El dictamen fue enviado al Senado de la República para su análisis.
La Cámara de Diputados aprobó en lo particular la reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política, que impacta directamente en el sector energético y otras áreas estratégicas. El dictamen fue aprobado con 350 votos a favor, 111 en contra y una abstención, y ahora ha sido remitido al Senado de la República para continuar su proceso legislativo.
Eliminación del rol exclusivo del Estado en la transición energética
Uno de los cambios más destacados de la reforma es la eliminación del párrafo en el artículo 27 constitucional que asignaba al Estado la responsabilidad exclusiva de la transición energética. Este apartado establecía que el gobierno debía utilizar de manera sustentable las fuentes de energía de la nación para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y establecer políticas científicas y tecnológicas orientadas a esa transición.
Durante la discusión, diputados de diferentes partidos presentaron reservas a la totalidad de los artículos en debate. No obstante, solo se aceptó la modificación presentada por la diputada Ana Elizabeth Ayala Leyva, de Morena, que afectó tanto al artículo 27 como al 28.
Cambios adicionales en el sistema eléctrico y los ferrocarriles
Otro ajuste importante fue la eliminación en el artículo 28 de la obligación del Estado de asegurar el servicio de electricidad en toda su cadena de valor. Además, se enfatizó que los ferrocarriles, tanto para pasajeros como para carga, son áreas prioritarias para el desarrollo nacional. Asimismo, se añadió la palabra “asignaciones” en la sección que otorga concesiones o permisos, con el fin de ampliar las herramientas para el control de estos sectores.
Posturas a favor y en contra de la reforma
El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario de Morena, defendió la eliminación del párrafo sobre la transición energética, argumentando que el Estado no tiene la capacidad económica para asumir dicha responsabilidad de manera exclusiva. De acuerdo con Monreal, permitir la inversión privada en el sector energético es fundamental para no paralizar el desarrollo del país.
Por otro lado, representantes de la oposición, como el diputado Germán Martínez Cázares del PAN, criticaron duramente la reforma. Argumentó que la eliminación de la exclusividad estatal para gestionar la transición energética viola los acuerdos internacionales, como el Acuerdo de París, y reduce la capacidad del Estado para cumplir con sus responsabilidades ambientales.
En contraste, Dolores Padierna Luna, también de Morena, subrayó que la reforma no quita al Estado su rectoría sobre el sector energético, sino que permite la colaboración con el sector privado para avanzar en la transición energética, asegurando así un mayor dinamismo en la inversión y desarrollo tecnológico.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo elogió la reforma, destacando que fortalece el papel de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como empresas públicas del Estado, asegurando que se respetarán los contratos existentes con los generadores privados de electricidad. Sheinbaum señaló que la reforma no representa un ataque al capital privado, sino un esfuerzo por equilibrar el mercado y fortalecer las empresas públicas, que serán fundamentales para garantizar la soberanía energética.