Más allá de las razones religiosas o sentimentales de los familiares de los mineros muertos en Pasta de Conchos hace ya tantos años, para desenterrar cuanto se pueda hallar de sus despojos e inhumarlos después de acuerdo con sus costumbres y honor, vale la pena reflexionar sobre dos anuncios hechos ayer por el Supremo Gobierno y el Señor Presidente, así como de la muy precoz secretaria del Trabajo, la señorita Luisa María Alcalde.
El primero es algo un tanto extraño: ha dicho el Señor Presidente: Grupo México nos devolvió la concesión.
Alguien lo podría haber dicho de otra manera: el Grupo México, mañosamente (los gansos le tiran a las escopetas), le entregó la mina y sus problemas al gobierno. A ver cómo se les arregla para algo supuestamente imposible desde el punto de vista técnico: llegar hasta la zona donde fue el derrumbe de aquel 19 de febrero de hace 14 años.
Una concesión es un acto administrativo y político: el gobierno ( y nadie más), a cambio de ciertos requisitos y condiciones económicas o sociales, le concede (permite o autoriza) a alguien un privilegio (licencia, sinecura, etc.) ya sea trabajar una mina, un pozo de agua o una frecuencia de radio. Cualquier cosa, hasta operar una aerolínea o un banco.
Los concesionarios, además de una casta divina, son sujetos de tolerancia y cumplimiento. O deberían serlo, Cuando incumplan, como hace Grupo México todos los días, pueden (o deberían), perder las concesiones, no sólo comprar “cachitos” para la rifa del avión sin avión.
Si el gobierno se comprometió a encontrar los sesenta y tres cadáveres sepultados bajo cientos de toneladas de tierra y piedras en el socavón colapsado, hizo muy mal; debió haberle exigido ese “rescate” al señor Germán Larrea y no –como se ha dicho–, pedirle si por favorcito le entregaba la concesión al gobierno y de pasadita le endilgaba la solución de un problema al parecer sin remedio. Pero ante el pesimismo de la lógica y la dificultad de meterse bajo la tierra a buscar cuerpos humanos degradaos por el tiempo y el derrumbe, la muy diligente y entusiasta señorita secretaria del Trabajo, Luis María Alcalde piensa de otra manera. Ella ha dicho:
“…Hoy se cumplen 14 años de esa tragedia, esa explosión en la mina de Pasta de Conchos, donde perdieron la vida 65 mineros, 63 de ellos aún continúan atrapados”.
Yo no se estén atrapados, sepultados o despedazados bajo el suelo. Pero la piedad permite hablar de ellos como si estuvieran vivos. El verbo continuar ya no se conjuga más allá de la muerte, pero esas son minucias. Lo importante es otra cosa: cumplir con una promesa.
En ese sentido y más allá del aprovechamiento político del rescate, valdría la pena recordar algunos de los puntos de la recomendación hecha (2006) por la CNDH en torno de este asunto .
“…No pasa inadvertido que la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social contaba con instrumentos legales para haber detenido los trabajos de la citada empresa (clausura temporal) hasta en tanto no se llevara a cabo el debido cumplimiento de las medidas detectadas en la visita de inspección del 12 de julio de 2004 y, a pesar de ello, no se hizo nada al respecto, violentando con ello lo establecido en el artículo 23 del Reglamento General para la Inspección y Aplicación de Sanciones por Violaciones a la Legislación Laboral, el cual señala que si el inspector detecta deficiencias que impliquen un peligro inminente para la seguridad del centro de trabajo o para la salud o seguridad de las personas que se encuentran en él, propondrá a las unidades administrativas competentes de la Secretaría la clausura parcial o total del centro de trabajo…”
Mientras las preocupaciones reales de la citada CNDH tienen relación con los asuntos laborales, el descuido, la falta de protección, el actual gobierno centra su atención en los difuntos y sus deudos y no en la peligrosa actividad minera, cuyos riesgos se agravan por el crónico incumplimiento de las condiciones subterráneas, la falta de equipo y la falta de medidas de seguridad, como bien saben al menos dos senadores afines a este régimen: Guadiana y Gómez Urrutia.
Pero no está el horno para desperdiciar la empatía con los difuntos. O como dice la secretaria:
“…Seguimos trabajando, presidente. Y pues hoy recordamos, a 14 años, esas vidas que quedaron atrapadas en este terrible accidente…”
Pues no, las vidas no quedaron atrapadas. Los mineros muertos quedaron sepultados.
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