La ministra presidente de la Corte, Norma Piña, asegura que se vigilará la protección de las personas a través del registro de cada detención, obligación a la que están sujetas todas las autoridades de seguridad pública, incluyendo a las fuerzas armadas
La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, reconoció que en México se enfrentan al reto de combatir para su erradicación las detenciones arbitrarias y desde el Poder Judicial es prioridad esta obligación y compromiso cotidiano, señaló ante los integrantes del Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria (GTDA).
Norma Piña subrayó que “Estamos comprometidos —no solo por obligación constitucional y convencional, sino por genuina e inquebrantable convicción— con la protección fundamental de la dignidad de las personas, el debido proceso y el acceso a la tutela efectiva que encuentra en el combate a las detenciones arbitrarias una de sus más altas expresiones y razón de ser”, afirmó.
La también titular del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) no ocultó su preocupación por la persistente impunidad que existe por las acciones de agentes que llevan a cabo detenciones arbitrarias, por lo que resaltó que ya se trabaja en vigilar la protección de las personas a través del registro de cada detención, obligación a la que están sujetas todas las autoridades que realizan labores de seguridad pública, incluyendo a las fuerzas armadas.
INFORME
En el mismo tenor, aseguró que el PJF ya atiende las casi 50 opiniones que desde el 2002 este Grupo de Trabajo emitió al Estado mexicano sobre casos puntuales sobre detenciones arbitrarias, por lo que anunció que entregará un informe detallado sobre los principales temas de interés para el GTDA, entre otros: el estado de la consolidación del sistema de justicia penal acusatorio, así como las resoluciones judiciales relativas a la ampliación de la intervención de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública y el abuso de la prisión preventiva oficiosa, por lo que a finales de este año la SCJN publicará un protocolo de actuación para personas juzgadoras y defensoras públicas, sobre la legalidad de las detenciones en el sistema penal acusatorio.
AUTONOMÍA
Norma Piña subrayó el valor indispensable e independiente que debe tener el Poder Judicial, para que se vea reflejado en sus acciones políticas, jurídicas y materiales que garanticen la imparcial de todo su personal.
Sobre este punto, la ministra presidenta de la Máxima corte del país alertó que la justicia enfrenta retos adicionales como contar con suficiente asignación presupuestaria para atender el incremento continuo en la demanda de justicia federal que se ha registrado en los últimos cinco años.
“Una disminución presupuestal al Poder Judicial Federal, entre otras cuestiones, detendría la consolidación efectiva del sistema penal acusatorio e impediría al Instituto Federal de la Defensoría Pública seguir representando de manera gratuita a las personas más vulnerables, en un escenario en el cual la demanda ciudadana de defensores y asesores registra un crecimiento de 20 por ciento anual”, reiteró.