Por: Guillermina Gómora
Hace unos días, se informó que el gobierno de Graco Ramírez, en Morelos, utilizará drones –aviones no tripulados– para combatir a la delincuencia, ante la grave inseguridad que se vive en la entidad a su cargo. Tecnología, armas y policías, una historia que se ha repetido en otros estados en los últimos siete años y que poco o nada ha logrado.
El perredista, otrora crítico de sus antecesores, vivirá este martes un día complicado. La Coordinadora Morelense de Movimiento Ciudadano regresa a las calles y encabeza la marcha ciudadana para exigir al mandatario Graco Ramírez que cumpla su compromiso de regresar la paz al estado en un plazo de 18 meses. ¿Verdad que no es lo mismo gobernar que ser oposición?
En Michoacán conocen la película. Miles recuerdan aún el 11 de diciembre de 2006 cuando el entonces presidente, Felipe Calderón anunció y puso en marcha la “Operación Conjunta Michoacán”. Cómo olvidar las tanquetas del Ejército mexicano patrullando las ciudades de su tierra natal.
El panista inició la guerra contra el crimen organizado sin diagnóstico y estrategia. Vicente Fox lo acusa ahora de “crear una fosa virtual de 80 mil muertos durante su sexenio que nadie averiguó” (El Universal 11 de marzo).
Como respuesta a la militarización de Michoacán, el crimen organizado y el narcotráfico activaron su propio ejército: los ciudadanos. La Familia, Los Templarios y los narcotraficantes se habían apoderado del tejido social e hicieron de la población sus aliados y defensores.
La fallida estrategia se aplicó en ocho estados más durante el sexenio calderonista; policías militares y tecnología se desplegaron en Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Sinaloa y Veracruz. Se privilegió el uso de la fuerza, y tanto los cárteles como el crimen organizado se convirtieron en una terrible amenaza a la seguridad pública.
Nadie atendió y parece no entender dónde radica la fuerza de estos grupúsculos que han penetrado en numerosos sectores de la sociedad y que tienen en vilo a ciudadanos y empresarios de todos niveles, a quienes exprimen con extorsiones para continuar financiando sus movimientos delincuenciales.
Sobrevivimos en medio de una guerra que rebasó a las autoridades, que destruyó nuestras formas tradicionales de organización y pervirtió el futuro de cualquier nación: niños y jóvenes. Generaciones que fueron reclutadas por los criminales, a quienes hoy ven como sus héroes y el prototipo a seguir como estilo de vida.
De modo que urge cambiar el esquema de combate a los delincuentes; si bien la procuración e impartición de justicia en todas sus facetas es importante, es necesario instrumentar otras alternativas que nos rescaten como sociedad. Cambiar las armas por libros y plumas, impulsar acciones educativas que fomenten la inclusión y el desarrollo tecnológico.
Llegó la hora de que el gobierno y sociedad de manera conjunta establezcan procesos de participación social que generen identidad y apropiación territorial. Sentido de pertenencia de sus comunidades que los lleve a defender sus formas de organización apoyados en valores, actitudes y conductas, que respeten la vida, a las personas y a su dignidad, en la no violencia, y en la promoción de la paz por medio de la educación, el diálogo y la cooperación.
Diversos actores políticos se han pronunciado por el cambio de estrategia. Rocío Pineda Gochi, senadora del PRI por Michoacán, ha propuesto un trabajo de toma de conciencia con la población para reconstruir el tejido social y asegura que la base para ello es el fortalecimiento de la educación y la generación de empleo para reactivar la economía y desarrollar un plan integral.
En el mismo tenor se manifestó la senadora panista Luisa María Calderón, al señalar que la solución a los momentos difíciles que se viven en Michoacán son los niños y jóvenes, quienes, a través de la cultura, la música y la fotografía, entienden que sólo en comunidad se pueden hacer las cosas.
En efecto, la batalla por ganar espacios de convivencia exige algo más que policías y militares. El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, que vive tiempos difíciles definió así su estrategia: “He de afirmar que la educación es el arma más poderosa para poder combatir diferentes problemas, que tenemos hoy día en nuestra sociedad, como es el tema relacionado a la seguridad. Ni todas las armas, ni todos los policías, ni todas las patrullas, van a ser suficientes si no trabajamos de manera paralela en rubros relacionados a la educación, a la innovación, a la formación de nuestros jóvenes, a las oportunidades que podamos darles con empleo, con su formación, su desarrollo”, manifestó.
Vericuentos
Monopolios en la mira
Los integrantes del Senado revisan a detalle la minuta de la Ley de Competencia que llegó el viernes pasado. El coordinador del PRI, Emilio Gamboa, ha dicho que no será instrumento de excesivo control del gobierno, sino que servirá para fomentar una sana competencia entre las empresas para beneficiar a los consumidores. Por su parte, el panista Héctor Larios organizó un foro de análisis, para el miércoles 2 de abril, a fin de contar con mayor información para la discusión y aprobación de la Ley Federal de Competencia Económica. Entre los invitados están el presidente del CCE, Gerardo Gutiérrez Candiani; el de Coparmex, Juan Pablo Castañón, y la comisionada presidenta de la Cofece, Alejandra Palacios Prieto.
Freno a los abusos de las aerolíneas
Cuando los usuarios de las líneas aéreas nacionales llegan sobre el tiempo, en la mayoría de los casos les notifican que el vuelo fue cerrado y, en consecuencia, pierden su lugar y su dinero. Nadie los ayuda. ¡Ah!, pero si hay retrasos en las salidas o llegadas, nadie se hace responsable por los efectos de la demora. Así que el senador Jesús Casillas propuso reformas a la Ley de Aviación Civil para obligar a las compañías a devolver el 10 por ciento del costo del boleto por cada hora de retraso, en la llegada al destino contratado. Ojalá prosperé la moción.