No piden la renuncia del gobernador, exigen un juicio político, lo cual los coloca un peldaño más en la estrategia de lucha.
Cuando la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, APPO, puso contra la pared al gobernador Ulises Ruiz el grito de guerra se hizo famoso: ¡Ulises ya cayó!, ¡Ulises ya cayó!
Entre mayo y diciembre (aún cuando el movimiento culminó oficialmente un mes antes) la ciudad de Oaxaca sufrió un estrangulamiento social y turístico y una inestabilidad económica, cuyos resultados tardaron mucho tiempo en revertirse.
El movimiento magisterial cuya culminación política fue la creación de la dicha APPO se mantiene fuerte. Quizá haya ganado poder, tanto como para ver hoy a uno de sus incendiarios líderes, Flavio Sosa, después de su estancia en la cárcel convertido en vergonzosa muestra de la calidad del poder legislativo oaxaqueño.
Hoy en Guerrero, tierra de reivindicaciones sociales históricamente aplazadas, cuando ni reprimidas, un movimiento estudiantil de radicales alterados y fácilmente manipulables, cuyo pésimo manejo produjo más muertes en un día de los contabilizados por el conflicto oaxaqueño en sus primeros meses, pone en entredicho no sólo la capacidad política (bastante pobre, por cierto) del gobernador Ángel Aguirre Rivero, sino de la estrategia nacional de profesionalización policiaca e intervención federal en asuntos de alta peligrosidad.
La crónica del mitin de los “Ayotzinapos”, cuya presencia ayer en las calles del puerto de Acapulco (saliente apenas de la más grave crisis turística de su historia), no nos hace sino recordar los días iniciales del largo problema de Oaxaca, pero con una salvedad inteligente por parte de los quejosos: no piden la renuncia del gobernador, exigen un juicio político, lo cual los coloca un peldaño más en la estrategia de lucha.
Así pues, el eco de aquellos gritos resuena por los caminos del sur: Ángel ya cayó…
Por lo pronto, muchos salvavidas caen en el encrespado mar del naufragio dos veces gobernador de Guerrero. Uno, el de la televisión, cuya capacidad publicitaria, por paradoja, se presenta en pleno conflicto (la noche del lunes) en el Canal de las Estrellas para hablarnos de la alta cultura del pueblo guerrerense; de sus bailes, de su música, de sus “chilenas” y sus “chiles fritos”, mientras en el mundo real el conflicto crece y crece, tanto como para no permitirle al gobernador terminar el tradicional Paseo del Pendón en Chilpancingo, parte esencial de esas fiestas tan costosamente promovidas (casi dos millones de dólares) en la TV.
Triunfar en la tele y fracasar en las calles. Esa es la tónica del gobierno aliancista de Guerrero.
Taimado y falsamente modesto, Aguirre propone la mediación de la sociedad civil —hasta de Javier Sicilia y Emilio Álvarez Icaza—para investigar los hechos, cuando quien debe intervenir, como lo está haciendo, es el Ministerio Público para saber quién paga los platos rotos y las muertas por abuso policial.
El movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad ha dicho:
“Exigimos sanción a los responsables y condenamos el asesinato de los estudiantes normalistas y con ello, pedimos que se esclarezca quién ordenó la actuación desmedida de los cuerpos de seguridad pública.
“Nos sumamos al llamado de las organizaciones de derechos humanos que piden la destitución del Secretario de Seguridad Pública del estado de Guerrero, Ramón Almonte Borja, para que se garantice una investigación efectiva de la agresión que sufrieron los estudiantes”. Todo lo demás es el anzuelo hasta el fondo.
Ayer en la Cámara de Diputados, César Augusto Santiago (PRI) propuso una comisión legislativa para investigar la represión. De esa comisión podría derivarse una ramificación peligrosa del conflicto. Bajo estas dos posibilidades:
1.—Si los tiradores son elementos de la Policía Federal Preventiva la estrategia de sustitución de fuerzas policiales corrompidas se vendrían abajo. Y con ese derrumbe se presentaría una oportunidad para los detractores del método bélico del presidente Calderón en cuanto a los atropellos contra Derechos Humanos de confirmar sus acusaciones.
No fueron en todo caso, bajas en combate, no se trataba de un operativo contra la delincuencia (por muy violentos, delictivos y “terroristas2” como hayan sido los métodos para bloquear la carretera e incendiar parcialmente la gasolinera) sino del uso de la fuerza excesiva contra integrantes de un movimiento social de cuyos planteamientos ya se tenía conocimiento.
2.—Si la brutalidad policiaca provino de las fuerzas estatales, con métodos dignos de los “locos” de la senadora Corichi, su socia, Ángel Heladio comprobaría una vez más su ineptitud. Su desapego al cargo y la forma como deja hacer y deja pasar a cambio de la libertad empresarial para él y sus familiares, pues esa es la tónica de su administración.
Pero en la lógica política, Aguirre ha sumado adhesiones y se mueve en un terreno oscilante. Quiere quedar bien con Dios y con el diablo y sostenerse en el cargo, a pesar de la posibilidad del juicio político. Este no se logrará, pero el gobernador quedará como rehén de muchos grupos, como si no hubiera sido suficiente la cantidad de compromisos con los cuales llegó al poder.
Bueno, si a eso se le llama poder.
