiza cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley, sin reservas, sin limitaciones, sin presiones.
“En este momento del país y ante los desafíos actuales de nuestra democracia, el mensaje del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación adquiere sonora relevancia y definitividad:
“¡Estamos listos para lo que venga y somos un Tribunal que cumple!”.
En esas condiciones vale la pena preguntarse si esas palabras eran una definición sustantiva o una frase coyuntural.
Para los actores políticos, en especial para los quejosos, no fueron ni lo uno ni lo otro, sino una advertencia del sesgo perverso e inevitable.
¿Pero advertencia contra quién si en el 2012 no se sabía quién se iba a inconformar ni por qué?
CALDERON
Irrumpe el presidente Felipe Calderón en los asuntos de dineros y tarjetas denunciados por el la coalición de Andrés Manuel.
Lo hace, entre otros foros, en Radio Mil. Habla con Leonardo Curzio y dice sobre la investigación de los votos sucios:
“No podemos quedarnos así nada más con qué tanto es tantito”.
Y después pide castigo si se llegan a probar hechos ilícitos. La única pregunta no planteada por el agudo entrevistador, fue: ¿castigar implica anular?
