Obviamente la segunda designación de Rosario Piedra en la CNDH no una sorpresa para nadie. Si su primera gestión ocurrió por sola voluntad presidencial en el caso de esta reelección ordenada desde el Palacio Nacional (o el palacio de Pakal), sucedió igual.
A fin de cuentas, el cargo de comisionada no dimana de la voluntad popular, ni siquiera de una decisión partidaria. Su abundancia no decide; acata las instrucciones de la “nomenklatura”, cuya bancada cree o hace como si creyera, en la infalibilidad presidencial –actual o pretérita–, para cualquier asunto.
Cuando no se puede pensar se puede obedecer.
Y así sucedió en este caso: la señora Piedra, también piensa y actúa con los dogmas de su educación radical de toda la vida, presente en los sectores más duros de Morena o en el conjunto del movimiento susceptible de acatar cualquier exceso con tal de cumplir con la regla de obediencia a la cual todos se han comprometido. Como debe ser.
Por otra parte, y como prueba de la irreflexiva disciplina, hay muchos ejemplos de distorsión de la conducta de la actual comisionada cuyo dogmatismo militante le impide comprender la diferencia entre los Derechos Humanos y la propaganda partidaria envuelta en el delirante e incendiario discurso panfletario de la rancia estirpe guerrillera de donde proviene.
Leamos uno de los más enrevesados textos producidos por esta persona a la cual el Senado le ha prolongado la comisión. Demuestra su incapacidad y explica los frutos de la docilidad:
“…Sólo que la defensa de los derechos humanos no es un circo. Implica, sobre todo en un país como el nuestro, tener muy claro cuáles son las necesidades y las carencias del pueblo, para resarcirlas.
“Y tenemos claro que Libertad, Justicia e Igualdad son los reclamos históricos de las y los mexicanos.
“Por eso apoyamos la nueva estrategia de seguridad y la decisión de otorgar a la SEDENA el control administrativo y operativo de la Guardia Nacional; por eso evidenciamos la colusión del Estado en el crimen de Luis Donaldo Colosio y en la tortura de quien hicieron pasar por su asesino; por eso visibilizamos la corrupción que rodeó el caso de Ernestina Ascencio Rosario, ocultado por la CNDH en 2007 por órdenes presidenciales; por eso emitimos la Recomendación 98VG/2023 para hacer justicia a las víctimas de la violencia política del Estado entre 1965 y 1990.
“Y por eso estamos atendiendo la nueva queja de las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa”.
Ninguno de los puntos de este panfleto y no resiste un análisis serio.
“Las necesidades y las carencias del pueblo”, circunstancias históricas, no son la materia de una comisión como esta cuya función es intervenir cuando se producen abusos de poder; esa invocación a la injusticia histórica no resuelve ni un sólo caso de atropello militar –con ejemplos en Chiapas o Tamaulipas–, o como tantos otros conocemos todos.
Y si la señora se mete en el caso de Iguala, lo hace con el cieno hasta la rodilla: “…estamos atendiendo la nueva queja de las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa…”
El Grupo Eureka, del cual su madre fue fundadora, opina diferente en este asunto:
“»En general, su actuación parece abonar a la impunidad de los perpetradores del terrorismo de Estado y al discurso oficial de olvido, obediencia debida y punto final».
O su maromero respaldo a la reforma judicial:
“…Para esta CNDH resulta fundamental que el pueblo de México tenga una participación cada vez más activa en la toma de decisiones que afectan la vida pública del país; por ello, considerar —como lo hace esta reforma—la elección de jueces y magistrados mediante el voto popular, es un paso no sólo necesario, sino una deuda histórica…”
La CNDH fue el primero de los órganos autónomos constitucionales en extinguirse como se propuso la 4T. Ahora, con este segundo premio, se confirma.
