Mientras no mejoren calidad y cobertura educativa en el DF y en el país, los niveles de deserción, desinterés y cariño por la educación seguirán siendo el factor que mantiene en el atraso la enseñanza pública. En los trabajos de los Foros Ciudadanos para el Desarrollo Económico, Social y Urbano del Distrito Federal, organizado por la ALDF y la UNAM, correspondió a los académicos de la Mesa “Educación y Empleo” exponer la realidad que vivimos.
Bajo la moderación de la Diputada del PRI, Alicia Téllez Sánchez, la Coordinadora de Vinculación Académica de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNAM, doctora Judith Zubieta, dijo que es urgente innovar la educación, no sólo tecnológica, sino pedagógica ya que las exigencias para acceder a una oportunidad de trabajo demanda mejor preparación, de más grados académicos, apenas, lamentó, para obtener salarios bajos.
Por su parte Juan Fidel Zorrilla, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, de la UNAM, aseguro que si las asignaturas ya no son atractivas o no son impartidas de manera sencilla, se tiene como resultado la deserción escolar entre los jóvenes de 15 a 18 años de edad, por el desinterés de continuar en la escuela, seguido de la necesidad de trabajar, colaborar en el cuidado familiar o el involucramiento en la delincuencia que les representa mayores ingresos económicos.
La desigualdad social también es factor que incide en el alejamiento de las aulas, se dijo, pues mientras las instituciones privadas imparten conocimientos distintos a los programas oficiales y crean bolsas de trabajo, las escuelas públicas tienen poca calidad porque los profesores deben doblar turnos para obtener mayor salario y descuidan la preparación de sus clases.
Finalmente la legisladora Téllez Sánchez, pidió al GDF responder totalmente a los beneficios del seguro del desempleo, para responder a la deserción escolar y criticó que más de 100 mil maestros de educación básica, comisionados a labores sindicales o partidistas, ignoren el principio ético de educar, por apoyar causas políticas ajenas a la educación nacional.
Inició en la Ciudad de México la aplicación de los Juicios de Preliberación y la reclusión domiciliaria con brazalete electrónico
Empezaron a operar en el Distrito Federal los juicios de preliberación y con estos la figura de juez de ejecución de sanciones, que tendrá la facultad de modificar las penas y otorgar beneficios de libertad anticipada, como la reclusión domiciliaria mediante monitoreo electrónico a distancia, a través de brazaletes.
La aplicación de la nueva Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal se impuso por primera ocasión en dos reos del Reclusorio Sur, uno por el delito de robo y otro por homicidio; el primero obtuvo el beneficio de dejar la libertad bajo ciertas condiciones de conducta, reparación del daño a la sociedad y buen comportamiento, de lo contrario regresará a prisión.
El culpable de homicidio no obtuvo el beneficio por lo grave de la falta.
Al respecto el promoverte de la Ley y Presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la ALDF, Diputado Julio César Moreno Rivera, aseguró que la aplicación de la norma es adecuada y revolucionará la impartición de este derecho, pero lamentó que el Tribunal Superior de Justicia sólo haya designado 2 jueces especializados para todo el sistema penitenciario, cuando la propuesta inicial era de 5 por cada centro de readaptación social en la Ciudad de México.
Sobre la reclusión domiciliaria mediante el brazalete electrónico, el diputado perredista explicó que sólo se aplicará al primodelincuente, siempre y cuando haya cubierto la totalidad de la reparación del daño, que su pena privativa de la libertad sea mayor a cinco años y menos de diez en prisión. Y una vez liberado tendrá que comprobar tener un trabajo, continuar con sus estudios y pagar el costo por el uso del dispositivo electrónico.
Fue claro en definir que quienes estén sentenciados por homicidio calificado, secuestro, desaparición forzada de personas, tráfico de menores, turismo sexual, pornografía, trata de personas, robo agravado, extorsión, asociación delictuosa, delincuencia organizada, entre otros NO GOZARÁN de los beneficios de esta nueva Ley.
Interponen representantes de los pueblos originarios del DF querella ante la CNDH contra la SCT por el Proyecto Carretero “Arco Sur”
Los coordinadores territoriales, subdelegados, representantes comunales y ejidales de los pueblos originarios de Milpa Alta, Xochimilco, Tlalpan, Tláhuac y Magdalena Contreras acompañados por el Diputado Horacio Martínez Meza, Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios y Atención a Migrantes de la ALDF, presentaron ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una queja en contra de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes por el proyecto carretero Arco Sur.
Este es impulsado con el objetivo de comunicar a los Estados de México, Morelos y Puebla, y consiste en la construcción de una autopista de seis carriles de 62 kilómetros de longitud, entre el entronque La Venta, en la autopista México-Toluca, encontrar la autopista México-Cuernavaca a la altura de Topilejo y de ahí a la México-Puebla, como parte del anillo exterior de la ciudad de México. Sin embargo, la obra traerá varias afectaciones, como fuerte impacto ambiental en una región de vital importancia para la Ciudad, pues el trazo del proyecto fraccionaría la Sierra de Chichinautzin, importante vaso de recarga del acuífero del Valle de México, detonando el desarrollo inmobiliario. Esté hábitat presta otros servicios ambientales, como la captación de dióxido de carbono.
En el texto de queja se exhorta a la CNDH establecer las medidas precautorias, para garantizar que la SCT no violente el derecho de los pueblos originarios a tener información oportuna y veraz, a ser consultados para la obtención de su consentimiento, así como tutelar su derecho a la integridad de sus tierras y territorio.
Martínez Meza aseguró que debe observarse en todo momento los principios establecidos en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que establecen la obligación del Estado mexicano, ha consultar a los pueblos originarios para obtener su consentimiento previo, libre e informado o llegar a un acuerdo en las medidas a proponer, sean de carácter legislativo o administrativo, como es el caso del Proyecto Carretero Arco Sur.
Vecinos de Álvaro Obregón no permitirán que el GDF y la Delegación los despojen del predio “La Cuesta”, en donde construyen, ilegalmente, una preparatoria y una alberca semi olímpica
Las obras sociales, que deben tener beneficio directo para la población no tienen que crearse sin la documentación legal, con el uso de suelo avalado, con la indemnización a los legítimos dueños de los terrenos en donde se edificará el bien, sin embargo, en la Delegación Álvaro Obregón, su titular Eduardo Santillán pasa por alto estas obligaciones y a cinco años de la construcción de la Preparatoria y la alberca semi olímpica “La Cuesta”, sigue sin regularizar éstas y ha gastado varios millones de pesos, con el riesgo de que un amparo echa abajo ambas obras.
Al respecto la Coordinadora del GPPAN en la ALDF, Diputada Mariana Gómez del Campo, pidió al funcionario público a terminar lo más pronto posible el proceso de regularización del predio La Cuesta, para que afecte el objetivo de brindar a los obreguenses educación, deportes y convivencia social.
Desde 2006, recordó la panista, se inició la construcción de las obras sin considerar las irregularidades que se mantienen sobre la propiedad de los terrenos, “no se puede disponer de los bienes de particulares sin que antes exista un procedimiento de adjudicación o expropiación, pagando los legal por la compra-venta, situación que no se ha dado en el predio señalado”
La Prepa y la alberca son irregulares, avisó al Delegado, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, ya que el suelo es considerado como Espacio Abierto, sin autorización para modificar su uso, explicó Gómez del Campo, y ni el GDF ni la Delegación Álvaro Obregón cuentan con el título de propiedad del predio La Cuesta.
Por lo anterior los vecinos de la zona han reclamado el despojo de una propiedad que legalmente les pertenecía y que ahora ambas autoridades quieren legitimar sin que les asista la razón legal, culminó la diputada panista.