Desde cualquier punto de vista el desastre de Mexicana de Aviación es una obvia consecuencia de la corrupción desde la cima y de ninguna manera producto de la crisis global de la industria aeronáutica o los problemas de la recesión, la crisis financiera mundial o la pandemia de la influenza.
Se trató –con todas las evidencias conocidas y quizá algunas por conocer–, de una adquisición ventajosa para los aliados electorales (como también es el caso de Aeroméxico) a quienes después se financia con créditos de manga ancha a pesar de su insolvencia y luego se les permite huir cuando la ordeña de la vaca famélica ha terminado y la res está muerta.
Además del triste destino de los trabajadores del aire y la tierra empleados en esta añeja empresa cuya larga tradición no fue suficiente para sostenerla en operación, el gobierno ha incurrido en un caso de negligencia culposa y disimulo irresponsable.
“No vamos a intervenir en un rescate”, ha dicho ufano el secretario de Comunicaciones, Juan Molinar secundado por Javier Lozano, secretario del Trabajo y obviamente ambos en seguimiento de la partitura repartida por su patrón, el licenciado Felipe Calderón, presidente de la República. Nada, ni un peso a una empresa privada y quebrada.
–¿Quién la quebró?
Eso no le importa a un neo-sistema experto en el desmantelamiento. Cayeron Aerocalifornia, Aviacsa y ahora Mexicana. Al país le están cortando las alas.
–¿Quién vendrá?
Las empresas extranjeras, beneficiarias de la descalificación de nuestra industria hecha poco tiempo antes de la quiebra de la añosa compañía.
El argumento para observar con los brazos cruzados la extinción de Mexicana de Aviación, es su condición de empresa privada. Es un asunto entre capitalistas, inversionistas y nada más. Por eso nadie desde la esfera oficial se mete para evitar la quiebra o remendar el entuerto, a pesar de tratarse de un negocio para cuya operación se necesitan concesiones federales.
Resulta notable por otra parte el paralelismo con Luz y Fuerza del Centro.
Esa empresa estatal fue disuelta precisamente por sus irresolubles problemas financieros y lo inviable de su rescate. En el auge de su eficacia, el gobierno cierra las empresas del Estado y deja quebrar a las compañías particulares. Dejar hacer, dejar quebrar.
Hoy los mexicanos vemos cómo día con día el régimen nos entrega las evidencias de su incompetencia. Los problemas no se resuelven, se dejan estallar como viene sucediendo con el más notable y peligroso de todos: la seguridad pública.
Mientras nos quedamos sin líneas aéreas ( ya perdimos el sistema bancario; no tenemos una adecuada red ferroviaria; concesionados hasta las aduanas) el mundo nos mira con espanto: «es como un territorio minado. Exactamente la imagen que se tiene que grabar nuestra gente en el Ecuador y en otros países, es que hacer una travesía tan peligrosa es como entrar a un territorio minado: hay muchas bandas criminales que están acosando a los migrantes en ese trayecto», ha dicho el embajador ecuatoriano Galo Galarza.
Pero el problema no reside en la riesgosa condición del territorio sino en la desdeñosa abulia del gobierno. No son nuevas las advertencias y evidencias del tráfico de personas en el país ni tampoco del frecuente secuestro de migrantes. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos lo ha documentado hasta el cansancio gracias al excelente trabajo de Mauricio Farah entre otras personas inmersas y comprometidas con el tema; muchos otros desde la sociedad civil, como el padre Alejandro Solalinde, lo han denunciado y señalado con voces incansables en el desierto eterno. Nada, pura palabrería.
El propio gobierno, falsamente, para cubrir las apariencias, dice estar enterado y comprometido en este asunto. En julio de este año México le presentó a la Organización de Estados Americanos un informe del cual hoy se deben estar carcajeando.
“De enero de 2008 a abril de 2010 se registraron 141 casos de secuestros de migrantes (cuando la CNDH ofrece la cifra de 10 mil por semestre) , por los cuales hay 36 detenidos y 393 víctimas (nada más en un día hubo una ejecución de 72 personas) , destaca el informe que ayer presentó el gobierno de México sobre el combate a la retención forzada de indocumentados en su paso por territorio nacional rumbo a Estados Unidos.
“El informe señala –dice Medios México–, que de enero de 2009 a abril pasado, se realizaron 17 operativos para liberar a 515 migrantes secuestrados.
“El documento fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Poiré, y da respuesta a los cuestionamientos que se hicieron al Estado mexicano en la audiencia pública que se realizó en el organismo el pasado 22 de marzo”.
El análisis oficial tiene la imprecisión propia del amateurismo. Por ejemplo, dice en una de sus partes:
“El secuestro a migrantes es un delito en el cual la información fluye de manera aislada de las instituciones involucradas en cada caso dificultando el seguimiento sistemático del problema”.
Esa explicación resulta inadmisible sobre todo por la inclusión del Instituto Nacional de Migración al Sistema de Seguridad Nacional desde el año 2005, lo cual implica la disposición de todos los datos posibles en el país.
Pues ni así. Lo más risible de todo esto es la aparición de un personaje en ambas etapas. Hoy el secretario técnico del Sistema de Seguridad Nacional (se oye bien bonito eso), Alejandro Poiré, es el mismo funcionario encargado meses atrás de la subsecretaría de Migración, Población y Asuntos Religiosos demás, de la Secretearía de Gobernación quien es además su vocero. ¿El resultado?, una suma de cero.
Pero la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, le hace un llamado a México a “realizar con carácter de urgente una investigación profunda, transparente e independiente de estos asesinatos y a preservar la dignidad de las víctimas asegurando su identificación y devolución a sus familias, en su país de origen… asegurarse que no haya impunidad es crucial para evitar la repetición de este tipo de crímenes terribles”.
Pues va a quedarse con las ganas, señora.
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El viernes por la tarde la Secretaría de la Defensa Nacional emitió un comunicado del cual extraigo este párrafo: “…en referencia a la recomendación número 45/2010 de la CNDH. (sobre lo ocurrido en el “Tec” de Monterrey) notificada al titular de esta dependencia del Ejecutivo Federal el 12 de agosto del 2010, se informa que este Instituto Armado, respetuoso de las funciones que desarrolla la CNDH, determinó aceptar la recomendación, cuyo cumplimiento se sujetará al marco jurídico nacional”.
Notable contraste con lo expresado un día antes por el Presidente Felipe Calderón:
“A cada rato vienen a decir que las violaciones a derechos humanos del Ejército y una serie de cantaletas que también ya empiezan a cansar, que no son ciertas…”
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Pero no es ese el único caso donde los bandazos son visibles. La muerte del señor Roberto Javier Suárez Vásquez, agente del Ministerio Público encargado del inicio de las investigaciones de la masacre de San Fernando, Tamaulipas, es otro caso de grotesco humorismo involuntario: a lo largo del día pasó de muerto a desaparecido y de difunto a “levantado”, como si fuera un juego de Mario Bros.
La “Procu” lo mataba y el presidente Calderón lo resucitaba. En estos casos estamos sujetos, además, a la oleada de los tuiteros, en contra de la (inexistente) información oficial inmediata, confirmada, responsable y fidedigna. ¿La consecuencia? La confusión y la pérdida de credibilidad y por tanto de confianza.
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A punto de comenzar la batalla por el presupuesto, en la cual el PRI le quiere bajar los impuestos a los ciudadanos y el gobierno se los quiere aumentar, quedan estos diagnósticos de Enrique Peña Nieto, gobernador del estado de México:
“El PRI no escatima su apoyo a las instituciones del país. El PRI de hoy, resuelve con la prudencia de la razón, y no con la exigencia de la desesperación… No permitamos que la alternancia transite al caos.”
Y Manlio Fabio Beltrones: “…vamos a trabajar, no vamos a cancelar de ninguna manera el diálogo con el Presidente.
“No vamos a dejar de atender las convocatorias del Ejecutivo, pero nosotros también queremos que él atienda las nuestras. Estaremos buscando encuentros, pero que no sean simplemente con intereses mediáticos, de mandar un mensaje de “ya nos reunimos”, sino que busquen las soluciones debidas a los problemas que agobian a México en su conjunto”.
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En la última de las reuniones del Campo Marte en las cuales lejos de hallarse soluciones en materia de seguridad se probó la inutilidad de unja concurrencia diversa con tantos puntos de vista como para organizar un debate, pero no una política de Estado, Claudio X. González, cuyo hijo criticó al presidente por su activismo partidario, dijo en nombre del Consejo Coordinador Empresarial:
“Esperamos que la muerte de tantos inocentes, sirva para que los diferentes órdenes de gobierno tengan conciencia de que lo que necesitamos en México es voluntad de trabajo coordinado, eficiencia, resultados y, sobre todo, que tengamos en cuenta que debemos todos trabajar por y para México.
“Sólo así lograremos lo que todos buscamos: un Estado seguro y en crecimiento, que le ofrezca a los ciudadanos oportunidades para un mayor bienestar”.
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En Durango, Arturo Torres González uno de los promotores de José Rosas Aispuro en el conflicto post electoral, se ha separado de los afanes anulistas, pero quien sigue en el empeño es César Nava, presidente del PAN quien no hizo las cosas tan bien como su propia propaganda dice. El líder del partido ya le cortó las alas por la reelección y hasta lo sacó del juego por la candidatura presidencial.
