Mientras el gobierno asegura que se respetarán los derechos humanos, organizaciones civiles y la oposición critican la medida por considerar que pone en riesgo la naturaleza civil de la seguridad pública
La Cámara de Diputados ha aprobado una reforma constitucional que transfiere el control de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), generando preocupaciones por una posible militarización del país. La iniciativa, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue avalada con 362 votos a favor y 133 en contra, en medio de críticas de la oposición y organizaciones civiles.
La reforma y su alcance
Con esta modificación, la GN, que fue creada en 2019 para sustituir a la extinta Policía Federal, quedará bajo control operativo y administrativo de la Sedena, aunque sus tareas seguirán enfocadas en la seguridad pública. La reforma contempla que la Guardia Nacional colabore con el Ministerio Público en la investigación de delitos, coordinándose con otras instituciones de seguridad. No obstante, más del 80% de los elementos de la GN provienen del Ejército y la Marina, lo que ha intensificado el debate sobre su carácter civil.
Respuestas del gobierno
Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, aseguró que la reforma no representa una militarización, ya que las decisiones serán tomadas por un poder civil, la figura presidencial, y no por mandos militares. Subrayó que los derechos humanos serán respetados y que la colaboración con Estados Unidos en temas de seguridad debe mejorar, especialmente en relación con el combate al narcotráfico.
Por su parte, el presidente López Obrador ha defendido la necesidad de fortalecer la GN mediante su adscripción a la Sedena, argumentando que esto permitirá mejorar la seguridad en el país.
Preocupación por posible militarización
No obstante, organizaciones como México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez han manifestado su preocupación. MUCD ha señalado que la reforma representa un retroceso para la democracia, al acelerar el proceso de militarización y otorgar mayores facultades a las Fuerzas Armadas, permitiéndoles realizar tareas más allá de la seguridad pública. La modificación al artículo 129 de la Constitución permitiría que las Fuerzas Armadas intervengan en diversas áreas de la vida pública, algo que consideran inaceptable en tiempos de paz.
El Centro Prodh, por su parte, ha advertido que la reforma elimina la garantía de que las instituciones de seguridad pública mantengan un carácter civil, calificando el cambio como «un paso sin retorno hacia la militarización». Estas preocupaciones se centran en el temor de que el control militar sobre la seguridad pública pueda erosionar los derechos humanos y las libertades civiles en el país.
La oposición en la Cámara de Diputados, encabezada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), ha expresado su desacuerdo con la reforma. Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI, calificó como un «despropósito» que los militares asuman funciones de investigación del Ministerio Público, argumentando que se desaprovechó la oportunidad de fortalecer a las policías civiles. Por su parte, el diputado del PAN, Miguel Monraz, criticó lo que considera una incongruencia por parte del gobierno de López Obrador, quien en el pasado se opuso a la militarización.
La reforma ahora se dirige al Senado para su discusión y posible aprobación final. Mientras tanto, el debate sobre la militarización y el futuro de la seguridad pública en México sigue abierto, con posturas polarizadas entre quienes ven en la reforma una solución para combatir la violencia y quienes temen que aumente el control militar en la vida civil del país.