Seis integrantes de la Comisión de Gobierno de la V Legislatura de la ALDF solicitaron licencia para ausentarse del cargo toda vez que en julio pasado contendieron por un cargo de elección popular obteniendo el triunfo y a partir del 1 de octubre ocuparán una curul y un escaño en el Congreso de la Unión.
Los Diputados que dejan su oficina son: Alejandra Barrales, como Presidenta de la Comisión de Gobierno, que obtuvo la Senaduría por el DF, Mariana Gómez del Campo (PAN) que logró un escaño. Los siguientes serán diputados federales de la XLII Legislatura en San Lázaro: Aleida Alavez Ruiz, Alejandro Carbajal González y Julio César Moreno Rivera (PRD) y Adolfo Orive Bellinguer (PT)
De acuerdo con la Ley Orgánica de la ALDF, LA Comisión de Gobierno está facultada para sustituir a sus miembros, proponer y votar por los sustitutos, que serán confirmados por el Pleno de la Asamblea; luego de cumplir al pie de la letra con lo establecido por la Ley, la Diputación Permanente aprobó la modificación y a partir de la fecha la nueva Comisión de Gobierno, para lo que resta de la legislatura quedó de la siguiente manera:
Esta Comisión de Gobierno concluirá los trabajos de la V Legislatura de la ALDF hasta el 13 de septiembre, ya que al día siguiente (14 de septiembre) tomarán protesta al cargo los 66 nuevos diputados locales que conformarán la VI Legislatura para el trienio 2012-2015
La ley de Extinción de Dominio un acierto para inhibir la utilización de inmuebles en delitos graves como secuestro, venta de drogas, guarida de delincuentes
El narcomenudeo se expandió peligrosamente en la Ciudad de México, ante la indolencia, colusión y corrupción de algunos policías, autoridades judiciales o lagunas legales que el Código Penal adolecía y de las cuales la delincuencia organizada se aprovechaba. En estos errores las mafias encontraron un paraíso, donde al existir lagunas de competencia para su persecución, se expandió en todo el DF, en donde se dice existen más de 5 mil “narcotienditas”, que por incapacidad de la PGR, en el mejor de los casos, los delincuentes terminaban pagando una multa en el juzgado cívico, y salían libres.
Ante tal situación, la V Legislatura de la ALDF dejó sólo de preocuparse y decidió ocuparse para permitir y dotar de elemento legales a las autoridades policíacas y judiciales capitalinas para atacar frontalmente al narcomenudeo y sus efectos negativos para la sociedad
La Comisión de Administración y Procuración de Justicia legisló, adicionó y presentó al Pleno un catálogo de delitos que permiten la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio, con lo que al probarse la comisión del delito o capturar a las bandas “in situ” faculta a las autoridades expropiar los inmuebles o domicilios particulares que sean utilizados por la delincuencia para la venta de drogas al menudeo. Cabe destacar que aunado a esta Reforma legal se empata con la entrada en vigor, para que el narcomenudeo sea perseguido, consignado y juzgado por la Autoridad Local.
En un documento hecho público por la Comisión aludida señala que las reformas, ya en vigor, proponen cuando menos tres ejes en el combate a la delincuencia:
1.- que los bienes utilizados para delinquir asegurados por el Ministerio Público, sirvan para el pago de la reparación del daño
2.- evitar que esos bienes, sigan siendo utilizados para cometer ilícitos
3.- que se resguarden elementos probatorios contra la delincuencia para el proceso.
Además de los bienes muebles (casas, locales, departamentos, etc.) considerados dentro de la comisión del delito, aprobado en la reforma al Código Penal, se aplica la Ley de Extinción de Dominio; el robo de vehículos y el de extorsión vinculada a la delincuencia organizada.
Sobre el tema, el documento agrega que podrá solicitarse la extinción de dominio a los inmuebles o domicilios que sean utilizados por la delincuencia para la venta de droga, ya que el anterior Código sólo contemplaba el combate al crimen organizado en delitos como trata de personas, robo de vehículos a gran escala y secuestro. Con esta decisión, argumenta la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa, los propietarios de inmuebles serán más cautos cuando personas desconocidas o con apariencia extraña soliciten el alquiler temporal de un domicilio; en caso contrario, podrían perder su propiedad.
De todos estos argumentos y artículos reformados, se enteró puntualmente a las Comisiones Nacional y Local de Derechos Humanos para los efectos legales que les soliciten.
El PRI en la Asamblea Legislativa reitera su respeto al mandato de la Corte, pero por cuestión moral los comercios deben otorgar gratuidad de estacionamiento
El GPPRI en la ALDF en voz del Diputado Israel Betanzos Cortés, respetó el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que exigió a esta representación popular derogar de la Ley de Establecimientos Mercantiles la obligatoriedad de los tiendas departamentales, tiendas de autoservicio, almacenes, plazas comerciales, etc. de regalar 2 horas de estacionamiento a los clientes que consuman; así se aceptó y se actuó en consecuencia, sin embargo, el legislador explicó en un documento su inconformidad con la Corte.
Aseguró que “los dueños de los giros mercantiles tenían la obligación de otorgar estacionamiento gratuito porque el cliente consume sus productos y no va con la intención sólo de estacionar un automóvil en el súper, gasta su dinero. Sin embargo, dijo, éste fue un argumento de quienes se sentían ofendidos en sus ganancias.
El diputado priísta sostiene en su posición que en el reglamento de la Ley tenía que establecer, para la gratuidad del servicio, un consumo mínimo que evitara pérdidas a los comerciantes. Sin embargo, fue contundente, la equivocación de la Corte en su veredicto sólo va a prometer que los establecimientos mercantiles sigan sangrando a sus clientes.
Betanzos Cortés arremetió contra los comerciantes, ya que estos negocios cuentan con empresas concesionadas para la administración del estacionamiento, en consecuencia estos prestadores de servicio también deben cumplir con lo que marca la Ley de Establecimientos mercantiles del DF para la apertura de su giro porque es completamente distinto al que ofrecen las plazas comerciales.
Aseguró que su Grupo Parlamentario, el PRI, en la Asamblea legislativa se solidariza con la economía familiar, en el sentido de que el mandato de la Corte, fue equivocado, afectando al consumidor en aras de cuidar las ganancias de los empresarios.
Sostuvo que esta V Legislatura ha cumplido con los ordenamientos marcados en la Ley redactada, analizada, discutida y aprobada por el Pleno de la ALDF, por lo que dejó explícito su razonamiento de que es un derecho darle a los consumidores, por ley, estacionamiento gratuito por lo menos 2 horas, y no seguir enriqueciendo el bolso de la gente que más tiene.
El caos, la anarquía y la inseguridad del transporte público concesionado en el DF es responsabilidad de Armando Quintero Martínez, acusa el Diputado Raúl Nava Vega
Ante los recientes y recurrentes accidentes sucedidos en el transporte público concesionado (microbuses, combis, habilitados, autobuses, taxis. etc.) urge revalorar las acciones y las sanciones que la “autoridad” ha aplicado, pues como se ven las cosas estas no ha surtido el efecto correctivo. Es por el ello que el GPPVEM en la ALDF, en voz de su Coordinador, Diputado Raúl Nava Vega solicitó a la Contraloría General del DF realizar una auditoria a las Secretarías de Transporte y Vialidad y a la de Seguridad Pública en materia de transporte público
Señaló que la reincidencia de estas situaciones, a pesar de las medias correctivas ha fracasado.
Por ello, es importante que la Contraloría de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública realice de forma inmediata la actuación de estas dependencias, así como al Instituto de Verificación Administrativa para frenar, y en el menor de los casos minimizar el número de accidentes por la incapacidad o falta de acción de las autoridades responsables.
La Contraloría, detalló Nava Vega, debe realizar todo tipo de auditorías y evaluaciones a las dependencias con el objeto de promover la eficiencia en sus operaciones y verificar el cumplimiento de los objetivos de sus programas.
Con base en los parámetros auditados deberá emitir observaciones y recomendaciones; dar seguimiento; sostener reuniones periódicas con los titulares de las dependencias, para tomar las medidas adecuadas.
La Contraloría tiene que cumplir con sus obligaciones en beneficio de los usuarios del transporte público concesionado que diariamente se ven amenazados por el mal servicio que se ofrece este sector.
Raúl Nava Vega exigió al Secretario de Transportes y Vialidad, Armando Quintero Martínez, reconocer que el sistema del transporte público de la Ciudad de México es “caótico, arbitrario e inseguro y después echar la bolita a todas partes, sólo levanta una cortina de humo, para desviar la atención de lo que nunca pudo resolver su incapacidad y desinterés en los asuntos de la SETRAVI.