Soborno, mordida, cochupo, “entre”, dádiva, pa’l refresco… el nombre es lo de menos, la acción es la misma: corrupción, problema sistémico que agobia al mundo y en el que México ocupa un deshonroso primer lugar en Latinoamérica, como lo reveló la consultora Ernst & Young, al dar a conocer los resultados de la 12 Encuesta Global de Fraude.
La perniciosa práctica se ha convertido en una obligación de alto costo para las compañías. El 60 por ciento de los directivos de las empresas en México considera que los actos de corrupción y pago de sobornos son un mal necesario para concretar negocios, principalmente en los sectores energético, farmacéutico y de construcción. Prácticamente han invadido todos los niveles de las políticas públicas encaminadas a generar bienes y servicios a favor de la población como salud, educación e infraestructura.
La deshonestidad se ha metido, como la peste, en todos los escritorios y ventanillas donde se autorizan los presupuestos, se colocan sellos y entregan cheques.
Aun cuando se ha tratado de combatir, el fenómeno persiste y se fortalece ante políticas erráticas que sólo han generado una carga regulatoria excesiva y burocracia innecesaria; hasta se han creado instituciones especializadas para atacar la corrupción vía la denuncia. Sin embargo, tanta reglamentación –tramitología– va en detrimento de la competitividad de la economía mexicana. “La renovación moral”, los peces gordos, la tan sobada transparencia, sólo quedan en el discurso, como promesa de campaña. La impunidad triunfa ante la falta de herramientas jurídicas efectivas para castigar a los involucrados en tan nociva conducta.
Tal es el culto que se le rinde a esta lesiva conducta que hasta películas se han realizado. Sólo hay que recordar la Ley de Herodes. Los Varguitas no son monopolio de un partido político, los hay tricolores, azules, amarillos y rojos. La mentalidad de “el que no transa, no avanza” está vigente y tenemos ejemplos recientes: Andrés Granier, Luis Armando Reynoso Femat, Humberto Moreira, Emilio González Márquez, Juan Sabines, los senadores del PAN y sus bonos, AMLO con su manida austeridad republicana, y de los líderes sindicales todos. No hay uno que se salve.
Es lamentable que por este enraizado y negativo hábito de corrupción nos ubiquen en el mundo. Hace unos días en el Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Internacional 2013 (BTI) se reveló que México es uno de los países que peor califica a sus partidos políticos en corrupción, especialmente por el tema del financiamiento. El 88% de los mexicanos encuestados considera que sus fuerzas políticas son “extremadamente corruptas”, lo que los deja con 4.6 puntos de grado de corrupción, la tercera peor nota mundial, sólo superada por Nigeria y Grecia.
Una muestra de la desconfianza reflejada en la encuesta es la advertencia que realizó el presidente del IFE, Leonardo Valdés, sobre “la carga excesiva” que representa para el pueblo de México los gastos de campaña. Reveló que durante la pasada contienda presidencial, durante los 90 días de proselitismo, partidos y coaliciones gastaron diario más de 28 millones de pesos. ¡Vaya despilfarro! Y luego hasta se ofenden porque les exigen cuentas claras de los dineros públicos, de nuestros impuestos. Por ello Valdés propuso el diseño de un nuevo modelo de fiscalización que elimine la simulación y contemple cero tolerancia a la violación de la normatividad y el ejercicio de los recursos.
Pero no todo es culpa de nuestra clase política. Los ciudadanos formamos parte activa de esta cadena de podredumbre. Para que haya corrupción se requieren dos partes. Si bien en México se ubica, de acuerdo con el Barómetro de Transparencia Internacional, a la policía, al Poder Judicial y a los partidos políticos como las instituciones más corruptas, el estudio contempla la participación de ciudadanos y empresas en la generación de éste cáncer que afecta la buena marcha de los servicios y consume los presupuestos públicos en perjuicio de los sectores más vulnerables.
Uno de los principales obstáculos para la democracia es la corrupción. Su presencia genera desencanto entre la gente hacia la política y los partidos, provoca que la participación ciudadana en los asuntos públicos sea menor a la que existe en otros regímenes que viven procesos de liberalización política similares genera consecuencias negativas en la calidad de la representación política. De acuerdo con Transparencia, el soborno es la experiencia más directa sobre la corrupción para una persona. En México 33% de la población encuestada aceptó haber ofrecido dinero a cambio de algún servicio. El costo de este tipo de compra tiene un efecto regresivo en la sociedad mexicana, pues afecta principalmente a las familias pobres. En promedio, se gasta 14% del gasto familiar en este tipo de corrupción y, para los núcleos más vulnerables financieramente, la proporción se eleva a 33 por ciento.
Así las cosas, estos indicadores nos debieran servir como acicate para poner fin a nuestra desmemoria, complacencia y complicidad en tan nefasta práctica. Habrá que exigir a nuestra pequeña clase política la aplicación de la ley, pues está claro que los organismos anticorrupción poco hacen en la materia y en ocasiones hasta solapan a los peces gordos. Enojarnos y hacer chistes de los escándalos de nada sirve, es urgente crear mecanismos efectivos para que la participación ciudadana se traduzca en cambios estructurales en el combate a este flagelo social.
De lo contrario, volveremos a escuchar a otro Granier presumiendo que tiene 400 pares de zapatos, 300 trajes, mil camisas y varias propiedades en México y en el extranjero. Vale recordar aquel refrán popular de que “no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre”.
Vericuentos
Adiós al protagonismo
El pasado viernes el presidente Enrique Peña definió la línea de acción entre los responsables de la seguridad nacional. Aseguró que en esta administración las dependencias federales no compiten entre sí y han unido esfuerzos y fortalezas institucionales para brindar mejores resultados. ¿Me estás oyendo, Genaro? Quedó claro que las “superproducciones García Luna” no tendrán cabida en este sexenio y que la guerra de vanidades entre militares, marinos y policías llegó a su fin y se trabajará para recuperar la confianza ciudadana.
Rapapolvo a vecinos de Coyoacán
Los coyoacanenses no quitan el dedo del renglón y quieren fuera al delegado, Mauricio Toledo, quien sobrevive en el puesto sabrá Dios por qué. Ayer colocaron mantas en diversos puntos con la leyenda “Delegado Toledo: ¿Fue contratado para servir a Coyoacán o para venderlo? Vecinos de Coyoacán”. Pero más tardaron en colgar las lonas que se las quitaran personas desconocidas. No hay que olvidar que Toledo está involucrado en actos de corrupción.
