“Algunos de los 33 responsables tienen más de dos sanciones y hay 15 casos de posibles responsabilidades penales, para lo cual se dio aviso a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF)”.
El anuncio hecho ayer en torno de las multas y sanciones a los responsables del naufragio de la Línea 12 del Metro —todas ellas de índole administrativo; ninguna en el necesario e impensable orden penal— viene a resultar decepcionante si no se sigue con la acción de la Procuraduría y apenas útil en cuanto al inicio de un arreglo institucional.
Las inhabilitaciones en México no tienen una verdadera profundidad punitiva. No castigan, en el mejor de los casos limitan y no están exentas de un futuro levantamiento cuando los vientos de la justicia se debiliten con el paso del tiempo y la conveniencia.
De acuerdo con Crónica, “la Contraloría del gobierno capitalino (Hiram Almeida) impondrá 54 sanciones, entre ellas algunas denuncias penales e inhabilitación contra 33 servidores y ex servidores públicos por su responsabilidad en las irregularidades registradas en la Línea 12 del Metro.
“En conferencia de prensa, señaló que éste es el resultado de 11 auditorías realizadas, entre ellas, algunas que se hicieron en coordinación con la Secretaría de la Función Pública y una con la Contraloría Mayor de Hacienda, a través de las cuales se impusieron las primeras 54 sanciones”.
“Algunos de los 33 responsables tienen más de dos sanciones y hay 15 casos de posibles responsabilidades penales, para lo cual se dio aviso a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF)”.
Si bien, se afirma la apertura de seis investigaciones y cuatro auditorías, la gravedad del asunto no corresponde a lo anunciado, excepto si esa noticia es la primera de una serie. Sobre ello los ciudadanos estarán atentos, ni duda cabe.
El funcionario de más alto cargo entre los señalados por el dedo administrativo y controlador es obviamente Enrique Horcasitas, ex director general del Proyecto Metro, quien queda fuera de la administración pública por 20 años y con denuncia ante la PGJDF a la vuelta de la esquina.
Pero los cargos son simples. Malas entregas, duplicidad de pagos o de encargos; papeleos mal aplicados, omisiones mínimas o mayores, pero la verdad sea dicha: no se busca el castigo mayor de quien desde arriba toleró y quizá hasta fomentó ese desastre administrativo, el cual no guarda relación con las fallas técnicas de extrema gravedad.
Quizá por eso Marcelo Ebrard ya enciende las lámparas en la escena para dar a conocer sus puntos de vista, o su verdad, como usted quiera decirlo. Y Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno del DF, hará lo propio ante la cercanía de su informe anual.
Pero queda por encima de todo el diagnóstico de Systra: fallas en la operación, diseño y mantenimiento en la vía.
CASTILLO
Quienes propalaron a los cuatro vientos la inminente salida de Alfredo Castillo en Michoacán, se quedaron ateridos como si hubieran participado en el cubetazo helado tan de moda: el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, lo confirmó decididamente durante su comparecencia en el Senado.
Como dijo Zorrilla: “Los muertos que vos matáis…”
