Por Guillermina Gómora
Bronca de cuidado enfrentan las autoridades capitalinas recién llegadas, luego de los errores cometidos el pasado 1 de diciembre durante los actos vandálicos registrados en avenida Juárez. La tozudez de Marcelo Ebrard y la impericia durante el operativo del entonces jefe de la policía, Luis Rosales Gamboa, generaron un conflicto que transgrede los derechos y obligaciones de los involucrados. Le platico por qué.
Durante los disturbios y protestas en las cercanías de la Cámara de Diputados y en el Centro Histórico, que terminaron con casi un centenar de detenidos, heridos y destrozos importantes en los comercios de estas zonas y la remodelada Alameda, las autoridades y los inconformes se condujeron de manera arbitraria, violenta, premeditada, alevosa, violando las leyes y los estatutos sociales. Ambos cayeron en el garlito de buscar una víctima para empañar el inicio de un nuevo gobierno, provocando un galimatías del cual no pueden salir, que deja mal parado al ex jefe de gobierno, a las policías federal y local y le pega al talón de Aquiles de los gobiernos de izquierda en la capital: el respeto a los derechos humanos.
La falta de previsión y control fue evidente. Pecaron de exceso de confianza. Basta recordar el linchamiento de Tláhuac y el operativo en el News Divine. No aprendieron la lección. La seguridad pública no es su fuerte, exige una revisión detallada de sus procedimientos e integrantes. Desde el ámbito policiaco hasta la procuración e impartición de justicia, con claro énfasis en el respeto a las garantías individuales. Sobre todo en un gobierno que inicia, conoce el tema y debe sacudirse estos lastres de sus antecesores.
La factura por los excesos cometidos ha sido alta. Los agraviados, inocentes o culpables, han pisado la cárcel y siguen bajo proceso. La acción de las diferentes autoridades implicadas ha quedado en entredicho y se investiga. Lo paradójico es que se trató de fuego amigo, ya que los inconformes militan en el grupo político de AMLO y pertenecen a Yo Soy 132. Ebrard dijo en una conferencia de prensa que los ataques habían sido planeados con deliberación y que no quedarían impunes. «No nos van a intimidar”, sentenció al final de su gobierno. Una administración tolerante con éstas y otras organizaciones acostumbradas a conducirse con impunidad durante sus manifestaciones públicas y que se negó a evitar, contener o reprimir. Por el contrario, las justificaba sin importar el hartazgo o afectaciones de diversa índole a la población. Los ciudadanos siempre salimos perdiendo.
Ahora los mártires del 1 de diciembre, los que organizan protestas pacíficas, van por más y piden a la Asamblea Legislativa (ALDF) derogar el artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal, el cual dice: “Se le impondrán de cinco a treinta años de prisión y suspensión de derechos políticos hasta por diez años, al que mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendio, inundación o violencia extrema, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que perturben la paz pública o menoscaben la autoridad del Gobierno del Distrito Federal, o presionen a la autoridad para que tome una determinación”.
Los valientes opositores, que embozados violentaron la paz y el orden público, argumentan que fueron injustas las detenciones realizadas por las autoridades y que esta norma jurídica contradice la Protección de las garantías individuales. Al respecto, la diputada Dinorah Pizano Osorio, del PRD, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de ALDF, presenta hoy al pleno la iniciativa para su modificación, pues afirma que “el artículo 362 «promueve la criminalización de los jóvenes» y que no lo permitirán. A esta causa se sumaron los senadores de izquierda Alejandro Encinas y Dolores Padierna, junto con Layda Sansores, de Movimiento Ciudadano, y presentaron dos puntos de acuerdo ante el pleno del Senado, en los que sugieren a la ALDF eliminar ese artículo. Los legisladores y los violentos nada han dicho de los comerciantes y ciudadanos afectados por los disturbios. ¿Será que estos últimos no tengan derechos humanos y no puedan exigir la aplicación de la ley?
En fin, ahora se ha puesto en la mesa del análisis, la discusión para derogar el artículo 362 del Código Penal capitalino; la regulación o prohibición del uso de máscaras en las marchas y la revisión de los protocolos de actuación de la policía del DF (que ni ellos saben que existen), pues los hechos referidos dejaron al descubierto la falta de coordinación y ausencia de mando ante los manifestantes encapuchados, armados con palos y bombas molotov. Así como la ineficacia de las cerca de 3 mil cámaras instaladas en el perímetro del Centro Histórico si los vándalos van cubiertos del rostro. ¿Cómo identificar a estos demócratas que agreden, roban y atacan a policías?
Se abre entonces la polémica sobre estos tres temas ligados a los derechos humanos. Los inconformes dicen que se atropella la libre expresión de ideas, de manifestación y que se incurre en la discriminación al prohibir el uso de aditamentos o máscaras que cubran el rostro de las personas que participen en marchas. En la ALDF, mayoritariamente perredista, reconocen que es necesario legislar sobre la materia, pues durante las concentraciones más de un opositor se cubre el rostro, para cometer actos ilegales. En este marco revivió aquella propuesta de regular las marchas, pero ésa es otra historia que ya revisaremos. Por lo que toca a establecer normas en el DF, para evitar que las personas se cubran el rostro durante las protestas, está abierto el foro.
Como en otras ocasiones México registra rezago. En Montreal, Canadá, existe una ley que castiga hasta con 10 años de cárcel a las personas que se cubran el rostro durante manifestaciones pacíficas, sobre todo si éstas se tornan violentas. En Nueva York, el uso de máscaras en este tipo de actos no se tolera desde 1854. En Rusia, una reforma legislativa establece el pago de cuantiosas multas a las personas que participen en manifestaciones no autorizadas; estas disposiciones incluyen la prohibición de cubrirse el rostro con cualquier tipo de objeto. En Francia, la ley prohíbe que sus ciudadanos oculten su rostro con máscaras, cascos, pasamontañas o velos no sólo en manifestaciones, sino en cualquier lugar público, todo ello con el objetivo de facilitar la identificación de una persona a través del reconocimiento facial en cualquier momento y circunstancia. (Excélsior 13 diciembre)
Llegó la hora para la ciudad de México. Miguel Ángel Mancera se ha conducido con firmeza y habilidad política. Los inconformes deben tener claro que no tratan con Ebrard. Así que debemos mostrar madurez y civilidad. Cerrar el paso a la impunidad y a la violencia. Querían un mártir el 1 de diciembre, no lo lograron. Fuera máscaras y bienvenida sea la legalidad.
Vericuentos
Goya por la educación
La educación construye sociedades libres, eso lo sabe el rector de la UNAM, José Narro, y pone manos a la obra a través de su proyecto “Transformar el Sistema Educativo Nacional. Diez propuestas para diez años”, que busca combatir el rezago en educación que afecta a 32 millones de mexicanos. Le apuesta a formar ciudadanos generadores de riqueza en todos los ámbitos. Académicos de la máxima casa de estudios trabajaron en el documento que plasma la preocupación de un hombre comprometido con la academia y la formación de profesionales competitivos, que convoca a la participación de todos en un tema toral, como nación y sociedad.
Por vacaciones navideñas, nos leeremos el próximo 8 de enero de 2013. Agradezco su atención y le deseo lo mejor para el año venidero.