Con el enésimo niño ahogado en el lecho del río Santa Catarina, la ciudad de Monterrey es hoy una analogía infalible de cuanto a la nación le ocurre en la muy mexicana costumbre de conocer por experiencia los riesgos y jamás impedir futuros resultados catastróficos mediante el infalible método de dejar el pozo abierto.
Diez años después del inicio de ese experimento inducido desde el exterior para darle al país al menos la apariencia suficiente para ofrecer una imagen democrática y ordenada, sin dinosaurios paseando por el Zócalo, no acierta la Presidencia de la República sino a enturbiar las cosas mediante la intromisión virtual en los procesos electorales como éstos de hoy donde 40 por ciento del país renovará sus mandos.
Daños a la equidad, les ha llamado el Instituto Federal Electoral a esos mensajes machacones en micro-cadenas de TV y radio (sin mencionarlos directamente, claro está) sobre la cantidad de empleos generados por el benefactor régimen a quien la crisis económica le ha hecho como el viento a Juárez o como Argentina a Alemania o bien la hasta ahora comprensiva facilidad de disminuir los trámites fiscales o la relativa extinción del Impuesto a la Tenencia y Uso de Automóviles.
Pura propaganda de tirar la piedra tirada y ocultar la mano.
Sin embargo el IFE, cuya velocidad es apenas la de un quelonio en su primera edad, descubre a estas alturas el huevo de Colón: la promoción de logros gubernamentales inhibe cuando no distorsiona o francamente anula la equidad en el proceso electoral. No tuvieron suficiente con aquel jinete cuya sabia recomendación era no cambiar caballo a la mitad del río. Ni siquiera del Santa Catarina.
El disimulo legal ante este tipo de persuasión masiva se mantiene en vigor pleno no obstante la célebre como inocua resolución del Tribunal Electoral del PJF sobre los riesgos a los cuales sometió el entonces presidente Vicente Fox la elección completa en cuyo recuento final llegó a Los Pinos Felipe Calderón (“haiga sido como haiga sido”) hoy el IFE pone un arriesgado par de banderillas… a toro pasado.
En fin, pensemos como el filósofo de Dolores Hidalgo: nada me han enseñado los años…
Dice el oportuno consejero Marco A. Baños, después de cuatro mensajes presidenciales de entusiasmo fiscal y laboral:
“El periodo de veda en el que nos encontramos, debe ser un momento de silencio por parte de los gobiernos, con el propósito de que los electores puedan reflexionar antes de votar… en un clima tan complejo como el que hoy vivimos, es responsabilidad de todos actuar con prudencia y con apego a la ley para generar las condiciones necesarias para que la gente exprese su voluntad en paz”, lo cual es además de una perogrullada una simulación, pues el tiempo de veda es cosa habitual y reconocida y por eso se hacen las promociones e inducciones del voto antes del lapso formal de silencio obligatorio. La veda debería ser permanente durante el periodo electoral no nada más las últimas 72 horas. Lo demás es caca de mono.
No se sabe de cierto, pero esto de la promoción de logros gubernamentales ofende a uno de los beneficiados con la divulgación de las cifras alegres. Según “La jornada”, el secretario del Trabajo, Javier Lozano digitó un mensaje en la red “Tweeter” donde todo yupi tiene su cuenta:
“Ahora resulta que reportar cifras de empleo es encabezas campañas del PAN. Nada les parece.”
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El Partido Revolucionario Institucional, cuyo santo vive de espaldas, haría denunciado esas y otras indebidas intromisiones del gobierno desde el momento de su inicio y por eso acudió ante la instancia responsable de conocer de estos asuntos; no el IFE por cierto de manera única, sino de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, (Fepade), donde hubo un resultado inmediato: “renunciaron” a la fiscal Arely Gómez debido a una divergencia de criterios. Claro, ella quería actuar y la PGR no la dejaba.
Por eso ha dicho Francisco Rojas, el promovente de las quejas y coordinador de los diputados del PRI en San Lázaro:
“Argumentar que la salida de la fiscal es por diferencia de criterios revela que la FEPADE adolece de la autonomía necesaria se desmiente así el discurso oficial que pretende alentar un clima de concordia y legalidad y se abre el camino para un conjunto de elecciones, como las de hoy en medio de un clima de intranquilidad”.
La renuncia de Arely, a quien se le ha ofrecido otro buen puesto en la Procuraduría General de la República a cambio de su discreción, se produce a unos días de que el Revolucionario Institucional presentara una denuncia en contra del titular de la Sedesol por el desvío de recursos públicos a las campañas del partido en el gobierno, y de una reunión de la ex funcionaria con diputados integrantes de la Comisión Especial que Vigila el Uso Correcto de los Recursos Federales, Estatales y Municipales en los Procesos Electorales.
En este sentido vale la pena consignar, así sea para asuntos del futuro, el punto de vista de Jesús Murillo Karam, secretario general del PRI quien atribuye la divergencia de criterios cuyo peso empujó a la calle a la fiscal, a sus diferencias con Roberto Gil el siempre educado subsecretario de Gobernación, quien acepta haberse reunido con la ex servidora pero rechaza haber influido en su renuncia o representar uno de los criterios en conflicto.
Y le dice a Murillo: por sentido del honor revele su fuente. Ya se parece a su jefe quien para todo arguye el honor. Testigo de honor, sentido del honor. ¿Y eso quien lo define, lo decide, lo promulga o lo hace obligatorio para los demás? ¿Quién tiene en México el monopolio del “honorómetro”?
Pero hoy cuando los ciudadanos de 14 estados de la república salen a las calles (no importan la proporción, la cantidad o el entusiasmo; la elección vale sin importar el número de sufragios emitidos, el país se halla metido en una zona demasiado oscura como para sentirnos satisfechos.
Entre los asesinatos políticos, los amagos caciquiles, las alianzas cuyo fin último es la “purificación étnica” en la política nacional; los llamados a una unidad ya lograda al menos en el miedo colectivo; los huracanes devastadores, la juventud sin horizontes, las renuncias de temerosos funcionarios de casilla, las ejecuciones ya imposibles de contabilizar; la amenaza de endurecimiento oficial contra cualquiera, hasta los defensores de Derechos Humanos con el sambenito de “tontos útiles” colgado del sayo, el país simula una vez más la democracia.
Uno de esos sabios de alquiler a quienes recurre con frecuencia el neo sistema para legitimar sus dichos (con lo cual termina de deslegitimarlos) ha explicado muy sentencioso: la democracia no termina en las urnas. Pues aquí ni ahí comienza.
Cuando el juego electoral ya está descalificado antes de arrancar la jornada comicial (por lo menos en Puebla, Oaxaca y Veracruz), poco se puede abonar al orgullo de los “autónomos” institutos locales electorales y menos al árbitro central cuyo silbato es parte cotidiana de su dieta. Se lo traga cada y cuando le conviene.
Pero, para eso existe el benemérito Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para decidir entre cinco aquello imposible para los votantes.
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Si en sus peores momentos John Gavin, embajador de Ronald Reagan en México e iniciador de la “colombianización” nacional, al menos en cuanto al establecimiento de un proyecto de respaldo militar en contra del narcotráfico, fue considerado un “procónsul”, hoy Carlos Pascual se declara a sí mismo un “Lord protector”.
La verdad uno no sabe cómo asimilar estas declaraciones previas a la fiesta nacional del 4 de julio y apenas posteriores al asesinato de Rodolfo Torre:
“…los asesinatos cometidos esta semana por el crimen organizado no van a quebrar el compromiso que ambos países tienen con los principios de libertad y responsabilidad”. ¿Entonces lo importante es la alianza, no el país?
