Quizá enmascarado como un hallazgo periodístico de incalculable valor noticioso, o simplemente complemento sesgado de las denuncias hasta ahora no probadas del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont (imprecisas de por sí), el peritaje de la Associated Fire Consultants Incorporates divulgado con tambores y platillos la semana pasada, podría convertirse en el “clavo ardiente” del cual se prenda la mermada credibilidad del gobierno federal, se escapen los responsables y se conviertan las violaciones a los derechos fundamentales —referidas por la Corte— en simples delitos del orden común.
Dicho de otro modo, si con el auxilio de los cabilderos cuya presencia (con estruendo de vuvuzela) atruena y aturde al ministro Zaldívar Lelo de Larrea, quien ha puesto el índice en funcionarios del gobierno federal y el anterior de Sonora (principalmente Juan Molinar y Eduardo Bours) el atentado criminal se convierte en el elemento central de la investigación, ya no habrán sido las causas el desorden generalizado del IMSS ni la negligencia del gobierno estatal y municipal, sino un horrible delito de extrema crueldad.
Desaparecerán entonces las violaciones a los derechos humanos y las responsabilidades oficiales y los beneficios de la subrogación criminal; las adjudicaciones por compadrazgo o parentesco hasta con la Casa Presidencial se habrán diluido en un caso quizá individual de extrema crueldad tan inevitable como la casualidad o el terremoto.
Eso piensan muchos, entre ellos los interesados, quienes saben del caso tanto como quienes, para investigarlo han necesitado de ellos; es decir, los padres de los niños muertos y quemados.
Simplemente no creen en lo fortuito de este hallazgo, lo ven como una posibilidad de abrirles una puerta de emergencia (negada a sus hijos, por cierto) para los directamente culpables de todo este infierno interminable.
El Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, Asociación Civil emitió en días pasados un documento dirigido a la opinión pública en el cual dice entre otras cosas. Lo firma, en nombre de los demás, Manuel Alfredo Rodríguez Amaya y José Francisco García Quintana.
“Al respecto, debemos señalar que, de existir ese peritaje, aún forma parte de las pruebas acumuladas por el ministerio público dentro de dicha indagatoria, la cual, al no haber sido consignada todavía ante un Juez de Distrito en el Estado de Sonora, no forma parte de ninguna causa penal, y por ello no puede tener los efectos mágicos de que con tal peritaje, en automático se reclasifiquen los delitos de culposos a dolosos”.
Y en ese sentido agregan:
“…tenemos una duda fundada acerca de la credibilidad y validez del tal peritaje, pues ese documento ha estado, como está, oculto, no sólo a la opinión pública (a la que trata de convencerse acerca de su eficacia superior al trabajo de los expertos de la compañía norteamericana McMullen, cuyos servicios contrató la Suprema Corte), sino a quienes también somos padres y madres de menores afectados por el incendio; el ocultamiento, y manejo tendencioso que al respecto se ha hecho, nos lleva a considerar lo que ya hemos denunciado previamente: en realidad se trata de una argucia del oficialismo y sus corifeos para confundir y presionar a nuestro Órgano Superior de Justicia”.
Los padres afectados han recurrido a tales laberintos burocráticos y de manipulación mediática como para descreer de cualquier maniobra oficial u oficialista. Dicen:
“No deja de llamar la atención el hecho de que en su momento, todos esos funcionarios y ex funcionarios de una manera u otra se refirieron a la investigación que estaba haciendo la Suprema Corte, diciendo que al carecer de efectos vinculantes, es decir, obligatorios, el dictamen que dicho tribunal emitiera, no tendría ninguna validez ni fuerza legales, y que ahora, ante la inminencia de que el proyecto, que no es todo lo mejor que quisiéramos, elaborado por el ministro Arturo Zaldívar, eventualmente se convierta en la resolución definitiva que los impute como responsables directos e indirectos, evidencian su cobardía y falta de valor civil, para encarar las consecuencias de sus actuaciones ilícitas”.
CASO RARO
En Oaxaca no nada más el queso se enreda. Decenas de militantes cantaban anteayer en un mitin, se ve, se siente, la izquierda está presente. Ondeaban sus banderas del PT y el PRD y le gritaban vítores al candidato… Eviel Pérez Magaña.
La información proveniente de la capital asegura:
“Las banderas de los partidos presentes —PAN, PRD, Convergencia y PT— ondearon en todo lo alto para dar la bienvenida a Eviel, quien estuvo acompañado de los diputados federales, Emilio Mendoza Kaplan y Manuel García Corpus, así como de la doctora María de las Nieves García Fernández.
“Participaron en esta reunión, el ex diputado federal del Partido del Trabajo, Matías Romero Solano; el dirigente de la Federación Estatal de Campesinos y Obreros (FEDECO), Felipe Díaz Romero; el dirigente de la Unidad Nacional Progresista, Francisco Vázquez, el líder de la UTEO, Teódulo Vásquez, el líder de ARCO, Damián Colmenares y las dirigentes perredistas en Zimatlán y Valdeflores, Teresa Méndez y Lorena Pérez, entre muchos otros”.
