Pocas “revelaciones” presidenciales tendrán la repercusión de los discursos de Felipe Calderón en Puerto Vallarta el pasado miércoles y en la Ciudad de México el jueves siguiente en cuyo verbo iracundo el Ejecutivo hizo varias cosas, entre ellas respaldar la veracidad crítica del “gobierno legítimo”.
Vayamos por partes.
A lo largo de muchos años el ex candidato presidencial, AMLO, ha sostenido en todo tipo de foros, como tema recurrente, el favoritismo hacia las grandes empresas privadas a las cuales ha señalado, entre otras cosas, como respaldo económico y ético de las campañas presidenciales del PAN (como antes del PRI).
El y su asesor económico, Mario Di Costanzo, han explicado hasta la saciedad las inicuas condiciones entre los mortales y los hombres de la plutocracia y la oligarquía, aun cuando ahora el CCE gimotea por las alusiones sin nombre; las denuncias en bloque y la inexistencia de una lista de aprovechados.
Veamos. Apenas el pasado 24 de octubre AMLO –en recorrido por las miserables serranías de Oaxaca–, explicaba:
“… el régimen de consolidación fiscal les permite a las grandes empresas evadir impuestos…
“… Se refirió (La Jornada) a firmas como Coca-Cola, Bimbo, Cemex, Maseca, Banamex, Bancomer y Teléfonos de México… Se pronunció por abolir el régimen de consolidación fiscal pues “contradice a la Constitución, porque no existe progresividad. No es posible que una persona –un profesionista, un trabajador asalariado, un pequeño o mediano comerciante- pague mil 500 por ciento más de impuesto sobre la renta que el hombre más rico de México”.
“Quien gana más de 33 mil pesos como asalariado paga, insistió, 28 por ciento de ese gravamen, mientras 400 grandes empresas, con ingresos por 5 billones de pesos al año, “es decir la mitad del producto interno bruto”, sólo pagaron 1.7 por ciento… el régimen de consolidación fiscal fue establecido en 1973, durante el sexenio de Luis Echeverría (1970-1976), “y se ha mantenido para permitir a las grandes empresas evadir el pago de impuestos”.
“… exigiremos que “el tema se ventile, se debata nacionalmente porque esto no lo sabe la gente. Cuando se sepa va a generar naturalmente una reacción”. O sea, “¿con qué autoridad moral piden a todos los mexicanos que paguen más impuestos si éstos no pagan?”, preguntó.
Quizá esta reiterada y nunca desmentida invocación a la falta de autoridad moral produjo las airadas expresiones de Calderón, quien en tono molesto, con el ceño fruncido y la voz tonante (como Júpiter), dijo todo esto, con lo cual no sólo confirma sino respalda la permanente denuncia de su opositor:
“… estamos trabajando –dijo FCH-, para cumplir nuestro deber de hacer eficiente la Administración Pública, de hacer más con menos. Y así como el gobierno federal está haciendo su parte, así como ustedes están haciendo su parte por la tremenda restricción de recursos que hay en las arcas municipales, pienso que todos debemos hacer una parte en esta tarea.
“Se le exigió al gobierno federal reducir su gasto y reducirlo palpablemente, lo hemos hecho (¿?) a pesar de la enorme dificultad de las decisiones que teníamos que tomar. Y yo pido ahora a muchos sectores que, precisamente, asuman su responsabilidad en la gravedad de las finanzas públicas y del momento nacional.
“Es fundamental que entendamos que todos, todos los mexicanos, salvo los que menos tienen, los que viven en la pobreza extrema, los que no tienen, verdaderamente, ingreso; todos quienes tenemos en mayor o menor medida de hacerlo, podamos aportar al gasto nacional.
“Y si esto es obligado para cualquier ciudadano, en términos de la Constitución y en términos de la justicia, lo es más, más obligado para quien más tiene y más ha recibido; para quien más gana, para las empresas que más ganan: Y si esto es obligado para las empresas que más ganan, es más obligado todavía para las empresas que más ganan y que rara, rara vez pagan impuestos en el país”.
Y el jueves por la mañana dijo:
«Está bien que tengan actividades filantrópicas y que patrocinen eventos deportivos y culturales y que nos regalen equipos médicos pero que también paguen aunque sea una parte de los impuestos que necesitan los mexicanos». Y ya encarrerado acusó:
«Lo que me parece inaceptable es que haya grandes corporativos que le exigen al gobierno que recorte su gasto y el gobierno lo recorta; que le exigen al gobierno que ponga impuestos sobre alimentos y medicinas de la gente más pobre… a la hora de ver sus cifras en promedio pagan el 1.7% de impuestos durante varios años. Esto ya no puede ser.
«Estoy pidiendo que paguen su parte, que cumplan con la ley».
¿Será este el prolegómeno de un emparejamiento de los cartones? Ya se golpeó a los trabajadores y a la izquierda con el asunto de la Compañía de Luz. Ahora vendría bien un público escarmiento a los socios de la oligarquía. ******************
Esta insistencia (dos convocatorias-condena en dos días) no hace sino confirmar la admisión moral de las críticas de sus oponentes políticos. El presidente tiene en Agustín Carstens (ese cuya información es insuficiente, según el senador Ricardo García Cervantes) al hombre cuya función es evitar la evasión especialmente de los grandes contribuyentes cuyas influencias políticas los convierten en minúsculos aportantes al erario nacional.
Pero además desde la noche del jueves tiene en este rotundo funcionario un incómodo defensor. Sofocado y sin argumentos reales, el señor secretario de Hacienda se vio obligado a desmentirse a sí mismo para proteger a su jefe quien había recibido carretones de censuras y hartas expresiones de acrimonia por parte de los empresarios a quienes genéricamente acusó de evasores y casi casi malos mexicanos.
Agustín Carstens se vio forzado a meter la reversa cuando él ni siquiera iba manejando el carromato, palabra esta cuyo significado es carro loco. Y lo hizo con estas palabras sin sustento: El gobierno de México no busca vulnerar la solvencia financiera de las empresas.
Pues no, eso es tan obvio como su categórica afirmación en torno de la finalidad recaudatoria del “paquetazo” de las jaquecas defendido con enjundia ante los senadores el miércoles por la tarde noche. Nadie quiere vulnerar su solvencia, excepto si ésta depende su crónica elusión fiscal, practicada con base técnica o sin ella. El hecho ya fue calificado por el presidente de la República así haya enviado a su pelotero estrella a salvar el juego cuando ya era demasiado tarde.
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Pero volvamos al asunto central, las duras palabras presidenciales. Obviamente no son iguales una denuncia desde la oposición y una afirmación en el mismo sentido desde la autoridad constituida. Y no lo son por la diferencia de capacidades.
El opositor político puede gritar; el presidente puede (y debe) investigar, perseguir (fiscalizar) y evitar esas conductas.
Dicho de otra manera, si los empresarios “rara” vez pagan impuestos es por una razón muy simple: el gobierno “rara, rara” vez se los cobra como debe de ser. Tampoco es posible decir, aporten aunque sea una parte; no, deben aportar cuanto deben con la ley en la mano, pero no se lleva la ley en la diestra para ver selectivamente a quien se le aplica. En esta afirmación desde el Ejecutivo, el presidente Calderón acusa a los empresarios pero al mismo tiempo exhibe a su Sistema de Administración Tributaria. Parece la casa de la Bella Durmiente. Nadie se da cuenta de nada, al menos no de cuanto deberían ante los causantes mayores, no ante el pobre cuya “evasión” de tres mil pesos es perseguida con cartas, llamadas, recordatorios y requerimientos como si se tratara de Al Capone.
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Por eso en el discurso presidencial destaca una idea en torno de la obligación impositiva: “… en términos de la Constitución y en términos de la justicia”.
Si la denuncia presidencial revela una conducta empresarial “tradicional”; tolerada y aun fomentada por los gobiernos (éste y los anteriores), éstos han violado la Constitución y traicionado la justicia.
Lo extraño es dejarlo todo en una convocatoria ocasional de discurso. ¿Dónde estaba, con esa firmeza oratoria, en las iniciativas de la Ley de Ingresos la intención total en torno de los privilegios fiscales? En ninguna parte como tampoco en la minuta de los diputados derivada en disputa hacia la Cámara de Senadores. Ni siquiera en la modificación a los estados financieros consolidados cuya circunstancia retroactiva causó la furia del sector privado.
Esta condena del presidente a los ricos cuyo volumen no los haría pasar por el ojo de la aguja en pos del camello, ni siquiera con sus donativos y fomento filantrópico ya se había presentado –con matices menores, es verdad-, hace ya tiempo y tras la queja generalizada de los hombres del capital, Felipe Calderón dejó el asunto por la paz.
Fue (en julio de 2008) cuando el gobierno quiso “gravar” la filantropía o al menos esas actividades bajo cuyo disfraz se escamotean impuestos gracias a la deducibilidad de donativos y la proliferación de fundaciones piadosas y caritativas cuya finalidad no es sino el lavado de caras (y a veces de capitales).
«La finalidad social de la empresa –les dijo Calderón-, es promover los valores fundamentales de la sociedad para su mejor desarrollo (…) es tiempo de terminar de manera categórica con el círculo de la miseria en el campo y no lo vamos a hacer con acciones graduales, con acciones inerciales o sólo con gestos de buena voluntad de todos, del gobierno y de la sociedad».
Definir… «aquellos puntos críticos que puedan ser susceptibles de revisión o de mejora en la propuesta de reforma tributaria y hacendaria que he presentado al país (…) Si no corregimos esa desigualdad ahora, se seguirá incubando en todo el país y particularmente en el campo donde se concentra la pobreza extrema, rencores y agravios que se exacerban con intenciones políticas y que pueden romper totalmente las posibilidades del desarrollo del país…
“… Perdónenme ustedes (les dijo a los empresarios reunidos en la Fundación Mexicana para el Desarrollo Social), es ahora cuando tenemos que revertir esa desigualdad y no lo vamos a hacer únicamente con acciones filantrópicas, son bienvenidas, (pero) la lucha contra la desigualdad requiere de actos concretos masivos y con todo el peso de la capacidad estatal».
El presidente de esa organización, en verdad un empleado de Lorenzo Servitje, Alberto Castelazo y López, había expresado su preocupación por el impuesto entonces en ciernes, y ahora de plena aplicación con diferente nombre, la Contribución Empresarial de Tasa Unica (CETU).
«Hoy se cierne la sombra de la reforma tributaria que amenaza con afectar la deducibilidad de las aportaciones efectuadas a las organizaciones filantrópicas”.
En noviembre de ese mismo año el discurso presidencial ya era otro:
La “mano invisible” ha fallado y se requiere la mano firme y justa del Estado (“Expok news”) pero también la (mano) generosa de la sociedad, declaró el presidente Felipe Calderón durante la inauguración la Reunión Anual del Centro Mexicano para la Filantropía.
“Es aquí donde podemos tener otro encuentro entre el Estado, el gobierno que lo representa y la filantropía… esa noble labor no sólo alivia el dolor o la falta de recursos de otros, sino que transforma la vida de las personas… la voluntad de servir y aportar algo a los demás es sin duda un principio fundamental de la dignidad humana”, estableció el presidente de México durante el evento celebrado en un hotel de la Ciudad de México.
Sin embargo, ayer el viernes por la mañana, en una prolongación de su discurso de Vallarta; ya no sólo habló de los evasores sino también de lo inadmisible de confundir obligación con desprendimiento caritativo.
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En medio de la batahola el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, insiste en sembrar la concordia dentro del PRI y sobre todo dejar en claro quién es el padre de ese monstruo fiscal por cuyo empuje se han agrietado las columnas del templo.
Peña explicó su actitud ante los impuestos y su obtención:
“… no es mi papel; no soy legislador ni tengo interés; por el contrario, estamos porque no hubiese más impuestos, y entendemos los escenarios que el gobierno ha planteado y que habría que buscar una fórmula para poder, a final de cuentas, garantizar a los gobiernos los ingresos que impidieran suspender programas sociales y que se suspendiese la inversión en infraestructura”.
Explicado lo anterior, anunció su visita San Lázaro para la próxima semana en pos de recursos legítimos para el estado de México: “Es una exigencia para todos los gobernadores estar en la gestión de mayores recursos, para lograr capacidad de hacer más cosas en sus estados”.
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Hace muchos años, cuando fue hallado el rancho “El Búfalo” en el estado de Chihuahua, el único lugar en el mundo donde 10 mil jornaleros dispersos en mil hectáreas pudieron ser invisibles durante años, se decía en tono de broma: a Rafael Caro Quintero lo deberíamos nombrar secretario de Agricultura. Nadie ha podido trabajar así la tierra como él; nadie lo supera en organización.
Pero eso era una broma. Del hallazgo de esta finca mariguanera se despendieron los casos de Kiki Camarena y todo lo demás, incluyendo las
brutales presiones contra México por parte del gobierno de Ronald Reagan y su embajador, John Gavin.
Pero eso es historia, agua bajo el puente.
Asunto más reciente el ridículo (o promoción deliberada o personería encubierta, no se sabe), del subsecretario Jeffrey Jones, un extraño individuo metido a la “organización” del campo mexicano desde el Partido Acción Nacional –cazador, sacaborrachos, cobrador de venganzas, capadinosaurios y quién sabe cuantas cosas más según su propia presentación-, cuya receta para el agro nacional es seguir los pasos de los narcotraficantes y sus habilidades empresariales y de mercado. Pero él sí habla en serio.
Este chihuahuense, discípulo por cierto de la universidad Brigham Young (con todo cuanto eso signifique) ha dicho:
“Respecto de los narcotraficantes, creo firmemente que hay muchas cosas que se pueden aprender el sector del narcotráfico. Este ha sabido identificar un mercado, así como la logística para surtirlo, aprendieron a ver la plataforma de México para surtir esto.
“Desafortunadamente están apostando a un cultivo que es nocivo para la salud, pero esa es la misma lógica que tenemos que aprender en el campo, es decir, definir el mercado y luego orientar el aparato productivo, la logística para poder surtir estos mercados”.
La Sagarpa, con la hipocresía propia del caso, discurrió en los pantanos de la conveniencia y tras un cobardón deslinde inicial echó a la calle al imaginativo Jones Jones, en un esfuerzo desesperado por recuperar parte de la confianza perdida. Un poco tarde, en verdad.
