A favor de que el Instituto de Transparencia reactive sus actividades votaron a favor los ministros Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar, el voto en contra fue de la ministra allegada a la 4T, Yasmín Esquivel
Finalmente después de 145 días sin sesionar con el Pleno, con lo que se han quedado sobre el escritorio 8 mil 300 asuntos pendientes de trámite, este miércoles el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personal (INAI) vuelve a reactivar sus sesiones, luego de que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó que este órgano garante puede llevar a cabo sus reuniones con 4 de sus 7 consejeros, en tanto, el Senado de la República debe designar a los tres comisionados faltantes.
«Hay mayoría de 3 votos con el sentido del proyecto, con el voto en contra de la ministra Yasmín Esquivel», se anunció en la sesión.
El fallo de la Máxima Corte del país surge tras la impugnación del INAI, ante las omisiones presentadas por el Senado para nombrar a los tres comisionados que faltan, luego de la orden girada desde Palacio Nacional para que senadores morenistas bloquearan el nombramiento de los tres comisionados faltantes, lo que impidió al Pleno del Instituto de Transparencia sesionar durante cinco meses.
El asunto fue turnado a la Segunda Sala de la SCJN, y en la sesión de este miércoles, con ausencia de la ministra Loretta Ortiz la votación de 3 contra 1, resolvió a favor de que el INAI sesione con cuatro de sus siete comisionados.
A favor de que el INAI reactive sus sesiones con cuatro de sus consejeros votaron los ministros Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar, mientras que el voto en contra fue el de la ministra allegada a la 4T, Yasmín Esquivel.
Tras conocerse la votación, los consejeros del Instituto Nacional de Transparencia aplaudieron la resolución y a través de un comunicado señalaron la decisión de la SCJN como una muestra de la eficacia del modelo de pesos y contrapesos en el país, así como de la vigencia de un estado de Derecho.