Organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos como HRW y Amnistía Internacional (AI) consideran que el Ejército Mexicano no sólo ha exigido mejorar su imagen ante la ciudadanía, también espera recuperar ese respeto que se ha perdido, exige mayor presupuesto para su operatividad y actuar por su propio mando en tareas de seguridad
Con la entrega de operaciones en obras, el control sobre aeropuertos, líneas ferrocarrileras, sobre vigilancia en sitios turísticos y la seguridad en su totalidad, el poder de la Secretaria de la defensa Nacional (Sedena) ya superó a las órdenes dictadas desde Palacio Nacional, instrucciones que son ignoradas y pasadas por alto.
Desde que asumió la presidencia en diciembre de 2018, el populista Andrés Manuel López Obrador ha querido quedar bien con la Sedena, más que con la Secretaría de Marina y no sólo les ha entregado el control de obras importantes, sino también el control de la seguridad en puntos estratégicos como son las aduanas, aeropuertos y ahora también las rutas del ferrocarril.
López Obrador con tal de acelerar los trabajos de sus obras faraónicas para justificar gastos que han triplicado lo presupuestado, entregó obras y construcciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la construcción de varios tramos del Tren Maya, la edificación de sucursales del Banco del Bienestar (la mayoría en el abandono y vandalizadas), así como los 120 kilómetros de la expropiada ruta del tren Interoceánico.
La Sedena también tiene el encargo de construir 1.600 sucursales del Banco del Bienestar, así como 266 cuarteles de la Guardia Nacional.
Por su parte, la Marina tiene el control administrativo de los puertos mercantes y aduanas, lo que se entregó sin consultarlo con los responsables de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT).A las obras entregadas a la Sedena se suma el despliegue de elementos del Ejército Mexicano en varias partes del país para supuestamente controlar las operaciones de grupos del crimen organizado y donde hay denuncias contra estos por abuso de autoridad y ejecuciones extrajudiciales.
Organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos como Human Rigth Watch y Amnistía Internacional (AI) consideran que el Ejército Mexicano en la administración amlista no sólo ha exigido mejorar su imagen ante la población civil, también espera recuperar ese respeto que se ha perdido y también exige un mayor presupuesto para su operatividad, y uno de los puntos clave es que exige acatar de su propio mando realizar las tareas de seguridad sin recibir órdenes civiles
López Obrador desapareció de un plumazo a la Policía Federal para crear su polémica Guardia Nacional, ente de seguridad que debería integrar a civiles y exelementos de la Policía Federal, pero ha marginado a este sector y en casi su totalidad la GN la conforman militares que después de un breve tiempo bajo control militar regresará a un mando civil a partir del 2024.
El populista mandatario ha dado un poder no antes visto al Ejército, a tal grado que sus recomendaciones de buen trato y respeto a los derechos humanos de cualquier detenido, ya sea delincuente común o del narcotráfico sea tratado con dignidad. Estas palabras se las ha llevado el viento, ya que no sólo son ignoradas estas órdenes sino también se actúa con barbarie y sin respeto al ser humano.
El poder que ya tiene la Sedena ha llevado al titular de la dependencia, Luis Cresencio Sandoval a también echar por los suelos las políticas de austeridad franciscana que ni el mismo López Obrador respeta. El secretario de la Defensa Nacional se dio la licencia de adquirir una residencia de lujo en una zona exclusiva de Huixquilucan, Estado de México, con valor de 30 millones de pesos, y a pesar de que el caso salió a la luz pública, el presidente López obrador no ha intervenido, no ha querido confrontar al titular de la Sedena, quien parece ya tener más jerarquía que el propio jefe de Estado.