Durante mucho tiempo la explicación de los males de México tenía una pavorosa simplicidad en su diagnóstico: todo se debía a la inexistencia de un sistema democrático funcional. En esa trampa de la buena fe cayeron hasta los hombres más lúcidos de México.
La democracia fue invocada como el requisito para nuestro avance no sólo político sino cultural. En su exaltación incurrieron mentes brillantes como Daniel Cosío Villegas u Octavio Paz por citar sólo a dos de ellas.
Pero hoy la construcción democrática, consignada hasta en el texto constitucional como la definición de nuestro sistema político, se ha quedado corta.
Cuando más se redujo a una serie de optimistas condiciones para el mejor funcionamiento de la mecánica electoral, alejada de las manos siempre ventajosas del gobierno y puestos (teóricamente) en las manos de incorruptibles ciudadanos.
Pero esos ciudadanos, cuya perfecta condición hubiera sido necesario ir a buscarla en Saturno o Júpiter, pues a los de esta zona del planeta Tierra no se les concede, bien pronto pervirtieron esa “democracia”; transformaron el Instituto Federal en uno Nacional, y le metieron el diente a 15 mil millones de pesos del presupuesto, casi 5 mil de los cuales se los lleva, en tajada opulenta, el sistema de partidos; o mejor dicho, los partidos.
Y si bien tienen privilegios de todo tipo los partidos, castigados si se mal portan con multas cuya cuantía se paga con las propias prerrogativas, en todo caso, pueden hacer y deshacer; chantajear al sistema, subastar sus lealtades o sus posturas legislativas, promover dádivas, moches y financiamientos particulares sin ton ni son, sin auditorías serias ni nada por el estilo, son ahora denunciados por el propio INE como vulgares evasores fiscales.
“El consejero electoral Ciro Murayama explicó ayer que, al cierre de 2015, con base en la propia contabilidad partidaria (las evasiones y demás incumplimientos), 484 millones de pesos corresponden a Impuesto sobre la Renta; a nómina y predial, 52 millones; a IVA, 51 millones; 27 millones de contribuciones retenidas a trabajadores y no entregadas al IMSS, y otros 11 millones más que debían orientarse al Infonavit.
“Murayama estimó que dichos adeudos son especialmente preocupantes tratándose de institutos políticos.
«Los partidos viven de los contribuyentes y eludir las contribuciones que le corresponden al fisco es inaceptable», sostuvo”.
Pero en ese sentido vale la pena desglosar los incumplimientos. Cito:
“Los partidos políticos con registro a nivel nacional y 21 con registro local le adeudan al fisco, al IMSS y al ISSSTE al menos 626 millones 274 mil pesos.
“El PRD es el partido más endeudado, con 332 millones 800 mil pesos, equivalentes al 53 por ciento del monto total.
“Le siguen el PRI con 73 millones 600 mil pesos; el Verde Ecologista, con 52 millones 100 mil; el Partido del Trabajo, con 45 millones 900 mil; Movimiento Ciudadano, con 44 millones 800 mil, y el PAN, con 37 millones 200 mil.
“La lista también incluye a Nueva Alianza, con 9 millones 600 mil pesos; Encuentro Social y el extinto Partido Humanista, con 9 millones 500 mil cada uno; Morena, con 6 millones 700 mil, y 21 partidos locales, con 4 millones 700 mil”.
Como se ve todos están metido en ajo del incumplimiento y también e la impunidad. Por eso vale la pena lo expresados ayer por Javier Bolaños presidente de la Cámara de Diputados:
“Yo no les hago un llamado a los partidos para que paguen sus adeudados, esa es su obligación. Hago un llamado a las autoridades correspondientes para que les cobren esos adeudos.
“Estoy hablando de la Secretaría de Hacienda la que debería tomar cartas en el asunto. Si hay alguna evasión debe quedar asentado con toda claridad y se deben deslindar las responsabilidades correspondientes.”
Pues es cierto, de nada valen las denuncias internas así provengan del Consejo general del INE.
Una solución simple sería exigirle a los partidos en el INE una copia certificada de su cumplimiento fiscal. Los proveedores del gobierno, por ejemplo, deben presentar, para obtener un contrato o participar en una licitación, certificados de cumplimiento fiscal y salud de sus estados financieros.
Si los partidos incumplieran con estos requisitos de satisfacción fiscal; de obligaciones laborales con sus trabajadores (IMSS, Infonavit, etc.) y demás, no podrían recibir sus prerrogativas, es decir, el dinero con el cual todos los contribuyentes aportamos lo necesario para su funcionamiento.
A ver si así no los convencerían.
