Una de las principales desviaciones del actual gobierno en su accidentada relación con los medios de comunicación, de la cual no han estado a salvo ni siquiera los periódicos extranjeros de mayor prestigio, consiste en otorgarle al régimen o al Presidente de la República, el derecho a la libre expresión. No al ciudadano; al mandatario.
El presidente, en tanto depositario del poder soberano nacional, tiene obligaciones, no derechos cuyo ejercicio lo ponga en contra de los ciudadanos. La Constitución dice otra cosa. La verdad jurídica, también.
La libertad de pensamiento, expresión, imprenta, divulgación de las ideas, etc., le corresponden a los ciudadanos, no al gobierno, aun cuando para polemizar contra los gobernados invoque su derecho de réplica.
Una cosa es la réplica –colocada en el sexto constitucional–, y otra la escaramuza, la persecución, el linchamiento en redes sociales inducido abusivamente desde el poder y las abundantes granjas de mensajes automáticos por las redes sociales en contra de informadores a quienes se considera, no ciudadanos en ejercicio de su derecho a opinar, discutir y disentir, sino como súbditos insumisos carentes de validez moral a quienes se les forma cuadro en el paredón virtual.
Eso es la guerra, o al menos el uso de métodos de guerrilla, desde el poder.
Algunas de estas ideas fueron externadas y analizadas ayer en un foro virtual (ahora todo es así), convocado por FUTURO 21 y organizado por Teresa Vale y Demetrio Sodi, en el cual participamos, Ana Paula Ordorica, Nicolás Alvarado, Carlos del Valle, Raymundo Riva Palacio, Leonardo Curzio y este reportero.
La preocupación principal, obviamente, es la creciente hostilidad contra los medios, disfrazada del ejercicio gubernamental de su auto consagrada libertad de expresión.
Y ahí hay una confusión, los gobiernos, éste y cualquiera otro, no tiene derechos humanos. Tiene obligación hacia los derechos humanos de los habitantes de su país. No sólo de los ciudadanos; de todos.
La gran transformación de los Derechos Humanos en los cambios constitucionales de 2011, fue precisamente esa: el Estado, la Constitución y el gobierno, no otorgan derechos; los reconocen y deben garantizarlos (no pelear cuando alguien los ejerce) y protegerlos. Pero del poder hacia abajo, no del poder hacia el poder mismo.
Esa es la naturaleza conceptual de los Derechos Humanos: el poder del Estado no se puede ejercer en contra de los derechos fundamentales. Y cuando no se protegen, sino se litigan o –con manifiesta desventaja y abuso de poder–, se acosa a quien lo ejerce, entonces se violan, como sucede en la hoguera matutina de los críticos y aun de los opositores.
La confusión entre derechos y responsabilidades obligatorias no proviene de la ignorancia. Eso lo sabe cualquiera con la secundaria terminada. Proviene de otra concepción errónea: la exclusividad moral.
Y no es así: la mayoría electoral no es sino eso. No es sinónimo de superioridad ética ni personal. Nadie es mejor (ni peor) por ganar una elección. Llegar a un cargo por elección directa sólo significa el acceso a un campo de responsabilidad.
Cuando se gana una elección, los derrotados no pierden los derechos reconocidos por la ley. No caben en la interpretación constitucional ni las derrotas definitivas y humillantes, ni mucho menos las derrotas morales. Es vanidad no tiene nada de jurídico, ni de legal.
Entre los asistentes al foro virtual ya mencionado, hubo un consenso notable: nunca antes la profesión había estado tan amenazada. La conferencia matutina en la cual el presidente lejos de informar adoctrina y satura, es a un tiempo altoparlante encendido y lectura de la orden del día. Tampoco es un ejercicio periodístico.
El incesante bombardeo de conferencias a la mañana, la tarde y la divulgaciónde los mensajes presidenciales (por ahora no hay tribunas en las giras nacionales), hace empequeñecer los temas. Todo es una propaganda incesante e inclemente frente a una ciudadanía inerme para contrastar los puntos de vista pues quien analice y discrepe, automáticamente es un venal, traidor, emisario del pasado neoliberal, corrupto.
Siempre se descalifica al mensajero, pero nunca se escucha el mensaje. Esa ha sido, a lo largo de los siglos, la verdad desde el púlpito. Así se justificaba la pira para el hereje en los tiempos antiguos de la inquisición.
También hubo otro consenso en el foro: persistir, hasta cuando sea posible, en el ejercicio profesional, esquivando –mientras se pueda–, las tarascadas de los fanáticos de esta guerra santa; los defensores de la moral, aunque, muchos de ellos, sean inmorales.
