De pronto se juntan varios elementos en la infinita hoguera de las vanidades, para usar un título de Tom Wolfe. Un delegado grisáceo y poco afortunado en el ordenamiento de los servicios públicos en una crítica demarcación, como se vio entre otros momentos a lo largo de la “Crisis Cabañas” en la delegación Álvaro Obregón y un dibujante especializado en valorar, promover y comercializar su persona por encima de los reales méritos de su obra.
Eduardo Santillán, delegado del GDF en la ya dicha zona y José Luis Cuevas el único “enfant terrible” cuya precocidad se ha extendido hasta las fronteras de la ancianidad, le asestan un hachazo a la tradición de una zona típica de la ciudad de México y se sacan de la manga un “paseo cultural” sobre la vieja calzada de Altavista.
Paseo José Luis Cuevas, como si se tratara del Virrey de Bucareli o la nocturna caminata de Las Cadenas o el boulevard de la Emperatriz trazado por Monsieur Rolland en 1870 y tantos.
Aquí no se trata de calificar los méritos artísticos o sociales del señor José Luis Cuevas (para eso deberían consultar a Raquel Tibol) para merecer el arduo privilegio de la eponimia pues sobrados los debe tener. Si no es una gloria nacional por lo menos podría nombrar a una glorieta.
No se trata de eso.
Tampoco de decir si en la decisión del gobierno influyó el comportamiento del artista durante el plantón de AMLO en el Zócalo y su inclusión en el catálogo efímero de los pendones colocados en la fachada del “ayuntamiento” en el plantón del 2006 ni si se le paga ahora algún favor por haber prestado “su” museo en el viejo convento de Santa Inés para la boda de Marcelo Ebrard cuando el actual jefe de gobierno oscilaba entre los azahares nupciales y la protesta del voto por voto y era a la vez activista y jefe de gobierno electo. No.
“Desde el pasado 16 de julio, el Gobierno del Distrito Federal autorizó la colocación de cinco pendones en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, que supuestamente eran parte de una manifestación artística que exige el recuento voto por voto de la elección presidencial. Por ello, el jefe de Gobierno fue denunciado ante la PGJDF y la Fepade por “uso faccioso de recursos públicos”.
Lo importante es ver hasta dónde pueden llegar los caprichos de los administradores públicos siempre dispuestos a impulsar sus asuntos personales y cómo podemos los ciudadanos preservar la identidad de nuestros barrios, colonias y pueblos cuando los burócratas hacen y deshacen sin tomar en cuenta a nadie.
Si se alude al mérito (artístico, supongo) de Cuevas para ponerle su nombre a una calle, pues vayan y háganlo—previa consulta– en su lugar de nacimiento. Allá en la calle del Triunfo.
Pero en San Ángel, si se tratara de méritos derivados de la obra; no de la maniobra, casi en la esquina de Santísimo y Altavista vivía uno de los más grandes pintores mexicanos del siglo XX, Rufino Tamayo. Y más arriba, están las casas de Diego Rivera y Frida Kahlo quienes con mucho superan en todo al maestro Cuevas.
Como ya sabemos de la subjetividad como indispensable circunstancia en la calificación del arte tasemos la importancia de cada uno de estos artistas (Rivera, Kahlo, Tamayo y Cuevas) por el valor de sus obras en el mercado. La señora Frida y Don Rufino dejan a José Luis en el mercado de las pulgas. De Rivera ni hablemos.
Y mientras el señor delegado juega a la culturita, el resto de Álvaro Obregón se cae a pedazos.
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Una vez más el gobierno de la República la emprende contra de quienes no piensan como él. Durante meses, debido a la publicación de los fenómenos de interminable violencia nacional, durante la “guerra justa” contra el narcotráfico y el delito, el periodismo fue señalado como el “engorda caldos” del crimen organizado.
Publicar una “narcomanta” en la primera plana era favorecer a los asesinos y traficantes, mientras los mensajes del gobierno pasaban por la facturación millonaria, según expresó en pública queja el jefe de las instituciones nacionales, el señor licenciado Felipe Calderón. Y los “tundemáquinas”, a aguantar.
Pero ahora la crítica quejosa llega más lejos.
El secretario de Gobernación la ha emprendido contra las Comisiones de Derechos Humanos a quienes les ha dicho calificativos fuertes, muy fuertes de los cuales ya verá pronto forma de matizar su censura.
“En una democracia la evidencia es un principio que garantiza la libertad y la integridad de todos; en una democracia, la evidencia es una constricción necesaria para que la autoridad justifique y argumente sobre todo aquellos actos que tienden a afectar la libertad de los gobernados.
“Hoy por hoy debemos buscar construir procesos de conocimiento que, basados en la evidencia, justifiquen los actos y los efectos de esos actos por parte de la autoridad; que expliquen y que puedan justificar socialmente sus contenidos, para poder justificar legalmente sus efectos.
“Esta es la difícil tarea que hoy nos congrega: Ni ser cómplices, ni encubridores de las anomalías que puedan existir dentro de las instituciones de seguridad, ni ser tontos útiles de una delincuencia a la que le sirve deslegitimar, perseguir, contener, condicionar, debilitar la acción de esa autoridad.
“En una democracia, tienen valores equivalentes y fundamentales la capacidad que debe tener el Estado para proteger a sus gentes y la obligación de ese Estado para proteger los derechos fundamentales de sus gentes”.
No se necesita ser demasiado listo para darse cuenta del alcance de estas descalificaciones institucionales al concepto mismo de los Derechos Humanos. Ya no es una insinuación; es una acusación.
Según esto la utilidad de estas comisiones no es para la sociedad sino para la delincuencia frente a la cual se deslegitima, persigue, contiene, condiciona y debilita a la autoridad.
Pero en el fondo hay una constante en el lenguaje del gobierno. Diluir el concepto mismo de Derechos Humanos.
Se ha querido olvidar cuál es el origen de esta forma de analizar las garantías: Las violaciones a los derechos fundamentales sólo pueden provenir de la autoridad. Cuando alguien vulnera por ejemplo el derecho a la vida, es un criminal; si quien mata es una autoridad, entonces el crimen se comete a través de una violación a los derechos humanos.
Los delincuentes no violan los derechos humanos. Infringen las leyes. Cuando el gobierno infringe las leyes, viola los derechos humanos, si se trata de casos en los cuales se comprometan derechos fundamentales.
Por eso en el discurso oficial reciente se insiste en acusar a los traficantes y sicarios de violar derechos humanos. Mentira.
Pareciera como si se tratara de retirar del catálogo jurídico este concepto y dejar a las comisiones de derechos Humanos sin materia, pues si se va a seguir hablando de conductas criminales “privadas” y no de abusos del poder, entonces las procuradurías se encargarán de todo y las incómodas comisiones de defensa ciudadana no tendrían razón de ser.
“Hoy el Estado en sí mismo va generando los mecanismos de autocontención que son necesarios -repito- bajo los ingredientes culturales, bajo las fórmulas legales, bajo los elementos místicos que deben orientar a las fuerzas de seguridad para que prevalezca el respeto a la ley”.
En estas condiciones valdría la pena hacer dos preguntas a la consideración del señor secretario de Gobernación: ¿los mecanismos de autocontención del Estado no se expresan institucionalmente mediante los órganos mismos del Estado, como la CNDH, por ejemplo?
Y segundo: ¿cuáles son los elementos místicos vigentes en las fuerzas de seguridad?
Porque místicos, místicos, pues San Juan de la Cruz o Santa Teresa, ¿no?
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En Tlaxcala el candidato (por segunda vez) Mariano González Zarur se ha comprometido públicamente con el respeto a la libre expresión. Firmó una carta con Fundalex, la organización promovida por Armando Prida.
“Mariano González Zarur, candidato a la gubernatura de Tlaxcala firmó esta mañana el Compromiso con la Libertad de Expresión promovido por la Fundalex, mediante el cual se comprometió a defender, promover y difundir este derecho fundamental si es favorecido con el voto de los ciudadanos, además de vigilar «que no se use la calumnia, la difamación y la mentira –comunes en la entidad–, porque son ilícitos de acuerdo con la ley».
A su vez, dice la información difundida ayer, el presidente de la Fundación para la Libertad de Expresión, Armando Prida Huerta, destacó la importancia de este ejercicio plural y democrático y el que González Zarur sea el primer militante del PRI que acepta un compromiso de este tipo.
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Como parte del proceso para anular desde ahora las elecciones donde se han detonado escándalos mediáticos y de espionaje (Veracruz, Oaxaca, Puebla, Sinaloa), el presidente del PRD, Jesús Ortega ha hecho este anuncio:
“…se analiza la posibilidad de solicitar un juicio político contra algunos presidentes de los Consejos Electorales locales, a fin de que no sean ellos quienes estén al frente de dichas instancias, pues “no son árbitros justos de una contienda electoral, sino que son parte del aparato de apoyo a los candidatos priistas”.
–¿Juicio político previo? Eso es propio de la inquisición. Te condeno por la herejía de poder comer una herejía.
