De un tiempo a esta parte los mexicanos conjugan (mos) en todas las formas y todos los tiempos los verbos lamentar y condenar. Forman (mos) una generación con el índice siempre dispuesto, pero sin arrestos, al menos desde el gobierno, para evitar tragedias por las cuales lloramos día con día.
La frecuencia con la cual suceden actos de terror en el país (autos bomba, cadáveres colgados de los puentes, cabezas cercenadas; individuos hechos “pozole”, hombres y mujeres desmembrados y migrantes fusilados), permite una dorada oportunidad para quienes han hecho de la oratoria un sucedáneo de la política.
Por ejemplo: se nos dice, “un centenar de elementos cesados de la Secretaría de Vialidad y Tránsito de Monterrey tomó ayer las instalaciones de la dependencia municipal, en protesta por la decisión del alcalde Fernando Larrazábal Bretón de liquidar a 276 efectivos que cayeron en actos de corrupción y falta de confianza”.
Muy lamentable la corrupción de 276 “efectivos” policiacos (serán efectivos para la transa), pero peor aun su cese sin ulteriores consecuencias jurídicas o punitivas. Impunidad plena, más delincuentes (¿probados?) en la calle.
Pero no es la guerra contra la delincuencia la única oportunidad para las lamentaciones. Los fenómenos económicos nos dan también la oportunidad de ver expresiones de desconsuelo de quienes no hicieron nada con la debida oportunidad para evitar (o castigar la raíz) aquellos fenómenos por los cuales pluguen.
Por ejemplo, Javier Lozano, el secretario del Trabajo y Previsión Social, dependencia desde la cual no se hizo nada preventivo ni previsor en materia laboral en la industria aeronáutica (de las demás áreas ni hablamos) y ante la mudez de su compañero de gabinete, Juan Molinar, nos dice contrito:
“…La historia reciente del Nuevo Grupo Aeronáutico (NGA) que aglutina a las tres aerolíneas, ha sido un desastre.
“Privatizada apenas a finales del 2005, en su último capítulo, Mexicana atravesó por problemas serios en su devenir. En sus primeros meses logró acuerdos con pilotos y personal de tierra, para aligerar el peso de las relaciones laborales, pero no ocurrió así con los sobrecargos. La administración de la empresa entabló un conflicto colectivo de naturaleza económica que terminó en un laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que ordenó modificar a la baja el contrato colectivo de trabajo de los sobrecargos.
“Estos, por conducto de su sindicato, recurrieron al amparo y protección de la justicia federal. El tema es ventilado en estos días en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, tres años después y con el paciente en terapia intensiva…”
En esta argumentación el secretario Lozano esquiva algunas respuestas: ¿cuáles fueron los criterios para autorizar esa privatización? ¿Cómo se justifica un conflicto económico cuando se tiene créditos (oficiales) y recursos para hacer otras dos compañías y hasta ofrecerse como postor para la compra (igualmente sospechosa) de Aeroméxico?
Pero hoy la ufanía del gobierno consiste en negarse a recoger el arpa echada al suelo por los empresarios.
“…So pretexto (¿pretexto o motivo?) de que estamos frente a un servicio público concesionado, habría recursos fiscales para rescatar, por enésima vez, a tan importante compañía. Faltaba más.
“Las fórmulas estaban a la vista: financiar combustible, servicios aeroportuarios y del espacio aéreo. Extensión por dos décadas de un contrato de arrendamiento en la Terminal 1 del aeropuerto capitalino. Créditos puente para salvar el escollo y un empujoncito con los acreedores bancarios más visibles para que no insistieran en conservar sus garantías frente a un concurso mercantil ya demandado.
“En el extremo, la esperanza de siempre de recomprar la empresa y administrarla como una paraestatal para, ulteriormente, volverla a privatizar”.
Evidentemente la repetición de esa fórmula llevaría tarde o temprano a los mismos resultados, por eso se debió emprender un rescate con otra finalidad y con otros procedimientos, entre los cuales estuvieran los debidos castigos a quienes jugaron con una empresa de aviación como si fuera una mesa de Baccarat.
Obviamente este gobierno no le vendió Mexicana a los bucaneros de la quiebra, pero sí podría investigar de quién es la irresponsabilidad de haberlo hecho de tan insegura forma. ¿Cómo se hizo la venta?
Cuando sepamos todos la respuesta a esa pregunta podremos pensar si todas las demás argumentaciones de un gobierno con los brazos cruzados, para quien la culpa siempre es de los trabajadores (así le soben el lomo al gato con la responsabilidad compartida en cuyo reparto el gobierno siempre sale indemne), vale un poco más de su evidente grano de mostaza.
Pero ese es el mundo de la condena intrascendente; o sea, sin consecuencias.
El domingo fue asesinado un alcalde más, ahora en Hidalgo, Tamaulipas. Se llamaba Marco Antonio Leal García. Un grupo de matones lo esperó en un camino secundario al norte de Ciudad Victoria y lo ejecutó a bordo de su camioneta y ante los ojos de su hija, una horrorizada niña de diez años de edad.
Informado del terrible asunto, el presidente de le República expresó su enérgica condena ante los cobardes hechos. Ya estuvo.
