La medida generó controversia: mientras el oficialismo asegura que garantiza la supremacía de la Carta Magna, la oposición sostiene que amenaza la separación de poderes y advierte posibles abusos de poder
El Senado de la República emitió la declaratoria de aprobación de la reforma constitucional que impide las impugnaciones contra modificaciones o adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta decisión, avalada previamente por 23 congresos estatales, establece que no serán procedentes las controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad ni juicios de amparo ante reformas constitucionales, salvaguardando la supremacía constitucional.
La declaratoria fue formalizada por el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien instruyó a la Dirección Jurídica del Senado para solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el sobreseimiento de controversias y amparos que impugnen la reforma al Poder Judicial o cualquier enmienda futura derivada del poder reformador.
Durante la sesión, Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política, destacó el alcance histórico de esta reforma, calificándola como una de las más profundas en la historia del país. La votación de los congresos locales, que incluyó estados como Baja California, Guerrero, Morelos y Yucatán, permitió que el Senado aprobara el decreto de reforma al artículo 107 y el nuevo párrafo añadido al artículo 105 de la Constitución, mediante el cual se refuerza la “inimpugnabilidad” de las enmiendas constitucionales.
Reacciones divididas entre oficialismo y oposición
Este avance legislativo fue recibido con diversas reacciones entre los partidos. Legisladores del PRI, como Alejandro Moreno Cárdenas, manifestaron su desacuerdo, acusando que la mayoría parlamentaria liderada por Morena y sus aliados están erosionando el sistema judicial y la república. Desde su escaño, la senadora Claudia Edith Anaya Mota cuestionó la rapidez del proceso, que en menos de 20 horas fue aprobado en 23 congresos locales, criticando que algunos parlamentos ni siquiera discutieron el contenido a fondo.
Por su parte, legisladores de Morena, como Manuel Huerta Ladrón de Guevara, sostuvieron que el proceso respeta la soberanía popular y que la reforma fortalecerá la supremacía de la Constitución, protegiéndola de amparos y otras formas de litigio que, en su opinión, han sido usadas para debilitar reformas aprobadas por el Legislativo. En defensa de esta medida, la diputada Yommira Carrillo, también de Morena, recordó que en 2013, durante el mandato de Enrique Peña Nieto, se aprobó una reforma similar en la Ley de Amparo, limitando la posibilidad de interponer amparos contra reformas constitucionales.
Protestas y preocupación en algunos congresos locales
La aprobación también generó reacciones a nivel local. En el Congreso de Baja California Sur, por ejemplo, diputados opositores como Guadalupe Saldaña (PAN) y Fabrizio Del Castillo (PRI) calificaron la medida como un riesgo para el equilibrio de poderes, señalando que podría abrir la puerta al autoritarismo y restringir los derechos humanos. En contraste, diputados oficialistas pidieron tranquilidad y afirmaron que la medida no afectará los derechos de los trabajadores del Poder Judicial.
Camino hacia la publicación en el Diario Oficial
Con la aprobación en el Senado, el decreto será enviado al Diario Oficial de la Federación para su promulgación, momento a partir del cual entrará en vigor oficialmente. La Presidencia del Senado anunció que estará atenta a las resoluciones adicionales de otros congresos estatales que decidan sumarse al respaldo del proyecto.
Este cambio legal ha generado un intenso debate en torno a la función de la Constitución y la capacidad del Poder Judicial para intervenir en reformas constitucionales. Mientras algunos ven en esta medida una protección a la Carta Magna, otros la consideran un riesgo para la democracia y la división de poderes en México, dejando abierto un amplio debate sobre los alcances de esta reforma.