Por: Guillermina Gómora Ordóñez
Reza la sabiduría popular que la esperanza es lo último que muere, así que no decaiga el ánimo y quizá dentro de 10 años, como asegura el secretario de Educación, Aurelio Nuño, pasemos la prueba PISA, que realiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y quizá también, en menos tiempo, logremos erradicar el cáncer de la corrupción que hoy nos cuesta el 10 % del Producto Interno Bruto (PIB).
Educación y corrupción: dos Talones de Aquiles que nos mantienen en el cabuz del crecimiento y desarrollo internacional. Dos aduanas que ningún gobierno reciente (panista o priista) ha librado. Dos retos monumentales que hoy no admiten excusa, pues se cuenta con el andamiaje legal para salir adelante.
Veamos el primero: educación. De acuerdo con el informe PISA, la prueba internacional más conocida y reconocida del mundo, volvimos a salir reprobados, como desde hace 15 años, frente a nuestros pares de la OCDE. Sobre una escala en la que la media es de 500 puntos, los alumnos mexicanos no han aprobado un solo examen: ni ciencias, lectura o matemáticas.
Nuestras carencias educativas en el sector público y privado -pues la prueba se aplicó también en colegios particulares-, reprobaron a México en matemáticas con 408 puntos. En compresión de lectura, con 423 puntos… está visto que no basta con “ler”, como dijo el titular de la SEP, hay que entender, razonar lo que se lee.
Es decir, reflexionar, analizar, y ya que andamos en esto de inferir el origen de las cosas, aquí les dejo el siguiente dato: México destina el 5.2% del PIB al sistema de educación pública, según un estudio de la OCDE de 2015 que recoge datos de 2012. Es de las naciones que más dedican a esa partida de todos los que conforman el organismo, por delante de Alemania y España y muy similar al de Francia. Pero -siempre hay un pero-, el 80% se emplea en pagar las nóminas de los maestros.
Como se aprecia, la apuesta económica, no está en los alumnos, en su aprendizaje; la obesa burocracia sindical del magisterio, oficial y disidente se devora el presupuesto. Para muestra, lo que sucedió en Oaxaca, donde el nuevo gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, cedió ante la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)
Al igual que su padre, el ex gobernador, José Murat Cassab, pactó con estos activistas de la Sección 22 y determinó dar “certeza laboral” a 3 mil 699 trabajadores, de los cuales 1,248 son Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE) y 2,451, son Personal Docente. Las autoridades educativas federal y estatal los contratarán inicialmente con una plaza temporal, en tanto se valida su antigüedad y son convocados a los procesos de evaluación que por ley corresponden.
Una vez más, la milicia magisterial oaxaqueña, le dobla el brazo al gobernante en turno, ahora: Alejandro Murat Hinojosa, quien cerró los acuerdos, con Rubén Núñez Ginez, el dirigente de la Sección 22 al que se le siguen dos procesos del fuero común y uno del fuero federal por lavado de dinero con importe de 24 millones de pesos.
Nada se habla de los daños por bloqueos, marchas, violencia y los meses sin clases para millones de alumnos en Oaxaca, donde el analfabetismo es brutal. En el estado, 13 de cada 100 personas de 15 años y más, no saben leer ni escribir. A nivel nacional son 6 de cada 100 habitantes. No, eso no importa, se premia el chantaje y se compra al precio que sea una relativa paz social.
Sí, así funcionan las cosas en algunas regiones de México, a “billetazos”… aquí es donde encaja el segundo Talón de Aquiles: la corrupción, en donde la OCDE ubica a nuestro país como el más corrupto de los 34 que integran la organización.
De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción, que elabora ese organismo, México obtuvo 35 puntos, en una escala que va de cero (altos niveles de corrupción) a 100 (bajos niveles de corrupción); ubicando a este lastre como un obstáculo para el acceso a servicios elementales.
Como lo hemos señalado en otras entregas, la corrupción cuesta a México el equivalente a 10 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB), es decir, un billón 920 mil millones de pesos. Los empresarios, lo han etiquetado como un “impuesto regresivo”.
Datos de la doctora María Amparo Cassar, directora de Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) confirman que los mexicanos gastan 32,000 millones de pesos en sobornos al año. Este cálculo viene a partir de la estimación de que cada año se registran más de 200 millones de pequeños actos de corrupción, de un valor de 165 pesos cada uno.
Cifras que dejan a más de uno boquiabierto y furioso por la impunidad con la que este flagelo avanza y pervierte la estructura del Estado mexicano. Ojalá que nuestros legisladores tomaran en cuenta lo antes expuesto y apresurarán la elección y nombramiento del titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, urge frenar tan perniciosa práctica.
Sin duda, con mejores niveles educativos podremos erradicar este cáncer que frena el desarrollo.
Vericuentos
Ataja Mancera plusvalía
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, esquivó la trampa que el habían colocado en el proyecto de la Constituyente y afirmó que vetará cualquier propuesta de ley que pretenda cobrar un nuevo impuesto; lo anterior sobre la Ley de Vivienda aprobada el pasado martes por la Asamblea Legislativa y que en su artículo 94 manejaba la recaudación de plusvalía. Antes de que se convirtiera en carne de cañón de sus detractores, explicó que en el proyecto de Constitución para la Ciudad de México no se proponía la creación de un nuevo impuesto, sino por el contrario, se buscan contribuciones que puedan mejorar el entorno de los capitalinos. ¡Órale! guillegomorahotmail.com @guillegomora