La Ciudad de México se coloca nuevamente en primer lugar nacional en el terreno económico, pues datos de la Secretaría de Desarrollo Económico local (Sedeco), de enero a abril de 2012 se registraron 40 mil 509 empleos formales ante el IMSS, contra los 33 mil 407 del Estado de México, 33 mil 240 de Nuevo León y 18 mil 296 de Jalisco, entidades gobernadas por el PRI y el PAN, respectivamente.
Al dar a conocer los resultados del estudio el Vocero del GPPRD en la ALDF, Diputado Alejandro Sánchez Camacho, precisó que en lo que va del actual sexenio del DF, el número de empleos generados alcanzó 283 mil 358, casi dos de cada 10, a escala nacional, registrados en el último año y de forma ininterrumpida cifras históricas en el registro de trabajadores asegurados, con 2 millones 689 mil 806.
Estos empleos representan entre 80 mil y 100 mil más, respecto a las entidades mencionadas, situación que coloca al DF en el top ten de las urbes económicamente más atractivas para invertir en América Latina, de acuerdo al ranking internacional.
Sánchez Camacho informó que entre las 48 metrópolis más grandes de América Latina, según el Índice de Atractividad de Inversiones Urbanas 2012 que elaboran la Universidad del Rosario, en Colombia, y la firma chilena Inteligencia de Negocios, la Ciudad de México ocupa la tercera posición, sólo por debajo de Sao Paulo en Brasil y Santiago de Chile, en captación de inversión extranjera directa (IED).
Lo anterior es posible, subrayó gracias a las facilidades brindadas a inversionistas para producir y asegurar la viabilidad de sus capitales, así como infraestructura y gobernabilidad imperantes en la Ciudad de México.
“Es importante destacar que el top tres de Latinoamérica, lo encabezan dos ciudades gobernadas por la izquierda: Sao Paulo y el Distrito Federal, cuyo impacto positivo no sólo contribuye a la gobernabilidad y el desarrollo económico de sus países, sino directamente al bienestar de sus habitantes al disminuir la inseguridad y la pobreza”.
El diputado perredista indicó que lo más importante del DF, es su contribución al desarrollo nacional, al ubicar a México en el segundo sitio en América Latina en captación de capitales extranjeros con 19 mil 440 millones de dólares.
Erradicar coyotaje y simplificar trámites en el Registro Público de la Propiedad, respuesta a los usuarios de los servicios que proporciona la administración local
A más tardar en noviembre de este año el coyotaje en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del DF será prácticamente inexisten, debido a la modernización electrónica y los nuevos programas implementados para revisar, solicitar y expedir constancias, oficios y documentos, adelantó la Vicepresidenta de la Comisión de Transparencia de la Gestión, de la ALDF, Diputada Rocío Barrera Badillo, luego de realizar una visita a las remodeladas instalaciones con compañeros integrantes de la Comisión.
“Gracias a la actualización de sistemas, prácticamente erradicaremos a los gestores oportunistas que por una cuota tramitan asuntos muchas veces apócrifos; sin embargo, dijo, con el apoyo de la Web el usuario de los servicios podrán realizar sus consultas o emisión de documentos desde su propia computadora”
El diputado panista, Carlo Pizano Salinas, señaló que esta visita permitió constatar que el Registro avanzó de manera sorprendente a favor de los consumidores de sus servicios y se atrevió a pronosticar que esta reingeniería podrá ser ejemplo a nivel nacional de la modernización y actitud de una instancia de utilidad social.
Al comentar de esta actualización, el Director General del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, José Medina Romero, explicó que la simplificación administrativa ha permitido desde 2008 atender y expedir tres mil 200 a 4 mil documentos y trámites diarios y se entregan en promedio 2 mil 500 solicitudes.
“Hemos eliminado el burocratismo, insistió, creando la ventanilla virtual y la ventanilla única de control y gestión a las que ingresamos por día, en promedio, 3 mil 200 a cuatro mil peticiones, respondiendo en menos de 24 horas a 2 mil 500 peticionarios de atención”
Los más importante del proceso, reitero la Diputada Barrera Badillo es la prioridad, simplificación de trámites y el abatimiento del “coyotaje” que tanto sangra a los usuarios de los servicios públicos.
Exagera el GDF en multas a los taxistas, acusa el GPPAN, pide reformar el Reglamento de la Ley del Transporte y Vialidad
Ante la alta desproporción que existe en el cobro de multas a los chóferes y concesionarios de taxis en la Ciudad de México, el integrante de la Comisión de Asuntos Laborales y previsión Social de la ALDF, Diputado Sergio Eguren Cornejo pidió al Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, reformar el régimen de sanciones establecido en el Reglamento de la Ley del Transporte y Vialidad, a fin de adecuarlo al marco constitucional, toda vez que éste contraviene al artículo 22 de la Carta Magna.
“Los precarios ingresos que reciben en sus largas jornadas de trabajo que normalmente son todo el día o toda la noche, se suma un esquema de sanciones establecido en el Reglamento que se considera exagerado, ya que rebasa el límite de lo ordinario y razonable”.
Señaló que el Artículo 22 Constitucional obliga a los gobiernos a “no imponer multas desmedidas con el monto del negocio y con la capacidad económica del infractor. La finalidad que persigue el establecimiento de una multa es evitar la reincidencia de los afectados, en este caso el de los taxistas”.
Eguren Cornejo indicó que si bien la Constitución otorga a la autoridad facultad para valorar la gravedad del ilícito, el monto del negocio y las condiciones económicas del infractor, la autoridad pone las sanciones que considere justas, por lo que el GDF debe reformar dicho Reglamento.
El diputado panista calificó de desproporcionada la multa a los taxista ya que clasifica desde el servicios de transporte y pasajeros a quien rebase la capacidad de usuarios en la prestación del mismo, los sanciona con una multa de 500 a 600 días de salario mínimo vigente, es decir, de 31 mil 165 pesos hasta los 37 mil 400 pesos.
En caso de reincidencia, éstas incrementan entre 50 y el 100% a las cuantías señaladas lo que representa un total abuso a los prestadores del servicio.