Como todos sabemos hoy México festeja (con razón o sin ella) dos aniversarios importantes. El primero, la apertura de la plaza de toros México. El segundo, la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De lo primero no habremos de ocuparnos, pues no tiene el menor interés. De lo segundo, pues quizá tampoco, pues cada vez es menor la importancia de la Constitución en nuestras vidas. O quizá digo mal. La importancia actual de ese texto supremo no se debe a su observancia sino a sus múltiples violaciones.
No vivimos como lo hacemos por respeto a la Constitución sino a la sistemática violación y peor interpretación. Si tiene usted tiempo, le pongo un ejemplo de cómo esta ley no solo es desatendida sino desconocida hasta para quienes han jurado cumplirla y hacerla cumplir.
Como todos sabemos el gobierno del Distrito Federal modificó las leyes locales para normar las uniones entre personas del mismo sexo; es decir, instituyó jurídicamente la “homoconyugalidad” y de paso abrió la puertas a la adopción a las parejas con esas condiciones y características.
Obviamente eso generó una protesta furiosa del Vaticano y sus súbditos mexicanos, los sacerdotes de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, la cual presionó al gobierno de Felipe Calderón hasta lograr una controversia constitucional (presentada a la SCJN por la Procuraduría General de la República) cuyo desahogo vemos en estos días iniciales de nuestros centenarios y bicentenarios y todo cuanto haya incluyendo el siglo y medio de las traicionadas leyes de Reforma.
En estas condiciones el presidente fue interrogado en torno de esta actitud de la Procuraduría y las consecuencias de polarización y enfrentamiento con el gobierno capitalino y en general sobre su sentir en torno de estos asuntos. Cuando FCH andaba en Tokio supuestamente arreglando negocios promisorios para el país, así como lo han hecho inútilmente los mandatarios mexicanos a lo largo por lo menos del último medio siglo, le preguntaron.
Los japoneses han dejado de interesarse en México y hace ya varias semanas partió el último avión de Japan Air Lines.
Pues bien, el Presidente respondió a la pregunta sobre lo ya dicho, con estas sorprendentes palabras.
“En primer lugar, no hay ninguna intencionalidad política en la tarea que por disposición constitucional debe cumplir la Procuraduría General de la República, que tiene la tarea, según la Carta Magna, de velar porque todo ordenamiento legal del orden Federal o local esté apegado a la Constitución.
“La Constitución de la República habla explícitamente del matrimonio entre el hombre y la mujer, y ahí hay simplemente un debate legal que tiene que ser resuelto por la Suprema Corte, pero no tiene éste ninguna intencionalidad política, ni parte de ningún prejuicio.
“Yo, desde luego, respeto plenamente las preferencias sexuales de cualquier persona, o las parejas integradas por personas del mismo sexo, pero la Procuraduría presenta año con año decenas de controversias constitucionales, donde hay una duda razonable sobre la constitucionalidad de una disposición de un ámbito legislativo local…”
La negativa de una intencionalidad política, como el propio presidente Calderón la llama no se sostiene, especialmente por un detalle: se apoya en consideraciones falsas, como esa de la explicitud de la definición constitucional del matrimonio.
La constitución nunca habla de hombres y mujeres, habla de personas. Y lo hace en el artículo 4° como bien ha referido en diferentes foros el jurista Miguel Carbonell, entre otras cosas miembro del Consejo Consultivo de la CNDH.
“El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia”.
–¿Esto determina automáticamente cuáles son los componentes del núcleo familiar? Difícilmente. Pero una cosa es la manifiesta igualdad proclamada por el texto constitucional entre hombres y mujeres y otra su necesaria unión para formar una familia cuya integración el Estado debe proteger. Es obvio, dirá alguno, pero no es tan obvio.
Tampoco es explícito. En el mejor de los casos sería implícito.
La confusión de estos términos no puede ser producto de la ignorancia. El Presidente estudió Derecho y conoce las precisiones y las lagunas de la Constitución. Quizá su mayor error haya sido invocar un texto creyendo en la ignorancia colectiva.
Pero no, en México hay mucha gente alfabetizada entre cuyas lecturas –o consultas—, se encuentra la Constitución. Bueno, hasta un periodista como este redactor la ha leído y entendido. La única diferencia es simple: los periodistas no hemos jurado cumplirla ni hacerla cumplir.
