El órgano internacional subraya que la iniciativa impulsada por el populista mandatario lleva sello de encaminar a México hacia una posible “dictadura”
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su «grave preocupación» ante el posible impacto negativo de acceso a la justicia con la avalada reforma judicial con tintes vengativos impulsada por el populista Andrés Manuel López Obrador, al no haber garantías de autonomía ni del Estado de derecho.
La reforma al Poder Judicial, planteada por el populista mandatario, a quien le quedan menos de 20 días para dejar el cargo de un sexenio para el olvido, buscará a partir de junio del 2025 la elección de jueces y magistrados por voto ciudadano, tras su aprobación por ambas cámaras del Congreso y el visto bueno de más de la mitad de los 32 Congresos estatales.
«La Comisión ha recibido cuantiosa información de parte de organizaciones de la sociedad civil, personas expertas y operadoras de justicia sobre las posibles afectaciones que derivarían de esta reforma constitucional frente a las obligaciones internacionales de México en materia de independencia judicial, acceso a la justicia y vigencia del Estado de derecho», indicó este jueves el organismo en un comunicado.
Apuntó que la información disponible indica que la reforma incluye el cese de autoridades judiciales mexicanas en dos periodos: 2025 y 2027, para dar paso a una elección popular de todos los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte del país.
Además, llamó la atención de la CIDH «lo precipitado de las profundas modificaciones que podrían tener consecuencias negativas para las garantías de idoneidad y acceso meritocrático a la carrera judicial».
Subraya que las críticas también señalan que «no parte de un diagnóstico sobre los verdaderos déficits en el acceso a la justicia ni contempla cómo impactará en los procesos de elección popular la fuerte presencia del crimen organizado en varias zonas del país».
La CIDH llamó a las autoridades del Estado mexicano «a asegurar que toda reforma judicial se realice de acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los estándares interamericanos sobre independencia judicial y acceso a la justicia, y que responda a las necesidades de justicia expedita y efectiva para su población, sin discriminación».
Y frente a los conflictos, manifestaciones y las protestas públicas, exhortó a garantizar instancias de diálogo real, que aseguren la participación de todos los sectores interesados.
López Obrador anunció que el 15 de septiembre promulgará la reforma judicial para que a partir de junio de 2025 los mexicanos elijan en las urnas a los jueces, a la Suprema Corte y a un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, que de acuerdo con organizaciones internacionales, estará a modo para que el populista mandatario, con sus órdenes a través de las autoridades en turno, castiguen a juzgadores por no haber apoyado sus reformas y rechazarlas por inconstitucionales.
Trabajadores del Poder Judicial y opositores advierten que la reforma con tintes vengativos de López obrador encamina a México hacia una posible «dictadura» o «autocracia», porque la iniciativa permitirá que el Ejecutivo postule candidaturas a placer, acomodando a sus allegados y amistades para todos los juzgados del país y reciban apoyo del oficialismo para las campañas, mientras que el Tribunal de Disciplina sancionaría a los jueces disidentes que se opongan a la orden del presidente o presidenta en turno.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial (Jufed), que está en huelga desde el 21 de agosto, anunció el miércoles que acudirán a instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para frenar la iniciativa recién aprobada.