Ante la impotencia del poder civil frente al poder fáctico de la delincuencia organizada, entraron a la escena michoacana otros dos poderes: el militar y el eclesiástico. Demasiados elementos en la cocina de un guiso podrido.
El Arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Inda, se lo ha dicho al gobernador (de algún modo debe llamarse a tan ilustre caballero) con su tradicional y sibilino estilo: este es un asunto de ingobernabilidad.
“…Su gobierno deberá afrontar retos tan grandes como son la seguridad y la gobernabilidad, la cuestión compleja de la educación y el magisterio, las inversiones y oportunidades de empleo.»
Obviamente la gobernabilidad no es un reto, ni siquiera en un sentido figurado: el reto es lo contrario. Es como cuando quieren hablar de este espinoso asunto y lo llaman problema de “seguridad pública” cuando es todo lo contrario, el embrollo no es la seguridad sino la ausencia de ella. Pero en fin.
La Iglesia siempre sabe cuando hundir el dedo en la llaga y lo hace con m murmurante admonición.
En la carta enviada por el señor obispo a Vallejo, recientemente incorporado a sus “responsabilidades” (sin conocerse bien a bien su verdadera resistencia física tras la delicadeza de sus males) hay un enfoque sumamente interesante:
«Le esperan tareas inmensas que exigen identificar y atender con inteligencia las raíces profundas de los hechos que preocupan y afectan a la población».
Es notable en la argumentación del religioso la importancia de “las raíces profundas de los hechos”, tanto como la bien informada anticipación a la ocupación militar del puerto de Lázaro Cárdenas, pues ya le sugiere a Vallejo (cuyo estado real de salud sigue siendo materia de especulaciones pues no si estas congojas el escenario ideal para una convalecencia hepática), “una sinergia, respetuosa y armónica, con el Gobierno federal, las Fuerzas Armadas, los ayuntamientos y los demás poderes del Estado con el objetivo de avanzar en la solución de los problemas”.
Pero el poder eclesiástico ha tenido otras intervenciones, algunas de carácter hasta metafísico, como fue la procesión en Apatzingán en medio de rogativas, rezos y oraciones, cuyo contenido fervoroso poco ha servido en verdad durante los últimos años. Pero dice el refrán aquello de pedir y trabajar y a Dios rogando y con el mazo dando, pues el Obispo Miguel Patiño encabezó una marcha acompañado de cientos de feligreses con clamor de la paz en Apatzingán.
Pero de manera más contundente las Fuerzas Armadas han hecho –una vez más–, lo suyo.
“…En conferencia de prensa con funcionarios de varias dependencias federales, Eduardo Sánchez, vocero de Seguridad, informó que hoy se iniciaron acciones simultáneas que deberán tener impacto en el ámbito comercial y de seguridad de esa entidad.
“Tras detallar el volumen de las operaciones comerciales y aduaneras que se realizan en esa terminal portuaria (Lázaro Cárdenas), Aristóteles Núñez, del Servicio de Administración Tributaria, aseguró que las 41 empresas privadas y entidades públicas, como Pemex y CFE, con presencia en Lázaro Cárdenas, contarán a partir de ahora con mejores condiciones para operar.
“El puerto de Lázaro Cárdenas, sostuvo, constituye un factor fundamental para el comercio exterior del País, es el más importante por volumen de carga; el segundo en volumen de contenedores y el tercero por valor de mercancía”.
En lo que va de 2013, precisó Núñez, se han realizado 91 mil 296 operaciones de comercio exterior que representan una recaudación de más de 16 mil 556 millones de pesos.
Esta aduana marítima, añadió, se ubica en el número 4 a nivel nacional en recaudación.
Pero evidentemente el aseguramiento del puerto, sus instalaciones y el pueblo aledaño, no tiene como finalidad satisfacer las necesidades fiscales, Se trata de quitarle las posibilidades de complicidad a los burócratas infiltrados. Eso es todo.
Sin embargo, y sin ánimo de aguar la fiesta, se debe buscar si hay en verdad una novedad en este despliegue castrense. Ya se ha hecho antes y no ha dado resultados definitivos. No podemos olvidar cuál fue el arranque de la estrategia (si era una estrategia en verdad o un fallido recurso de legitimación política) del gobierno de Calderón; desplazar a la autoridad civil y sustituirla por fuerzas militares de ocupación. También eso es todo.
El recurso de desplazamiento en Lázaro Cárdenas pronto podría ser conocido como “El truchazo”, sin no se ven resultados positivos en el corto plazo.
La ocupación militar de Lázaro Cárdenas es, obviamente, un paso necesario para la posterior ocupación de los demás municipios de Michoacán, pero es necesario darle un marco jurídico a esas acciones. ¿La presencia castrense o naval implica la suspensión de garantías? ¿Dónde queda la libertad del Ayuntamiento?
Al parecer una suspensión de garantías implicaría un reconocimiento de ingobernabilidad, al cual el gobierno federal no se quiere «arriesgar» quizá por cuestiones de imagen, como si hubiera alguna por conservar, pero una suspensión de facto, es todo lo contrario a un proceso de recuperación de garantías a partir de un recurso constitucional.
Los funcionarios desplazados ¿cómo quedan? Son subordinados de quién, ¿del primer señor con carabina frente a ellos?
Supuestamente el puerto es camino de acceso para drogas sintéticas y refugio de capos mafiosos. El desplazamiento de toda la burocracia, incluyendo la fuerza pública, es una acusación de hecho, de complicidad extrema. De ahí lo del “truchazo”.
Pero sin censurar de ninguna manera el recurso y la acción, se debería trabajar paralelamente en el aspecto judicial para detectar responsables, preparar expedientes y consignar a quienes hayan auxiliado a los grupos delictivos.
Si no se hace así, se estará garantizando la «cucarachización» del fenómeno.
