Un total de 22 mandatarios afines a Morena se sumaron a las críticas contra los ocho magistrados que votaron para que la Guardia Nacional tenga control civil y no militar
Un día después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitiera su fallo en el que considera inconstitucional que la Guardia Nacional esté bajo control operativo y administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), este miércoles el populista presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra los magistrados de la Máxima Corte del país, por no comulgar con sus decisiones, reacción de la que hicieron eco 22 gobernadores del partido guinda o afines al mandatario, que de esta manera y tal vez sin conocer de fondo el ordenamiento de carácter civil que debe regir la actuación de la GN quisieron quedar bien con el mandatario.
El grupo autodenominado “Gobernadoras y Gobernadores de la Cuarta Transformación” acusaron que ocho de los 11 ministros de Máxima corte del país actuaron políticamente, al quitar el control de la Guardia Nacional a la Sedena.
Sin conocer a fondo lo que implicó la reforma que promulgó el Gobierno Federal en septiembre de 2022 para trasladar la operación de la Guardia Nacional a la Sedena, en vez de a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
La reforma constitucional que creó a la GN en 2019, tras la desaparición de la Policía Federal, se establece que la administración de este cuerpo de seguridad que integran 128.000 elementos, debe estar a cargo de la SSPC, con control civil y no militar.
“Rechazamos el fallo. De manera reprobable, la mayoría de los ministros faltaron a su deber al no analizar el proyecto jurídicamente sino políticamente”, señalan en un pronunciamiento conjunto y a través del cual los gobernadores aplaudieron el voto a favor de la transferencia de la GN al Ejército Mexicano.
“La naturaleza civil o militar de una corporación se define con sus objetivos y entrenamiento, en el caso de la Guardia Nacional se trata de una tarea civil: mantener la seguridad pública. La intervención de la Sedena se limita actividades de control y operación como una Secretaría de Estado civil cuyo jefe es el Presidente de la República”, argumentaron los 22 mandatarios estatales.
En la misma línea, expresaron su apoyo a López Obrador para que en septiembre del 2024 envíe una iniciativa al Congreso de la Unión, en un nuevo intento, para que la Sedena tome el control de la GN.
Con una violencia e inseguridad que no cede y que sigue desangrando al país, con una política de “Abrazos no balazos” que ha sido un fracaso y que sólo para la 4T ha arrojado buenos resultados cuando las muertes violentas y control de grupos del crimen organizado en varias partes del país son evidentes, los 22 gobernadores alegan que el regreso de la GN a la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC)afectará en el esquema de seguridad.
“La presencia de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas en nuestras entidades ha sido fundamental para reducir la incidencia delictiva y para contribuir en la pacificación del país, por eso respaldamos la propuesta del Presidente de enviar una reforma constitucional que blinde a la Guardia Nacional y evite repetir las antiguas prácticas del régimen autoritario y corrupto del pasado”, justificaron.
Algunos gobernadores que enfrentan graves niveles de inseguridad en sus estados, pese a la presencia de la Guardia Nacional con instrucción militar son Michoacán, San Luis Potosí, Guerrero, Chiapas y Guerrero, entre otros.
Los gobernadores de la 4T firmantes del desplegado son: Marina del Pilar Ávila Olmeda (Baja California); Víctor Manuel Castro Cosío (Baja California Sur); Layda Elena Sansores San Román (Campeche); Rutilio Cruz Escandón Cadenas (Chiapas); Claudia Sheinbaum Pardo (Ciudad de México); e, Indira Vizcaíno Silva (Colima).
Evelyn Salgado Pineda (Guerrero); Julio Ramón Menchaca Salazar (Hidalgo); Alfredo Ramírez Bedolla (Michoacán); Cuauhtémoc Blanco Bravo (Morelos); Miguel Ángel Navarro Quintero (Nayarit); Salomón Jara Cruz (Oaxaca); Sergio Salomón Céspedes Peregrina (Puebla); y, María Elena Hermelinda Lezama Espinosa (Quintana Roo).
Otros firmantes son José Ricardo Gallardo Cardona (San Luis Potosí); Rubén Rocha Moya (Sinaloa); Alfonso Durazo Montaño (Sonora); Carlos Manuel Merino Campos (Tabasco); Américo Villarreal Anaya (Tamaulipas); Lorena Cuéllar Cisneros (Tlaxcala); Cuitláhuac García Jiménez (Veracruz); y David Monreal Ávila (Zacatecas).