¿Cuándo se convirtió el feminismo de una corriente filosófica al estilo de Simone de Beauvoir en una agenda de oportunismos incontenibles? No lo sé. Quizá fue cuando se convirtió en la herramienta de ascenso de algunas señoras en los partidos políticos. Posiblemente cuando los vivales de toda la vida se dieron cuenta de la facilidad con la cual ha sido posible manipular al “movimiento” para convertirlo en ariete o proyectil en contra de los adversarios indefensos ante las oleadas de censuras “políticamente correctas”.
Pero en la actual lucha política, la denuncia de innumerables feminicidios (sin hallar en esta calidad jurídica o penal una definición única y universalmente válida, por cierto) es algo bastante socorrido.
Una muestra de ello es la existencia de las llamadas “alertas de género”, herramientas descalificadoras mediante las cuales se desea alertar al mundo sobre la incidencia perversa de feminicidios en algún lugar donde los derechos y la vida de las mujeres corren peligro con el consiguiente descrédito de la autoridad política.
Una de esas “alertas” quiso ser dispuesta a fines del mes pasado desde el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) contra el gobierno del Estado de México.
La petición fue rechazada debido a su notorio tinte político contra el gobierno de esa entidad, donde una incidencia de delitos de esta naturaleza lo coloca en el sitio 22 del país, por debajo de Chihuahua o Baja California y otras 19 más, para ninguna de las cuales se han solicitado alertas de este tipo en fechas recientes.
Obviamente presenciamos el feminismo militante no de su propia causa sino adherido a las estrategias oportunistas de los partidos opositores al gobierno mexiquense, precisamente en los meses previos a la mayor actividad política sexenal: el cambio de gobernador.
He planteado todo esto para ubicar en su debido contexto lo ocurrido ayer en Toluca, donde Enrique Peña Nieto convirtió las conclusiones de un foro sobre “Desarrollo y Plena Participación de la Mujer”, en un paquete legislativo sobre el cual trabajar en el futuro, al margen de la lucha política, y cuya densidad y amplitud deja sin argumentos a quienes lo han acusado de omiso en toda la problemática femenina.
“No permitiremos —dijo Peña al exponer los resultados y consecuencias jurídicas del foro—, que la politización de este tema nos aleje de cumplir con una responsabilidad mayor que tenemos: erradicar la violencia contra las mujeres”.
El dicho foro contra la violencia, la desigualdad y el crimen tuvo cinco líneas básicas: marco legal en favor de la mujer; fortalecimiento institucional; infraestructura; sensibilidad y eficacia gubernamental y cambio cultural.
Las acciones correspondientes al primer rubro, consisten en la presentación (en marzo, ante la LVII Legislatura local) de un paquete de reformas para modificar y adicionar el Código Penal; el de Procedimientos Penales, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México. También será sometida a consideración del Congreso mexiquense, una nueva Ley de Atención a Víctimas del Delito.
El nuevo “corpus” jurídico en la materia femenina, implica el concepto de violencia feminicida; establece un sistema de medidas cautelares de emergencia, para resguardar a la víctima de la violencia de género; amplía los derechos de las víctimas, precisa los conceptos de daño y los mecanismos para restitución, indemnización y/o reparación del daño según sea el caso.
Para lograr el “fortalecimiento institucional” se crea la Subprocuraduría para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género. La iniciativa se publicará de inmediato en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado; con ello desaparece la anterior Fiscalía y se crea una nueva Unidad Administrativa con mayor eficacia, en cuyo funcionamiento trabajarán un grupo especializado de investigadores y 200 nuevos policías dedicados a la investigación de delitos cometidos contra las mujeres.
De forma complementaria, será creada una Visitaduría en contra de la violencia feminicida, integrada por autoridades y ciudadanos, con el objeto de transparentar las acciones gubernamentales y detectar prácticas erróneas y experiencias exitosas; dos centros de justicia especializados, anunciados anteriormente, se convertirán en tres Centros Regionales de Atención Integral de Violencia de Género, uno en el Valle de Toluca y dos en el Valle de México, donde se brindará atención exclusiva a las mujeres bajo un enfoque multidisciplinario. También serán reestructuradas las 17 agencias del Ministerio Público especializadas en Violencia Sexual y Familiar, para que también lo sean de violencia de género.
Obviamente los opositores a Peña (calificado en la punta del futuro por todas las encuestas habidas hasta ahora) lo criticarán por hacerlo y dejar sin bandera a muchos de sus críticos.
Quizá se lo digan también al jefe del Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, quien en su fiesta “Amor… es sin violencia”, celebrada el mero día de los novios, anunció la presentación (8 de marzo) de una iniciativa para configurar jurídicamente su nueva estrategia para contener, prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres y con ello disminuir el número de feminicidios en el Distrito Federal.
