Con motivo del ametrallamiento nocturno desde un helicóptero (aportado por Estados Unidos por cierto, como parte de la Iniciativa Mérida, un poderoso “Black Hawk” usado más allá de un desfile de 16 de septiembre), los adversarios del gobierno han puesto el grito en las alturas por el “uso desproporcionado de la fuerza” y han recurrido al llamado “índice letalidad” como evidencia de los abusos militares en el control o combate contra la delincuencia organizada.
Y lo han hecho cuando la legislación sobre actividades militares de participación en seguridad pública cuelga de un hilo. Por algo será.
El índice mencionado líneas arriba, es un monumento a la obviedad así se quiera usar como prueba irrefutable de violación de los derechos humanos por parte de quienes jamás han participado en una refriega de esas características, ni han sabido los riesgos de liarse a balazos en emboscadas o trampas puestas por los narcotraficantes y sus sicarios.
Se podrá decir, desde un helicóptero no se puede hablar de emboscadas, sin considerar cómo han derribado los delincuentes esas aeronaves, pero actuar como se hizo en Tepic, es precisamente para garantizar los resultados. No importa si los adversarios políticos censuran, condenan o mienten en la descalificación de un «operativo» de estas características.
Los llamados “protocolos” en el uso de la fuerza tienden todos a no usarla. Si por ellos fuera no habría balas de plomo, sino salmos bíblicos. Y una muestra de ello es el llamado índice de letalidad cuya teoría se invoca a cada paso.
Hace menos de un año el NYT publicó este monumento de obviedad. Si te lías con Sansón a las patadas denúncialo a los organismos internacionales y sus asociados cuando te patee.
“… En la historia de la guerra moderna es mucho más probable que un combatiente hiera a un enemigo, en vez de matarlo (nomamiblu).
“Pero en México es al revés.
“Según las cifras del gobierno, las fuerzas armadas mexicanas matan con una eficiencia abrumadora, apilan cuerpos a gran velocidad (¿?).
“Las autoridades mexicanas dicen que sus soldados están mejor entrenados que los miembros de los carteles contra los que se enfrentan. Pero los expertos que estudian el tema dicen que la tasa de muertos de las fuerzas armadas mexicanas no tiene comparación y que revela algo mucho más oscuro.
“Paul Chevigny, profesor jubilado de la Universidad de Nueva York y pionero del estudio de la letalidad en diferentes fuerzas armadas, dijo que “hay ejecuciones sumarias”.
“Un estudio sobre las guerras desde finales de los años setenta del Comité Internacional de la Cruz Roja encontró que en la mayoría de los escenarios de combate entre grupos armados por cada persona muerta hay una media de cuatro heridos. A veces, incluso más.
“En México la cuenta es a la inversa: el Ejército mexicano mata a ocho enemigos por cada uno que hiere.
“Para su fuerza de élite, la Marina, la discrepancia es aún más pronunciada: según sus propios datos, mata a 30 combatientes por cada uno que hiere.
“Las cifras se desprenden del documento “Índice de letalidad 2008-2014: Disminuyen los enfrentamientos, misma letalidad aumenta la opacidad” publicado en junio de 2015 por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México (UNAM). El trabajo tiene como fundamento una serie de estadísticas oficiales obtenidas mediante solicitudes de acceso a la información pública.
“Las estadísticas, que el gobierno dejó de publicar en 2014, ofrecen una imagen única sobre el papel que han asumido las fuerzas armadas mexicanas en la guerra contra el crimen organizado. Durante la última década, a medida que los marinos y soldados mexicanos han sido enviados a la línea de combate, las violaciones a los derechos humanos se han disparado.
“Aun así (y aquí viene el torcimiento de los argumentos meramente de combate), las fuerzas armadas continúan siendo intocables, protegidas por un gobierno reacio a imponerse sobre la única institución a la que puede enviar al combate. Se han tomado muy pocos pasos para investigar las miles de acusaciones de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales que se han registrado desde que el entonces presidente Felipe Calderón declarara la guerra contra las drogas hace una década.
“De las 4000 denuncias por tortura revisadas por la Procuraduría General de la República (PGR) desde 2006, solo 15 han terminado con una condena”.
En este sentido vale la pena decir, el relato de los relatores sobre la tortura no corresponde, ni en volumen ni en intensidad, con las denuncias presentadas en México (por lo menos) ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Las han inflado.
